Detenida en su casa, Milagro Sala pierde poder territorial mientras la Justicia avanza en su contra

Milagro Sala cumple arresto domiciliario en el barrio Cuyaya, a minutos del centro de San Salvador de Jujuy, en su casa, que es una de las más cuidadas de la zona. De dos pisos y terraza, tiene rejas negras, aleros de tejas y puertas de madera. Las medianeras están decoradas con dibujos de cultura indígena y hasta hace pocas semanas en su vereda estuvo instalado un ruidoso grupo electrógeno que abasteció la conexión virtual para el último juicio que la llevó al banquillo de los acusados, ahora suspendido hasta el año próximo.

La más grave de las causas en su contra está cerrada, desde hoy, con condena firme: es el caso Pibes Villeros, por el que fue sentenciada a 13 años de prisión, la pena que hoy confirmó la Corte Suprema de Justicia.

Hace años que el poder de Sala está en decadencia y en agosto pasado recibió un nuevo golpe. Con su fuerza territorial y de movilización en declive, se conocieron testimonios de arrepentidos que fueron parte de su entorno y denunciaron en sede judicial delitos de su exjefa. Mirta “Shakira” Guerrero, que fue su mano derecha, fue la principal protagonista de esas nuevas acusaciones. Relató viajes, describió el manejo de dinero en efectivo y detalló compras de inmuebles de Sala y su familia. En los mismos agitados días de agosto, se inició un nuevo juicio oral contra Sala, en el que la acusan de destruir el expediente de un tiroteo por el que fue investigada y luego absuelta, un juicio que tuvo múltiples inconvenientes por problemas de salud de magistrados y acusados, y que terminó anulándose en octubre.

Mientras tanto, en su casa del barrio Cuyaya, a minutos del centro de San Salvador, la dirigente social cumple una prisión domiciliaria que no se traduce en uniformes policiales y patrulleros frente a su morada, a la que concurren dirigentes del oficialismo nacional y otras visitas del mundo político. En el barrio en el que vive Sala desde hace unos 20 años se respira tranquilidad. Se llega en pocos minutos desde la zona céntrica de San Salvador y está en un sector de mayor altura que el área más comercial de la ciudad. Entre los vecinos de la zona las opiniones sobre Sala son variadas, hay elogios y críticas. En cualquier sentido, en el lugar se habla desde el anonimato, según pudo constatar LA NACION en su última visita al lugar, hace cuatro meses.

En la foja judicial de Sala hay al menos una docena de causas con acusaciones por corrupción y violencia. Fuentes cercanas al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, esperan el avance de más juicios contra ella, como el del acampe que la Tupac Amaru realizó en la plaza frente a la gobernación en el inicio del gobierno del radical, y que le costó a la dirigente social la detención, en enero de 2016. Otro proceso que esperan que prospere es el de la escuela de Campo Verde (el gobierno inauguró una escuela en donde había una cancha de fútbol), en la que se la acusa de instigar a cometer una agresión contra trabajadores que se dirigían a esa obra en camión. Menores expectativas tienen con la llamada “megacausa”, un expediente por fraude con viviendas, que salpica también al exgobernador Eduardo Fellner, antiguo aliado político de Sala en las épocas de esplendor de “La Flaca” o “La Milagro”, como se refieren a la dirigente en las calles de la capital jujeña.

El último juicio que protagonizó (el del robo del expediente) Sala lo siguió hasta su anulación desde su casa, sentada en una silla de ruedas. Si bien puede caminar, usaba esa silla porque le permitía tener la pierna izquierda levantada y mitigar el dolor en su rodilla, cuentan en su entorno. Este año estuvo internada por una trombosis y recibió la visita del presidente Alberto Fernández, un gesto que molestó al gobernador jujeño, quien sostiene que Sala debe cumplir la condena en una cárcel común.

Aunque cerca de Morales y en otros sectores del oficialismo provincial ven casi extinguida a Sala como dirigente, en su círculo de confianza subrayan que la política sigue entre sus principales intereses. Cuentan que Sala delegó por completo en sus abogados lo judicial y mantiene su foco político.

Para el gobernador y buena parte de la política local, el esplendor de Sala es pasado y su peso político también. “Si alguien quiere que le vaya muy mal en la elección, levante la bandera de la Tupac y póngase una foto de Milagro”, fue la frase con la que el diputado provincial Marcelo Nasif ejemplificó, cuando aparecieron los últimos arrepentidos, la actualidad política de la líder de la Tupac Amaru.

Desde las elecciones de 2015, el declive electoral de Sala quedó claro en los números. En esos comicios de octubre de 2015, Cambia Jujuy, el frente que llevaba a Morales como candidato a gobernador, logró el 53% de los votos (226.646 sufragios) contra el 32% del Frente para la Victoria, que obtuvo 139.119 votos y tenía a Sala como postulante a legisladora del Parlasur, con Fellner como aspirante a la reelección como gobernador.

En las elecciones legislativas de 2017, Unidad Ciudadana era la lista que contaba con el apoyo de Sala y logró solo el 5,49% (20.529 votos). La nómina kirchnerista la lideraba Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala.

En 2019, Morales logró la reelección con el 43,76% (176.482 votos), mientras que Unidad Ciudadana, que volvió a llevar como candidata a Álvarez Carreras, apenas cosechó el 2,54% (10.239 votos). Y el año pasado, en las elecciones legislativas de la provincia que ganó el oficialismo local, la lista de Sala fue Unidad para la Victoria y terminó sexta, con el 5,36% (19.499 votos). El peronismo jujeño llegó dividido en cuatro listas, que sumadas se ubicaron en unos 30 puntos.

La organización Tupac Amaru, que Sala manejó con ritmo casi marcial en la provincia, tiene una presencia callejera mucho menor que la que supo mostrar en los años del kirchnerismo, que fueron también los del auge del poder de la dirigente social. Las marchas son menores, en cantidad de manifestantes y en frecuencia, y se concentran en momentos puntuales, como las aperturas de sesiones legislativas que encabeza Morales.

El Cantri, el barrio de viviendas sociales que fue emblema del poder de la Tupac Amaru, exhibe signos de abandono. Algunas de las casas tienen techos de chapa; otras, de tejas. En otras zonas, se mezclan con viviendas nuevas hechas con fondos nacionales, que contrastan con las viejas estructuras por sus colores vivos. En los vecinos prima una actitud de descreimiento y resignación, que convive con un recuerdo entre elogioso y condenatorio de Sala. Algunos de ellos cobran el plan Potenciar Trabajo y, otros, el Plan de Contingencia (un subsidio provincial). Los vecinos cuentan que la ayuda social que recibían de la organización hoy la centraliza el gobierno jujeño.

Morales sostiene que Sala maneja planes sociales desde su prisión domiciliaria. Según aseguró en una entrevista con LA NACION, controla “20.000 de los 50.000 planes que hay en la provincia”. Y remarca que la organización de Sala no cumplió con la construcción de 2000 viviendas, que tienen un costo actualizado de $16.000 millones. “Eso es lo que se robaron a precios actuales”, dijo el gobernador, que también señaló que otras 1800 quedaron a medio terminar.

El kirchnerismo defiende a Sala, la considera una “perseguida política” y reclama su liberación. Un contingente del oficialismo analiza viajar la semana próxima a visitarla y expresarle en persona su apoyo.

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