Como espías: el kirchnerismo quiere investigar a jueces y fiscales en el Congreso

En medio de la crisis sanitaria por la falta de vacunas, la mayoría kirchnerista de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia emitió un dictamen en el que acusa al gobierno de Mauricio Macri de llevar a cabo “un plan sistemático de inteligencia ilegal” y propone crear una comisión legislativa para investigar a jueces y fiscales que habrían participado de la maniobra.

Los acusados por el oficialismo, aunque no aparecen sus nombres mencionados en el dictamen, son los mismos que Cristina Kirchner viene denunciando como parte de lo que denominó la “guerra judicial” (lawfare, en inglés) en su contra.

En ese sentido, y ante una oportuna pregunta de uno de los presentes en la conferencia de prensa, el presidente de la bicameral, el diputado ultrakirchnerista Leopoldo Moreau, señaló la participación del “puñado de magistrados que se refugian en Comodoro Py” en las tareas de espionaje ilegal.

También mencionó como objeto de la posible investigación al presidente la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y agregó que “no puede escapar la actuación de algunos fiscales, incluso el procurador interino” Eduardo Casal.

Tanto Casal como el fiscal Carlos Stornelli, entre otros, vienen siendo objeto de hostigamiento por parte de los legisladores kirchneristas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, quienes pretenden desplazar al jefe interino de los fiscales de su cargo para nombrar uno más aceptable para Cristina Kirchner.

Casal quedó al frente de la Procuración General desde que Alejandra Gils Carbó renunció al cargo y el pliego del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández, se mantiene cajoneado por el oficialismo. La Comisión de Acuerdos del Senado la preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, desde febrero del año pasado.

Bajo el título de “El Estado mafioso”, el dictamen sostiene que entre 2015 y 2019 fueron objeto de operaciones de espionaje ilegal unas 308 personas y más de 170 organizaciones políticas, sociales y sindicales.

El despacho está basado en el informe que, a fines del año pasado, emitió la comisión bicameral y fue presentado en conferencia de prensa por Moreau, la diputada Blanca Osuna y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate.

“La conclusión es contundente. Efectivamente, en el período 2015-2019 no solo se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”, sentenció Moreau.

Según Moreau, durante el gobierno de Macri “se montó un estado paralelo, clandestino, secreto” que, dijo, tuvo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) uno de sus pilares.

Agregó que también se desarrollaron tareas de espionaje en la AFIP, la UIF, en la Dirección de Migraciones y en el Servicio Penitenciario Federal.

El legislador señaló que todas estas áreas “reportaban en la cabeza de la Agencia Federal de Inteligencia, que era la que determinaba los blancos objetos de estas tareas”.

“Y a su vez, la AFI, a través de su titular, Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar a la mesa judicial el conjunto de estas informaciones”, agregó.

En línea con los que viene denunciando la vicepresidenta, Moreau dijo que la supuesta mesa judicial estaba “presidida por el presidente Macri”, se reunía con periodicidad y que en ella “se decidía el destino que iban a correr las personas y organizaciones que iban a ser espiadas”.

Si bien dijo que no iba a dar nombres de las personas que fueron víctimas del espionaje, mencionó a Cristina Kirchner como una de las espiadas de manera ilegal.

También fue selectivo a la hora de nombrar, ante otra oportuna consulta, a los periodistas del diario LA NACION Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon como objetivos de las maniobras.

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