Cómo fue la compra del edificio para la Procuración que complica a Alejandra Gils Carbó

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se encuentra investigada por la compra de un edificio realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época. La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano es quien tiene delegada la investigación

La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 -donde funciona una de las cuatro sedes de la Procuración- estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.

Cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo, la procuradora anuló una licitación previa y llamó a una nueva para comprar un edificio.

El inmueble de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato, el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba a buen precio, porque es un edificio histórico protegido que no se puede modificar. Se pagaron 43,8 millones de pesos.

En abril último, el fiscal Taiano pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) hiciera la trazabilidad de ese dinero y del que se pagó en comisiones.

Ese mes, Ercolini, a pedido del fiscal Taiano, allanó el edificio para buscar en las oficinas de la Procelac -que es la procuraduría a cargo de los delitos económicos-, los registros informáticos que hubiera realizado Guillermo Bellingi, el número dos del área de contrataciones, sospechoso ligado a la operación inmobiliaria.

Gils Carbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el Congreso.

En la causa, Gils Carbó defendió la compra, pero admitió que podría haberse registrado un posible "uso indebido de información privilegiada", motivo por el cual se inició una investigación administrativa que llevó a suspender a un funcionario de la Procuración de su confianza.