Aumentan las protestas de agrupaciones sindicales y de izquierda contra las detenciones de manifestantes en Jujuy

La detención de 29 personas acusadas por la Justicia jujeña de haber protagonizado incidentes durante la votación de la reforma constitucional, presentada en junio por el gobernador Gerardo Morales, reavivó los reclamos de sindicatos y agrupaciones de izquierda en contra de supuestas arbitrariedades en los operativos policiales. Mientras que en la provincia del norte se llevan adelante más de una decena de cortes intermitentes sobre distintas rutas, en la ciudad de Buenos Aires hay concentraciones en la puerta de la Casa de Jujuy y se prepara una marcha para el próximo 20 de julio.

Las organizaciones nucleadas en el Movimiento Memoria, Verdad y Justicia marcharon este viernes por las calles del centro porteño, del Obelisco a la sede jujeña, ubicada sobre la avenida Santa Fe 967, en donde un grupo de manifestantes acampa desde hace un mes. Sucede que ahora, a la denuncia contra la reforma, se le sumó el reclamo por la liberación de las personas apresadas ayer, entre las que se encuentra un precandidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, el docente universitario Iván Blacutt.

“Hay pruebas contra él que ni siquiera están en el expediente, por eso están nuestros abogados pidiendo que lo dejen en libertad”, le dijo a LA NACION el exdiputado de izquierda Juan Carlos Giordano, quien definió lo ocurrido en Jujuy como una “caza de brujas” y subraya la existencia de una “doble vara” de parte de la Justicia. “Cuando le preguntan al fiscal [Diego] Funes qué pasa con los policías que le dispararon a los ojos a los manifestantes, él minimiza el hecho. Es todo un aparato del Estado en función de meter preso a quien sea que esté en la movilización”, añadió el dirigente de Izquierda Socialista.

Según informaron oficialmente desde la Justicia local, este jueves se detuvo a 20 personas por incidentes que se registraron en la localidad de Humahuaca, frente al Concejo Deliberante, y a nueve manifestantes más por lo sucedido a las puertas de la Legislatura, en San Salvador, aunque por ese hecho fueron identificadas un total de 24.

“Fueron al Concejo y privaron de la libertad a los concejales, no los dejaban salir. Agredieron al personal policial. Exigían que los concejales sacaran una ordenanza contra la reforma constitucional. Fueron citados y se los dejó detenidos”, explicó Funes ante este diario en referencia a lo sucedido en Humahuaca. Y especificó que se identificó a los manifestantes “por registros de cámaras de seguridad, de comercios y de los medios”.

Multisectorial

Este mediodía, en tanto, tuvo lugar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados convocada multisectorialmente para repudiar la “represión” y pedir la “inmediata liberación” de los detenidos en Jujuy. Con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto a la cabeza, en el encuentro aseguraron que en la provincia gobernada por Morales “la libertad y el derecho a la protesta está en peligro”.

Bajo la consigna “Basta de represión y detenciones en Jujuy”, otro de los principales protagonistas del encuentro fue el diputado y presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Yasky. Al tomar la palabra, el también referente de la CTA anunció una “jornada en apoyo al pueblo jujeño” para el próximo 20 de julio, una fecha que coincide con un nuevo aniversario de la denominada “Noche del apagón”, como se conoce a una serie de secuestros que tuvieron lugar en Jujuy durante la última dictadura.

“Hoy, en Jujuy, quienes llevan adelante las protestas lo único que piden es ser escuchados por las autoridades provinciales”, señaló, a su turno, Pietragalla. Y denunció “dos hechos que no se veían desde las épocas de la dictadura” y que calificó de “extrema gravedad”: el ingreso de un grupo de policías a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), mientras se desarrollaba una reunión del Consejo Superior de esa casa de altos estudios, y la detención de abogados que participaron de las protestas.

El funcionario hizo referencia explícita al caso de Alberto Nallar, un letrado detenido acusado de incentivar los cortes y de exhortar a “levantarse en contra del gobierno”. Así lo definió el procurador General de Fiscalía de la provincia, Sebastián Albesa, durante una entrevista con Radio con Vos. “Es en ese marco que se realizó la denuncia y en el día de ayer se lo imputó, y en este momento está con prisión domiciliaria”, precisó el funcionario, quien definió a Nallar como “un abogado que iba por diferentes puntos de los cortes, donde se estaban cometiendo delitos, instando a la gente a continuar con la comisión de los delitos”.

Sin embargo, Albesa negó que hayan existido allanamientos ilegales al mando de efectivos de civil, como se encargan de denunciar sectores de la oposición jujeña. “Eso es totalmente falso, porque todas órdenes de allanamiento se realizan, de acuerdo a lo que establece la Constitución, entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche”, aclaró el procurador.

En la provincia se mantienen 12 cortes de ruta activos, mayormente protagonizados por pueblos originarios. En el norte provincial, sobre la ruta 9, los piquetes están en Purmamarca, Tilcara, Uquía, Paraje San Roque (Humahuaca), Hornaditas, Iturbe, Abra Pampa y La Quiaca. Según pudo saber LA NACION, los manifestantes abren el paso vehicular cada dos o tres horas,

“Atropello a la autonomía universitaria”

En un hecho que despertó polémicas, un grupo de policías ingresó ayer a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), mientras se desarrollaba una reunión del Consejo Superior de esa casa de altos estudios. “Ingresaron cuatro policías. Imputé a la jefa por abuso de autoridad, no tenían ninguna orden”, dijo el fiscal Funes a LA NACION. El gobernador Morales repudió el hecho: “Ya pedí sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy”, indicó en su cuenta de la red social Twitter.

La irrupción policial en la universidad generó rechazos. El ministro de Educación, Jaime Perczyc, manifestó su “repudio más absoluto a la ilegalidad de la intromisión en la UNJU”. Y afirmó que “la Constitución nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente”.