La jueza María Servini desestimó una denuncia contra la Corte Suprema por haber dejado firme la condena de Amado Boudou

La jueza María Servini rechazó la denuncia efectuada contra toda la Corte Suprema de Justicia por haber confirmado la condena contra Amado Boudou sin exponer argumentos, sino basándose en la prerrogativa que le otorga el artículo 280 del Código Civil y del Código Procesal Civil y Comercial de rechazar un recurso sin mayores explicaciones. En general se trata de casos donde no hay una cuestión federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas son insustanciales o intrascendentes.

El fallo de Servini se conoció horas después de que el presidente Alberto Fernández volviera a criticar a la Corte, en especial por la manera en que confirmó la condena a 5 años y diez meses de prisión contra Boudou por el caso Ciccone. "Hay un problema de inicio de origen en el funcionamiento de la Corte que es el alcance del recurso extraordinario. Por ejemplo, en el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 26.000 fallos, pero solo 300 tenían fundamentos. Usaron ese recurso del artículo 280 para no revisar una causa que involucra a un exvicepresidente y habilitan un recurso extraordinario por dos jueces trasladados y lo transforman en una cuestión institucional gravísima", dijo Fernández.

Un abogado, Tomás Pérez Bodria presentó una denuncia contra los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quienes acusó de haber "abusado de su autoridad", al rechazar sin exponer argumento alguno los recursos de Boudou. El abogado, que además es exconcejal de Pilar e integrante de la conducción nacional del movimiento político sindical Primero la Patria, acusó a los miembros de la Corte de ser los "garantes" de la continuidad del "lawfare" –guerra jurídica-. "La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene una enorme responsabilidad en que ese mecanismo siga vigente", sostuvo Pérez Bodria, parafraseando a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La denuncia contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por "abuso de autoridad" y "prevaricato" fue rechazada por la jueza Servini.

El fiscal Eduardo Taiano, que tenía delegada la causa, dijo el 28 de diciembre último que correspondía desestimar el caso porque el denunciante pone en tela de juicio el desempeño de los jueces de la Corte, "pretendiendo una evaluación de su desempeño en las distintas causas en las cuales debió resolver, intentando encuadrar con tal argumentación las decisiones tomadas dentro de una figura penal".

"Tal razonamiento resulta ser ajeno a esta instancia penal -dijo el fiscal-. El derecho penal no debe ser utilizado como prima o única ratio para la solución de los problemas sociales, que muchas veces son perfectamente filtrables por otras ramas del ordenamiento jurídico. La intervención del poder punitivo debe quedar reducida, como ya lo hemos expuesto con anterioridad, a aquellos casos en donde hayan fracasado todos los demás controles formales e informales."

El fiscal dijo además que la denuncia era una "excursión de pesca " para determinar si se cometió algún delito, cuando ello "resulta inaceptable en un Estado de Derecho".

Al entender que lo denunciado no constituye delito alguno Taiano entendió que no correspondía impulsar la acción penal.

La jueza Servini escribió que sin el impulso del fiscal el caso no puede prosperar "ya que lo contrario implicaría una intromisión indebida en la esfera de competencia" del Ministerio Público. Por eso afirmó que "frente a un pedido fiscal de desestimación de una denuncia, el juez se encuentra imposibilitado no solo de ordenarle al fiscal que requiera su instrucción, sino que ese impedimento abarca también la posibilidad de conocer y decidir sobre el asunto traído a su conocimiento". La jueza resolvió desestimar la causa y dispuso que una vez que quede firme su fallo, el expediente se archive.