Compras en pandemia: el ranking de acceso a la información pública entre las provincias argentinas

En promedio, el 92% de las compras públicas realizadas durante la pandemia se realizaron bajo el mecanismo de compra directa amparadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que al inicio de la pandemia firmó el presidente Alberto Fernández y que estableció la emergencia sanitaria por Covid-19. Así surge del relevamiento realizado por la red Ruido, entre 13 provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de los datos se estableció un ranking que califica a las provincias en función del accesibilidad a los datos públicos.

Una de las medidas del estado de emergencia, habilita a que el gobierno pueda generar un sistema de compras públicas que pueda dar respuestas a las necesidades de la pandemia de forma rápida y efectiva. Algunas lo adaptaron para todas las compras en tanto otras mantuvieron un margen para realizar licitaciones públicas. En el ranking establecido por Ruido, a partir del relevamiento de compras, la ciudad de Buenos Aires aparece como el distrito de menor porcentaje de compras directas con el 79,5% mientras que otros como Salta, Tierra del Fuego o Santa Cruz alcanzan el 100%.

“Sin desatender la importancia de la agilidad necesaria para encarar múltiples urgencias, el análisis del funcionamiento del nuevo sistema, muestra preocupantes márgenes de discrecionalidad y bajas exigencias de transparencia y rendición de cuentas”, señala Poder Ciudadano, la ONG que lidera el trabajo por la transparencia en el manejo de la cosa pública.

La ONG creó el Observatorio de Compras Covid19, que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía, en un único espacio y en un formato accesible, información pública sobre las contrataciones realizadas por los organismos nacionales durante la emergencia sanitaria, con la finalidad de ejercer un control social efectivo de cada una de ellas y velar de esta manera por la integridad de los fondos públicos afectados, con foco en el refuerzo del acceso, la publicidad e integridad del sistema de compras.

Mientras algunos distritos tienen la información accesible y on line otros no la publican y ni siquiera cuentan con leyes de acceso a la información pública. Mientras las provincias de Formosa, Tucumán y Santiago del Estero no brindaron ningún detalle de las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, otros distritos tuvieron la información más accesible: la Nacion, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.

Otras provincias como Santa Cruz, que cuenta con una historia de poca transparencia en las cuentas públicas - en los años ’90 el gobernador Néstor Kirchner dispuso de US$ 1200 millones de regalías petroleras depositados en el exterior sin informar durante años el derrotero ni la rendición de los mismos. Recién en 2003 se presentó información recortada y escueta de los US$ 525 millones que restaban, a partir de un pedido de ley de Acceso a la Información pública desde el 2017 y que fue vital para obtener, aunque incompleta, información del gasto público durante la pandemia.

“De todas maneras, aun en los casos con mejores registros, acceder a saber cuánto se pagó por un barbijo o por una ambulancia es una tarea engorrosa, confusa, que requiere tiempo y determinadas habilidades que sólo consiguen quienes están muy familiarizados con estas búsquedas”, apuntan en la investigación realizada por Ruido, una red federal de periodistas, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que investigaron como fueron las compras públicas a partir de del análisis de datos oficiales en portales públicos y en pedidos de acceso a la información pública presentados en todo el país.

Para el presente trabajo se estableció un “índice de accesibilidad a la información”, la clasificación se basa en la dificultad para acceder a los datos y en el grado de confusión de la información obtenida. Los valores definidos fueron establecidos en 4 niveles entre la peor y la mejor performance de las diferentes provincias.

La peor (nivel 4) fue aquella en la que no hay disponibles montos relevados ni datos públicos, aun a pesar de los pedidos de acceso a la información realizados por Ruido. La mejor performance (nivel 1) fue aquella en la que había abundancia de datos disponibles para acceso público, fue posible contar con una clara y detallada desagregación de los datos y había disponibles descripciones de las definiciones o clasificaciones empleadas para buscarlos.

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