Cruces y dudas por el convenio tributario con Luxemburgo que Milei envió al Congreso

La decisión del presidente Javier Milei de pedirle al Congreso que ratifique el convenio para evitar la doble imposición tributaria con el Gran Ducado de Luxemburgo podría atraer inversiones extranjeras, aunque también podría reducir la carga fiscal que afrontan en la Argentina algunas grandes compañías y empresarios, según coinciden los expertos.

Milei remitió al Congreso el convenio con Luxemburgo para que los legisladores lo traten durante el período de sesiones extraordinarias junto a otros cuatro acuerdos con China, Japón, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que fueron suscriptos por la presidencia de Mauricio Macri y que se encuentran pendientes de aprobación legislativa desde hace años.

El nuevo impulso que le dio Milei a esos convenios generó suspicacias en Unión por la Patria y algunos expertos, que consideran que podrían reportarle beneficios especiales a determinadas empresas o empresarios en momentos en que la Argentina afronta una severa crisis, requiere reducir el gasto público y aumentar sus ingresos fiscales.

Guillermo Michel, otrora alfil de Ricardo Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Sergio Massa desde la Aduana, planteó que avanzar con esos convenios significaría “un retroceso en materia de política tributaria y una resignación de potestades por parte de nuestro país” y criticó, en particular, el acuerdo con Luxemburgo. Sostuvo que se trata de un convenio “hecho a medida” de Techint., a la que evitó, sin embargo, citar por su nombre.

Michel también criticó el convenio con Japón: “La Argentina no podrá gravar, ni siquiera con un 10 por ciento, las regalías por asistencia técnica que se paguen a empresas de Japón. Esto beneficia de manera sustancial a la principal automotriz japonesa radicada en nuestro país”, sostuvo en alusión tácita a Toyota.

Otros expertos disienten, sin embargo. Entre ellos, el socio especialista en Derecho Tributario Internacional de la firma Lisicki, Litvin & Asociados, Alfredo Martínez. “Suscribir un acuerdo para evitar la doble imposición con Luxemburgo es una excelente decisión para cualquier país porque esa jurisdicción se ha convertido en uno de los principales centros financieros del mundo”, destacó. “En un esquema de apertura económica como el que inició el Gobierno, resulta lógico que pretenda que ese y otros acuerdos entren en vigencia y faciliten las inversiones”.

Para Martínez, el acuerdo con Luxemburgo dista de ser un “traje a medida” de alguna empresa o empresario. “Se firmó siguiendo las previsiones del modelo OCDE para evitar la doble imposición, que ha servido de base para la suscripción de miles de acuerdos similares entre países miembros de la OCDE o entre ellos y otros países, e inclusive entre países que no integran la OCDE, así que este acuerdo no tiene ninguna configuración personalizada para algún tipo particular de inversionista con nombre y apellido, local o extranjero”.

Tanto Martínez como Roberto Harteneck, socio fundador de la consultora tributaria Harteneck-Quian y Asociados, consideran que algunas empresas o contribuyentes podrían resultar beneficiados si el Congreso convalida esos convenios, pero que la decisión de impulsar los acuerdos responde al deseo y la necesidad de atraer capitales a la Argentina. “En Luxemburgo hay muchísimo dinero depositado que puede o podría venir al país y estas iniciativas buscan fomentar esas inversiones, sean directas o indirectas”, estimó Harteneck.

Esas inversiones podrían provenir, incluso, de argentinos que tienen activos en Luxemburgo. Según datos del centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cerca de 200 argentinos figuran o figuraron hasta 2020 como beneficiarios finales de sociedades con domicilio en ese ducado. Entre ellos, el holding Techint, que fijó allí San Faustin SA, controlante de Techint Holdings SARL, también luxemburguesa, que a su vez controla al resto de las sociedades del grupo.

Consultadas por LA NACION, fuentes del grupo Techint afirmaron que se enteraron de la iniciativa de Milei “por los diarios” y negaron que, de aprobarse, el convenio le reporte algún beneficio tributario al holding o a sus accionistas: “La entrada en vigencia del tratado no va implicar una merma en la recaudación impositiva de la Argentina sobre el Grupo Techint”.

El caso de Eurnekian

Otrora jefe de Milei, Eduardo Eurnekian también figura en Luxemburgo al frente de una sociedad de responsabilidad limitada, Corporación América International SARL, de la que dependen todos los aeropuertos del grupo en América Latina y otros países, como Armenia.

“Esa sociedad se montó expresamente para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York con un conglomerado que abarcara todas las compañías del holding, porque de otro modo nos hubiera resultado imposible”, indicaron desde el grupo a LA NACION. “Pero todo lo que se tiene que tributar en la Argentina, se tributa en la Argentina”.

El apellido Eurnekian aparece también en otra firma, A.C.I. Capital SARL, a través de Hugo, un sobrino de Eduardo. “Se trata de una sociedad holding de participación en negocios del área de Energía”, precisaron los voceros consultados, que insistieron que la aprobación del convenio con Luxemburgo no conllevaría un alivio tributario para los Eurnekián, ni una pérdida “en principio”, para el fisco argentino. “De aprobarse el tratado, en principio no anticipamos impacto tributario”, sostuvieron.

En ese mismo entramado luxemburgués aparece otra sociedad casi homónima, A.C.I. Mining SRL, en la que se destaca el otrora presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez Conte. “La sociedad está declarada ante el fisco argentino, pero déjeme decirle que resulta injusto que debamos tributar en dos países por lo mismo”, dijo Gutiérrez Conte a LA NACION, “aunque también resulta injusto si su aprobación lleva a que algunos terminen pagando impuestos en el país donde la tasa sea la más baja”.

Por su parte, el presidente de Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, Alejandro MacFarlane, figura como uno de los beneficiarios finales de la sociedad comandita por acciones PaG Partners SCSP. Consultado por LA NACION, replicó que él tributa en la Argentina y que invirtió US$2 millones a través de esa sociedad para montar un hotel en una propiedad de 1850 en Lisboa que lleva cinco años sin concretarse. “Pero la sociedad no tiene actividad en la Argentina”, precisó.

Juan Carlos y Sebastián Bagó, dueños del laboratorio homónimo, afrontan un panorama similar. Controlan JUMI SA de manera indirecta, que cuelga desde Luxemburgo de otra sociedad radicada en España, que está declarada ante el fisco argentino. “El convenio con Luxemburgo -indicó un vocero de los Bagó- no generaría ningún beneficio a la familia por no tener participación directa”.

Gianfranco Macri, en tanto, recurrió a la sociedad luxemburguesa Lares Corporation SPF para controlar una estructura de cinco empresas que participó en el negocio de los parques eólicos durante la presidencia de su hermano, un negocio que generó ganancias por US$69,2 millones en 2017. “Lares Corporation es una empresa que está declarada desde el primer momento ante la AFIP. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión compartido en el que no sólo Gianfranco invirtió”, afirmaron desde Socma, donde precisaron que recurrieron a esa sociedad “no por una cuestión fiscal, sino por temas comerciales. La estructura de Lares nos daba flexibilidad para buscar financiamiento en el exterior y nos permitía salir del negocio en cualquier momento”.

Distintos son los casos de Adrián, Roberto y Adriana Urquía, dueños de Aceitera General Deheza, una de las principales empresas agroindustriales del país. Recurrieron a la firma Wiesengrund SARL con domicilio en Luxemburgo, para controlar un campo ubicado en el sur de Córdoba. Consultados por LA NACION, indicaron que la sociedad ya no está radicada en el ducado europeo, que está declarada ante la AFIP y que tributa en el país.

Héctor, Santiago y María Marta Poli, accionistas de la compañía Pluspetrol y controlantes de las sociedades luxemburguesas Barrel Assets SARL, Caribeau Capital SARL y Overwin SARL, respectivamente, confirmaron a LA NACION que esas sociedades les pertenecían, “pero se desarmaron en mayo de este año”. Y relataron: “Por decisión familiar, nos abrimos de la empresa y de las operaciones”.

También Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, controló HALVA SARL en el Ducado, aunque la cerró hace cuatro años, sin activos, ni actividad. “Obviamente que antes de ser liquidada estaba declarada ante la AFIP”, indicó una vocera, “por lo que esta iniciativa [por el convenio con Luxemburgo para evitar la doble imposición tributaria] no tiene ningún impacto en la tributación de Marcelo”.

El nombre de quien fuera el rostro más visible del Banco Galicia durante años, Eduardo Escasany, aparece vinculado a la firma Cycle SCA, pero en realidad no es él, sino un pariente homónimo. “Su hijo hizo un compromiso de inversión financiera en otros fondos a través de esa sociedad. Hizo el aporte, no se desarrolló la inversión y le devolvieron el capital”, indicó un vocero de la familia. “Hoy ya no está presente”, abundó.

El listado de argentinos que tienen o tuvieron compañías o activos en Luxemburgo es extenso. También incluye, por ejemplo, a Saúl Daniel Sutton Dabbah, del Grupo Alvear –controlante del edificio de las Galerías Pacífico y los hoteles Llao Llao y Alvear, entre otros activos-, quien aparece como beneficiario de Mishte Friends SA en Luxemburgo. LA NACION contactó a Sutton Dabbah, que a través de un vocero sostuvo que esa sociedad está declarada ante el fisco argentino, para luego añadir que “salvo que haya convenio de doble imposición -que hasta ahora ahora no la hay-, seguirá pagando por ese bien como hasta ahora”.

Destinados a evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y facilitar la prevención de la evasión y la elusión fiscal, los convenios firmados con Luxemburgo, Japón, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos dependerán de la aprobación del Congreso para su entrada en vigencia. Otros, como los firmados con Austria y Francia en diciembre de 2019, todavía no fueron remitidos.