Clases: la Ciudad rechazó los argumentos de la Casa Rosada ante la Corte

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires rechazó con sus propios números los argumentos de la Casa Rosada para mantener cerradas las escuelas al presentar ante la Corte Suprema de Justicia la contestación a una vista que le dio al alto tribunal y dijo que en el Gobierno nacional primó una falta de coordinación.

Ahora, resta que la Procuración General de la Nación entregue su dictamen y la Corte estaría en condiciones de resolver sobre el decreto presidencial que prohibió las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Dijo la Ciudad que en los informes que mandó la Nación no hay documentos del Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta. ”Esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado”, escribieron los abogados de la Ciudad.

Y recordaron que Trotta dijo en los medios que no se iban a cerrar los colegios y Alberto Fernández de todos modos dispuso el cese de la presencialidad en las aulas del AMBA.

La Ciudad dijo en su presentación ante la Corte, a la que accedió LA NACION, que los informes técnicos del gobierno nacional “se refieren a datos epidemiológicos que no son los de la ciudad de Buenos Aires”. Indicó que dan cifras a a nivel mundial, del país y del AMBA, “pero en ningún caso presenta información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta”.

“El registro de casos de Covid-19 en la ciudad se mantuvo en valores sensiblemente menores a los reportados durante el invierno durante todo el período en el que transcurrieron las actividades presenciales en las escuelas, aportando evidencia de que la actividad escolar per se no constituye riesgo intrínseco para el aumento de casos”, dice el escrito de la Procuración del Tesoro porteña.

Y para rechazar el argumento de que los contagios se dan en los transportes públicos, indicó que los boletos escolares vendidos en la ciudad cayeron en un 68% si se compara el mes de abril 2021 respecto de octubre 2019 (cuando había escolaridad habitual en todos los niveles, en un escenario prepandémico).

“Asimismo, allí se demostró que tomando la muestra del boleto estudiantil, el impacto de la educación es mucho menor respecto a la situación pre pandemia, dado que se estima que tres de cada cuatro familias que utilizaban transporte público modificaron su forma de viaje para evitar el transporte público”, dijo la Ciudad.

A estos números sumaron la idea de que la desigualdad educativa se acrecentó por la virtualidad en la pandemia. “Una de las certezas que hoy tenemos es que la desigualdad en materia educativa se profundizó y hoy las aulas son profundamente diversas. De allí que, en nuestra perspectiva, consideremos fundamental seguir trabajando con las escuelas abiertas”, dijo.

La Ciudad advirtió que en la pandemia aumentó la deserción escolar por lo que recomendó continuar con las escuelas abiertas. “En los últimos años se había bajado en 6 puntos el abandono en las escuelas secundarias estatales. Esto significa que hay 5600 chicos más en la escuela. Sin embargo, sólo durante el primer cuatrimestre del año pasado 6.500 chicos perdieron contacto con la escuela y 9.000 estudiantes de nivel secundario, que si bien se mantenían comunicados con sus escuelas no pudieron demostrar una continuidad pedagógica”, dijo.

Y concluyó que “la presencialidad es un factor decisivo en el desempeño académico de los estudiantes, que no puede ser reemplazada e incide en las probabilidades de repitencia y abandono, así como en la dimensión socio emocional de cada uno de ellos y con ello en su salud integral”.

Con argumentos jurídicos y pedagógicos, expresó que “en el marco de su autonomía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho”.

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