Colapsados, los tribunales tienen 2387 juicios pendientes

Los seis Tribunales Orales Federales (TOF) existentes en la Capital Federal están sumidos en una crisis de magnitud por los 2387 juicios que tienen pendientes de realización, luego de que los casos que deben juzgar crecieron un 338% en diez años.

Esto provoca que causas de corrupción que involucran a funcionarios de la década pasada o anteriores, como ocurrió anteayer con el caso de la cuenta en Suiza de Carlos Menem, prescriban o corran el riesgo de hacerlo, y que juicios de trascendencia institucional, como el proceso por la tragedia de Once, el proceso por las muertes tras la caída de Fernando de la Rúa o la causa por las irregularidades durante la investigación del ataque a la AMIA, no se realicen de inmediato por falta de tiempo, de jueces o de salas.

Esta situación además genera que presos por drogas o secuestros extorsivos, que llevan más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, deban ser excarcelados o permanezcan detenidos sin tener la certeza de un fallo, porque nunca les tocó el turno de ser juzgados.

A este escenario se suma el impacto de los juicios de lesa humanidad que están pendientes. Actualmente, se juzgan en Capital dos casos: uno por detenidos en la ESMA y otro por detenidos durante el Plan Cóndor. Acaban de terminar otro por casos de la ESMA, uno por la apropiación ilegítima de bebes y uno contra Luis Patti. Está previsto que el 13 de febrero de 2014 comience el juicio por las desapariciones en el Vesubio, con 204 víctimas y cinco acusados. Así se desprende de un relevamiento realizado por LA NACION entre 10 de los 17 jueces de la mayoría de los TOF y de informes de la Cámara de Casación Penal.

Los juicios largos -como éstos- demandan que a los tres jueces del tribunal oral se sume un cuarto para evitar suspensiones en caso de enfermedad, lo que desarma al resto de los tribunales orales federales y hace necesario convocar a jueces no federales, de los Tribunales Orales en lo Criminal. Ya existen, por ejemplo, dos TOF N° 5 y dos TOF N° 2, integrados por estos magistrados para hacer juicios pendientes.

En total, el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, integrará tribunales con jueces que no son los originales en 623 casos por las razones ya señaladas y por las recusaciones y excusaciones.

Esta situación de la sábana corta que no alcanza para cubrir todo y que a medida que se corre deja parte del problema al descubierto hizo que Hornos pidiera realizar un informe sobre la crisis, que tras ser aprobado por sus colegas fue elevado a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura.

El trabajo, firmado por el secretario del tribunal Javier Carbajo, busca alcanzar "soluciones de mediano y largo plazo", y evitar los "continuos parches" que se deben hacer para que los juicios no prescriban. A esta situación se suman dos agravantes: que entre los 18 jueces de los seis tribunales orales federales existentes hay uno que está con licencia prolongada por enfermedad y otro que se jubiló, con lo que hay dos vacantes.

El segundo problema deriva de la demora del Consejo de la Magistratura. En 2010 el Congreso aprobó una ley que crea dos nuevos tribunales orales federales en la Capital, pero el Consejo de la Magistratura aún tiene el concurso en trámite y todavía no hay una terna de candidatos.

El informe de la Cámara de Casación destaca que cada tribunal oral tiene por delante la realización de entre 271 y 509 juicios, corriendo contra el calendario para que los casos no prescriban por el paso del tiempo. Pero no son todos iguales: hay procesos que se pueden terminar en una semana o menos, mediante soluciones alternativas al juicio, como el juicio abreviado, donde el fiscal pacta la pena con el acusado, condicionado a la aprobación del tribunal, o la probation , que implica la suspensión del juicio a prueba a cambio de la realización de tareas comunitarias.

Pero hay otras causas que una sola, en sí misma, es un tremendo expediente que implica un juicio con 1500 testigos y mantiene ocupados los tribunales por años. Por ejemplo está previsto que se realice además el segundo juicio por los detenidos en el campo clandestino conocido como Vesubio y que se haga una megacausa contra el ex titular del PAMI Carlos Alderete, por al menos 16 casos de corrupción, muchos al borde de la prescripción.

Además llegó a juicio el caso de la tragedia del avión de Austral que se estrelló el 10 de octubre de 1997 en Fray Bentos, Uruguay, donde murieron 74 personas. Y los mismos jueces tienen por delante el juicio contra el sindicalista José Zanola, ex líder del gremio bancario por la mafia de los medicamentos, y un megaproceso por la titularidad de las tierras donde el Gobierno prometió construir el polo audiovisual, en la isla Demarchi.

El informe que Casación envió al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, señala también que hay problemas de falta de salas para hacer juicios. Por ejemplo, dos tribunales se disputaban la misma sala para hacer dos juicios por derechos humanos, y Hornos habilitó que el proceso se hiciera fuera de horario y los sábados. No fue necesario, los jueces se pusieron de acuerdo.

A estos problemas se suma el edilicio. Un informe de los arquitectos de la intendencia de la Cámara de Casación concluyó que no hay más espacio en Comodoro Py 2002 para acomodar tribunales, jueces, empleados y papeles.

Sigue la causa por el predio de la Rural

La investigación por la venta de los predios de la Sociedad Rural, de Palermo, sigue activa. La Cámara de Casación Penal rechazó un recurso del ex ministro de Economía Domingo Cavallo para que declarara prescripto el caso. También rechazó peticiones similares que hicieron Juan Ravagnan, Eduardo de Zavalía, Jorge Frost, Carlos Ratto, Juan Manuel Insúa, Raúl O. Angelini, Daniel Ivakhoff, Matías Lucas Ordoñez y Ricardo Isidoro Schapiro, acusados de malversación de caudales públicos. El fallo lleva la firma de los jueces Liliana E. Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Hernán Borinsky, para quienes no corresponde aceptar los planteos de prescripción, a pesar de que el caso lleva ya 17 años. La causa volverá al juzgado federal de Sergio Torres para que siga con la investigación. En cuanto al ex presidente Carlos Menem, investigado en esta causa, la apelación por la prescripción está en manos de la Corte.