Arrancó la protesta de ATE en ministerios y edificios federales y el Gobierno dispuso una custodia especial

Bien temprano por la mañana, en el gremio público ATE se preparaban para una jornada de protesta con “ingresos masivos” en ministerios y dependencias estatales donde la administración de Javier Milei despidió a miles de trabajadores en los últimos días. En el sindicato contaron en total que a más de 11.000 personas la gestión libertaria no les renovó el contrato. El vocero Manuel Adorni oficializó al mediodía la cifra de 15.000.

En este marco, desde las 8.30, sindicalistas y trabajadores públicos iniciaron entradas escalonadas a los edificios federales, que reportaron un operativo de custodia especial. El plato fuerte fue en la Secretaría de Trabajo, donde se registró mayor concurrencia, tal como adelantó LA NACION, pero también hubo tensión en el Inadi.

En ese organismo contra la discriminación cerrado por Milei comenzaron las movilizaciones. Allí, un grupo de personas fue impedido de ingresar ya que había agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) detrás de los molinetes. “Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode”, cantaron.

Poco después, ante la llegada de un número mayor de personas, el clima se encendió y comenzaron los cruces con los agentes de la Policía dispuestos en el lugar, que tenían la orden expresa de impedir el arribo de las columnas, que buscaban irrumpir en el hall. Hubo tironeos e insultos.

La medida estaba pautada para repetirse cada media hora. El plan siguió con los echados del Centro Cultural Kirchner (CCK), que fue rebautizado por esta gestión, pero todavía no tiene nombre oficial y no atravesó el proceso legal para el cambio. Después, era el turno de los ministerios de Capital Humano y Salud, el Incaa, la Secretaría de Turismo y Deportes, el Cenard y el exministerio de Producción.

“El reclamo central es en la Secretaría de Trabajo. Estamos concentrando nosotros todo nuestro accionar en esa área y vamos a intentar el ingreso masivo”, indicó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, a LA NACION, cerca de las 8.

Más tarde, en LN+, cuando ya estaba en el exterior de la cartera que conduce Julio Cordero, acotó: “La Secretaría de Trabajo es uno de los organismos más atacados por esta decisión política del Gobierno, decisión política que le puede costar caro al Presidente y a sus funcionarios porque se están llevando adelante conductas contrarias a la Constitución Nacional, tipificadas en el Código Penal. El artículo 14 bis contempla la garantía de estabilidad en el empleo público, también hay pactos internacionales”.

Afuera de la secretaría, dependiente del Palacio de Hacienda, Aguiar montó un acto, y hasta llevó un micrófono y un parlante. Entre las banderas verdes de su gremio dijo que el discurso sobre los ñoquis que monta la administración mileísta “es una excusa” y aseguró que con Cordero el Gobierno “tercerizó el ajuste”, ya que “la motosierra la tiene Techint”. Es que el funcionario que reemplazo a Omar Yasín era abogado de esa compañía.

La jornada estaba para seguir en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el exárea de Agricultura Familiar y el Ministerio del Interior. La idea era que culminara a las 14, otra vez en el CCK.

Operativo especial

Ante este panorama, desde el Gobierno activaron un operativo especial, que incluyó un comando unificado. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, se dispuso una custodia especial en edificios federales, que montó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eso fue evidenciado desde las primeras horas del día por quienes se acercaban a las dependencias estatales.

“La regla es una sola: que no entren. Y ningún funcionario puede liberarla”, aclaró la funcionaria nacional, en diálogo con LA NACION. También advirtió que activaría denuncias contra quienes vulneraran los cordones policiales.

Asimismo, por instrucción de la funcionaria de Pro que se volcó a la administración mileísta en tándem con su par de la Ciudad, Waldo Wolff, se estableció un comando conjunto, ya que el cuidado en la calle le correspondía a la administración porteña. La operación la llevaron adelante los secretarios de Seguridad de la Nación y de la Capital.

Los cuatro objetivos que predominaron en la estrategia fueron la Secretaría de Trabajo, el Conicet, el Ministerio de Salud y el Indec.

Quejas por la presencia policial

Cuando empezó la medida de fuerza, Aguiar se quejó por la alta presencia de fuerzas de seguridad en los edificios públicos. “No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para reprimir”, marcó el sindicalista, que tildó la situación como “muy grave”.

En la misma línea se manifestaron en la cuenta oficial X desde la representación del gremio en territorio porteño. “Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupadas en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones, como combatir el narcotráfico”, expresaron desde la sede de ATE Capital.

También se expresó la diputada nacional izquierdista Myriam Bregman, quien en C5N contó que con su ladero Nicolás del Caño participarían de los ingresos masivos. “Cuando privatizaron el banco en el que trabajaba, pusieron al mando a un jefe policial, que con esos métodos controlaba el acceso del personal, dejando afuera a los despedidos. Hoy aparecen las dependencias del Estado con policías, gendarmes y prefectos. No se puede permitir”, sentenció.

Ante este medio, no obstante, Bullrich le restó importancia a esas críticas. “[Los agentes] tienen que proteger los edificios federales si ellos los quieren tomar, no tienen que hacer otra cosa. Hay gente especializada en seguridad del Estado. Todos los que tienen que estar trabajando contra el narcotráfico están. Los que tienen que cuidar al Estado para que estos señores que quieren adueñarse del Estado no se adueñen están. Que no se preocupen, sabemos muy bien cómo hacer el trabajo, en todos los planos”, enfatizó.

Mientras, el Gobierno dispuso en el Boletín Oficial de este miércoles que los contratos laborales de la administración pública nacional que vencían el 31 de marzo podrán ser renovados por tres meses más, hasta el 30 de junio de 2024, tal como lo había informado Adorni.

También se prorrogó un decreto que restringe la incorporación de nuevos trabajadores en la planta estatal, siempre bajo la idea de mantener el déficit fiscal cero, uno de los objetivos primordiales del Presidente.

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