Avión bajo sospecha: opositores piden investigar por presunto encubrimiento a Aníbal Fernández y Agustín Rossi

Diputados y dirigentes de la oposición pidieron a la Justicia que investigue por el presunto delito de encubrimiento al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al titular de la AFI, Agustín Rossi, a raíz del avión de Emtrasur con tripulantes iraníes y venezolanos retenido en Ezeiza. Los denunciantes señalaron que Fernández y Rossi intentaron “ocultar la verdadera dimensión de esta misión en nuestro país”, además de encubrir el desembarco “de un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds”.

La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena por los diputados Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Gerardo Milman (Pro), junto al consultor aeronáutico Franco Rinaldi y los abogados María Eugenia Talerico y Yamil Santoro como patrocinadores.

La denuncia parte de la constatación que el avión continúa siendo propiedad de Mahan Air, una firma iraní sancionada por los Estados Unidos, que la acusa junto a la compañía Qeshm Fars Air de traficar armamento, personas y equipos para la Fuerza Quds, señalada también por la Casa Blanca como “la rama clandestina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán” y, por tanto, como organización terrorista.

Sobre esos antecedentes, los denunciantes señalan que la presencia del avión de Emtrasur en la Argentina, dada la actividad denunciada de Hezbollah en la Triple Frontera, genera “sospechas fundadas que se trató de un viaje tendiente a dar soporte material o de otro tipo, a la organización terrorista Hezbollah por parte de fuerzas Quds e Irán”. Desde ese punto, casi todo el recorrido de la denuncia apunta a sostener la ligazón entre Hezbollah, organización considerada terrorista por la Argentina desde fines del gobierno de Cambiemos, y la Fuerza Quds, que no es considerada como terrorista por la Argentina, pero sí por los Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán tampoco figura entre las organizaciones consideradas como terroristas por parte del Estado argentino, ya que no está en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) elaborado por el Ministerio de Justicia.

“Ante estos sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque la paz y la seguridad de la región y de nuestro país, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández y el Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, han intentado desde un primer momento no sólo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco, en definitiva, de un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds”, señalan la denuncia, a la que accedió LA NACION.

La denuncia pone entonces la lupa en Ghoramreza Ghasemi, piloto del avión de Emtrasur y, como informó LA NACION hace una semana, administrador de la empresa Fars Air Qeshm, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Para los denunciantes, que Aníbal Fernández señalara que Ghasemi tiene un homónimo en la Fuerza Quds y que Rossi dedujera que los iraníes eran instructores de los venezolanos, configuraría una “violación de todos los acuerdos internacionales suscriptos por nuestro país en materia de cooperación y lucha contra el terrorismo internacional y su financiamiento así como del incumplimiento de sus deberes como Ministro de Seguridad y Jefe de la Inteligencia, respectivamente”.

“Nuestros funcionarios no sólo han observado en público un comportamiento tendiente a ocultar toda la operación que tiene vínculos con organizaciones terroristas globales, sino a uno de los miembros de la organización”, afirma los denunciantes, para especular: “No podemos descartar que hayan desoído toda la información de inteligencia que los ponía al tanto de esta situación y que han admitido con plena consciencia el ingreso y la salida del avión (incluso hay versiones sobre esfuerzos de integrantes de PSA para que las empresas carguen combustible al avión cuando se lo negaron) para que el mismo pueda abandonar nuestro país sin dejar mayores rastros de la misión”.

López Murphy, Milman y el resto de los denunciantes entienden que para Rossi y Aníbal Fernández se configura el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de seis meses a tres años para quien encubre un delito cometido por otro. Pena que puede agravarse si el delito encubierto es de gravedad, como el terrorismo.

Pero la denuncia apunta también contra la tripulación de la aeronave, sobre la que entienden que debe aplicarse el artículo 306 del Código Penal, que prevé una pena de cinco a quince años de prisión a quien recolecte o provea bienes o dinero para persona u organizaciones que persigan o cometan de delitos de terrorismo.

Por último, la presentación de los opositores apunta al avión retenido en Ezeiza, para que sea congelado como activo de una compañía incorporada en el RePET, si se comprueba el delito imputado a la tripulación venezolana e iraní.

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