La AFIP reclama que procesen a Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas

Transcurrido un año desde que fueron indagados todos los acusados en la trama de facturas truchas que benefició a Lázaro Báez en Bahía Blanca por cientos de millones de pesos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamó esta semana a la Justicia federal que avance hacia sus procesamientos y evite nuevas maniobras dilatorias. El expediente se inició en 2014 y se centra en la supuesta asociación ilícita tributaria integrada por Báez y otros empresarios.

La AFIP comunicó su posición en dos escritos que presentó ante el juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, mientras que en Buenos Aires se completa la transición de autoridades en la cúpula del organismo tributario y, en particular, en la Dirección General Impositiva (DGI), con potenciales efectos en tribunales.

El organismo planteó que ordenar otro peritaje contable, como solicitaron los abogados de dos acusados tras las elecciones presidenciales, solo busca retrasar aún más una investigación que lleva ya cinco años de instrucción. El análisis pedido, estimó, "no requiere del conocimiento de un experto en la materia contable, sino que se trata sin más de información que se encuentra incorporada al expediente en condiciones de ser valorada por VS para dictar auto de procesamiento".

La AFIP rechazó así los pedidos presentados por las defensas del empresario constructor José Antonio Ferreyra y del financista dueño de Crediba, Néstor Piñeiro, quienes pidieron nuevas medidas de prueba y su eventual sobreseimiento.

El juez López da Silva evaluará ahora si ordena el peritaje contable que también requirió el fiscal Antonio Castaño –lo que postergaría una definición procesal hasta bien entrado el año próximo– o si, por el contrario, define la situación de Báez y otros acusados por un perjuicio para el Estado de al menos $ 673 millones según cálculos oficiales de la AFIP.

El propio organismo afronta ahora una transición de final incierto con la asunción de Virginia García al frente de la DGI. Exconcuñada de Máximo Kirchner y exsenadora nacional por el Frente para la Victoria, en 2010 asumió al frente de la recién creada Dirección Regional Río Gallegos de la AFIP. Su inacción allí terminó con una denuncia penal radicada por el equipo de Alberto Abad por el avance "virtualmente nulo" de las inspecciones sobre Lázaro Báez, su familia y sus empresas.

Ese no es el único recambio funcional dentro de la AFIP que podría traer coletazos en Bahía Blanca. Según fuentes dentro del organismo en Buenos Aires, también asumiría otra mujer denunciada por Abad, Agostina Carla García, nuera del ex titular de la DGI durante la gestión de Ricardo Echegaray, Rubén Angel Toninelli, sospechados de brindar protección a Báez y a Cristóbal López, entre otros referentes del kirchnerismo.

Mientras los recambios toman forma en Buenos Aires, la pesquisa de Bahía Blanca ya pasó por las manos de cinco jueces de primera instancia. Iniciada en 2014, se centra en la supuesta asociación ilícita tributaria integrada por Báez y empresarios de esa ciudad en vinculación directa con la causa Vialidad, en la que desde Comodoro Py se investiga si Austral Construcciones y otras empresas de Báez fueron beneficiados de manera irregular con contratos de obra pública.

Esa supuesta asociación ilícita habría incluido como organizadores a Báez, a dos empresarios de Bahía Blanca, Silvio Luis Ficcadenti y José Antonio Ferreyra, y al contador Rogelio Chanquía, y como presuntos miembros a uno de los hijos de Báez, Martín, y a otros integrantes de las familias Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza.

Durante estos cinco años, la investigación arrastró múltiples traspiés, como el desplazamiento del primer juez subrogante que impulsó la pesquisa, Santiago Ulpiano Martínez, y del primer secretario instructor, Mario Fernández Moreno. En su reemplazo apareció el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien paralizó la instrucción durante más de seis meses de 2015, según reveló entonces LA NACION, hasta que también él debió dejar el expediente en manos de otros magistrados subrogantes que sí avanzaron con varias medidas.

El expediente también pasó por las manos de los fiscales Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, quienes con el paso del tiempo quedaron bajo la lupa. A principios de este mes, Cantaro quedó procesado, acusado de proteger a una banda de narcos en Bahía Blanca, y afrontará una nueva indagatoria en otro expediente en el que se investiga el narcotráfico.

Piden las defensas; rechaza la UIF

Tras las elecciones primarias de agosto, en tanto, irrumpió en el expediente un abogado de Buenos Aires, Adrián Rois, como defensor del titular de Crediba. Ayudante de cátedra del presidente Alberto Fernández en la Facultad de Derecho de la UBA, Rois negó a LA NACION un supuesto tráfico de influencias. Afirmó que la acusación contra su cliente era "absolutamente aberrante", estimó que la pesquisa podría revertirse en menos de seis meses y pidió su sobreseimiento con un escrito de 64 páginas.

Al igual que la AFIP, sin embargo, la unidad antilavado (UIF) rechazó el pedido de las defensas. "No puede sostenerse que los imputados resulten ajenos a las maniobras ilícitas ni que hayan sido engañados en su buena fe, desconociendo el origen de los fondos operados", argumentó, aunque estimó que el Banco Central debería evaluar si Crediba "realizaba operaciones de intermediación financiera por fuera de los controles".

Para la AFIP, eso tampoco sería necesario. Remarcó que el titular de Crediba admitió durante su indagatoria que sabía que estaba obligado a reportar las operaciones de lavado, pero que no lo hizo aun cuando eran inusuales para las prácticas del mercado, sabía que tenían a Báez como involucrado y todo el entramado ya había salido a la luz en 2014 en publicaciones de LA NACION.

"Para el dictado de auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita comprobar la existencia de un grado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado y a la participación culpable del indagado en aquel hecho", remarcó la letrada de la AFIP. "Extremos que se verifican en el presente caso", dijo.