Cuestionan por "tardía" la expulsión de TBA

La rescisión de la concesión de TBA en las líneas Sarmiento y Mitre recibió ayer duras críticas del gobierno porteño, del jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de otros opositores.

El quite de la concesión fue formalizado mediante el decreto 793, incluido en la edición digital del Boletín Oficial, en una medida excepcional a raíz de que los días feriados no suele editarse ese órgano.

Las críticas por la decisión del Gobierno, a tres meses del accidente ferroviario de Once, en el que murieron 51 personas, arrancaron temprano. Durante la celebración del 25 de Mayo, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dijo: "Se hizo tarde porque lamentablemente tuvo que ocurrir una tragedia para que se tomara esta decisión, y mal porque el ministro Julio De Vido no explicó cuáles son las inversiones que, tanto las empresas como el gobierno nacional, van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir".

En ese sentido, destacó que por esa razón, en la negociación con el gobierno nacional por el traspaso del subte, la Ciudad mantiene el reclamo respecto de "las inversiones que hay que hacer en materia de seguridad para que la gente viaje tranquila".

Además, cuestionó que se le hubiera dado la concesión a una empresa, Metrovías, a la que la semana pasada el mismo gobierno nacional había denunciado.

Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, señaló: "Aunque tarde y largamente postergada es una medida que, por lo menos, nos saca de la alarma que se generaba de continuar manteniendo indefinida esta situación. Es positivo que se haya llegado a esa decisión".

Despouy señaló que las empresas reciben subsidios y no rinden cuentas. "No puede ser que el Estado se desentienda de la forma en que los subsidios son aplicados porque, realmente, se genera de esa manera una especie de cultura del incumplimiento", advirtió. La AGN ya había señalado que la concesión estaba cumpliéndose en forma muy deficiente, como recordó Despouy.

"Complicidad criminal"

En un duro comunicado, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, señaló: "La absoluta y total falta de control por parte del Estado, que se replica en casi todas las áreas que se analicen, no puede obedecer sólo a una incapacidad grotesca de los funcionarios. Se trata de una matriz de corrupción generalizada, una complicidad criminal entre funcionarios y empresarios que termina sesgando vidas humanas".

Por su parte, la diputada nacional Graciela Ocaña (Udeso) sostuvo que el problema del transporte en el país se debe resolver "más allá de los partidismos y pensando en una política de Estado".

El representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, calificó la rescisión del contrato a TBA como "largamente esperada por los usuarios, que sufrieron todo tipo de vejaciones por parte de una empresa absolutamente irresponsable".