Con críticas a la Ley de Salud Mental, Jorge Macri presentó un protocolo para la Ciudad y Nicolás Kreplak lo cruzó

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó un nuevo protocolo de salud mental que se implementará con personas en situación de calle o de consumo problemático de sustancias y aseguró que la Ley 26.657, que rige a nivel nacional, “no sirve”. La crítica a la normativa generó la respuesta del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien cuestionó que el programa porteño se circunscriba únicamente a ese sector de la población y aseguró que lo que pretende llevar adelante es en sí misma “la Ley de Salud Mental”.

“Está clarísimo que la Ley de Salud Mental no sirve. Cómo es una ley nacional no podemos cambiarla desde la Legislatura, pero podemos trabajar para mitigar sus efectos negativos, por eso desarrollamos y estamos implementando un protocolo específico”, relató el funcionario en el video con el que difundió la iniciativa.

Ante el mensaje, el titular del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lo contradijo y señaló que la idea que puso en marcha Macri “es justamente la Ley de Salud Mental”, aunque marcó una diferencia y destacó que la norma en cuestión se aplica “no solo para la gente en situación de calle, sino para todas las personas que atraviesan un padecimiento”. Además, la Ley obliga a erradicar los manicomios y generar nuevas formas de atención. En PBA ayer [por el miércoles] cerramos el primero”, resaltó.

En particular, los cuestionamientos del titular de la administración porteña se focalizan en el artículo 20 de la norma, que establece que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero”.

En la grabación, Macri cuenta los alcances de lo que define como una nueva propuesta -que apunta a “fortalecer los canales de atención y coordinación entre las áreas necesarias para abordar las problemáticas y garantizar un acceso efectivo prioritario a los dispositivos de atención”- y señala que “el protocolo establece quienes y cómo deben actuar y permite identificar a una persona para saber si la está buscando alguien de su familia o no”.

“La Dirección Integral de Atención Inmediata o la policía se acercan para determinar si es necesaria la derivación al Hospital General de Agudos. A partir de ahí, un equipo interdisciplinario de salud mental hace una evaluación más profunda, informa sobre el tratamiento y las consecuencias de no hacerlo. Si consideran que el paciente presenta un riesgo para sí o para terceros se lo interna aunque sea que no preste consentimiento. Si no presenta riesgo y no es necesaria la internación de le da seguimiento profesional, algo que antes no sucedía”, asegura.

En esa línea, el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta insistió en sus críticas y remarcó que “el artículo 20 de la Ley de Salud Mental nacional no funciona” ya que “la lógica de pensar que una persona con adicción va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede”. “Todos coincidimos en que este es solo un capítulo en el que estamos abordando una de las problemáticas que causa la ley nacional”, reiteró.

El Gobierno porteño sostiene que, a fin de llevar a la práctica el protocolo, “hará uso de los recursos de los que dispone para evaluar cada caso, identificar la gravedad del trastorno que sufre la persona, su vulnerabilidad y el riesgo que pudiera significar tanto para sí mismo como para otros y garantizar el acceso prioritario de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a los programas de las reparticiones con competencia en materia de salud mental o consumo problemáticos de sustancias psicoactivas”.

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