Corrupción: reemplazaron al intendente kirchnerista acusado por el robo de un gasoducto en Salta

SALTA.- El intendente kirchnerista Jorge Prado no llegó a cumplir su primer año de mandato al frente de la municipalidad de la localidad fronteriza de Aguaray y ya fue reemplazado: el gobernador Gustavo Sáenz designó hoy como interventor del municipio del norte salteño a un funcionario propio, Adrián Zigarán.

Zigarán, un dirigente del PJ que hasta la semana pasada se desempeñaba como secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Gobierno provincial, fue quien en diciembre, durante un viaje al norte provincial, sacó la fotografía de un camión cargado de caños, que luego dio pie a la investigación judicial contra Prado y un grupo de empresarios por la venta fraudulenta de elementos pertenecientes al Gasoducto del Noreste.

El exintendente Prado, del Partido de la Victoria, había sido desplazado el jueves, luego de que el Senado de la provincia aprobó la intervención de la ciudad por pruebas contundentes de corrupción reunidas en un expediente federal. Zigarán tendrá mandato hasta las elecciones de 2021.

"Ya me comuniqué con Prado, al principio no fue una charla agradable porque fui quién sacó la foto del robo de los caños. Es una situación incomoda", le dijo Zigarán hoy a CNN Salta, para aclarar que "Prado se puso a disposición".

El vicegobernador y presidente de la Cámara alta salteña, Antonio Marocco, dijo a LA NACIÓN que "el intendente Prado se vio involucrado en una situación que ronda lo delictivo".

Explicó que por ello, al observar lo que pasaba en la comunidad y contar "con elementos muy contundentes que conocerán la luz pública en un plazo no muy lejano, el Senado decidió acompañar en forma unánime la decisión de intervenir Aguaray".

Lo que más nos preocupaba era que no había paz social en ese sentido, el oficialismo y la oposición coincidieron en restituir la confianza en las instituciones

El intendente Prado está acusado de facilitar el robo de material pagado por el Estado nacional para la construcción de una megaobra inconclusa, conocida como Gasoducto del Noreste. Inicialmente, este proyecto preveía importar gas desde Bolivia para abastecer a varias provincias argentinas, como Chaco, Santa Fe, Misiones y Formosa, entre otras.

Obra inconclusa

Según información oficial, el proyecto –gestado en 2007– "contempló originalmente una inversión de 2375 millones de dólares para construir 4144 kilómetros de gasoducto (el troncal, de 1468 kilómetros, y el resto para conectar 168 localidades, con una capacidad de transporte de 11,2 millones de m³/día adicionales, destinados al consumo residencial e industrial". La obra quedó completamente paralizada en 2015. Recientemente, el gobierno nacional informó a través de la firma Integración Energética Argentina SA (Ieasa) que evalúan retomar la construcción. Se requerirían, para finalizar el trazado, aproximadamente 150 millones de dólares.

Tal como se desprende de la acusación contra Prado efectuada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), fue el exintendente "quien posibilitó la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados". El titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, informó que "Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero".

Pese a que la intervención se oficializó esta semana, hace tiempo que el intendente kirchnerista tenía las manos virtualmente atadas. Tal como pudo saber LA NACION, a través de consultas con diferentes fuentes políticas, en Aguaray los concejales habían tomado una posición irreductible: todos los proyectos o propuestas de Prado eran revisadas con minuciosidad. Así, recientemente, se frenó una entrega de tierras para la construcción de una supuesta clínica.

La posibilidad de intervención provocó que los concejales se fueran separando del jefe comunal y tejieran nuevas alianzas. De todas formas, un alto funcionario provincial confirmó que la intervención será dirigida por un equipo interdisciplinario que realizará los controles correspondientes.

La investigación federal contra Prado, uno de sus laderos políticos y diferentes empresarios, comenzó con denuncias de ciudadanos y empleados de Ieasa, que advirtieron la sustracción del material. Hay, por el momento, diez imputados y se recuperaron 260 caños.

Otros acusados

Se trata de tres hechos delictivos diferentes. El 28 de julio pasado, según información del MPF, fue acusado "el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en Quilmes, por robo agravado y fraude a la administración pública. Al menos 52 caños del gasoducto fueron secuestrados de su empresa.

También quedaron imputados Christian Marcelo Buczeck, encargado de Vera SA; Andrés Ayala, gerente de Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, exWeatherFor. Están acusados de sustraer 170 caños en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de General Mosconi. En un tercer hecho se imputó a Miguel Ángel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez –vinculado a Prado– por robo calificado.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que la Gendarmería secuestró documentación tras una denuncia de la propia empresa constructora del gasoducto. Los conductores de los camiones que trasladaban los bienes estatales sustraídos fueron testigos que declararon contra la red que ejecutaba el fraude.

Al conocer la intervención del municipio, Prado comunicó que "no están dadas las condiciones jurídicas ni legales para tomar esta medida y sin pruebas".