Por deudas con la Anses, el Gobierno retiene pagos de la coparticipación a las provincias y apura una salida legal

CÓRDOBA.– Entre hoy y mañana ingresará al Congreso un proyecto de ley para que el Ministerio de Economía deje de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para financiar la reparación histórica instrumentada por la gestión de Mauricio Macri. Hasta tanto esa ley sea sancionada, la Anses ya descuenta a las provincias la parte de coparticipación que corresponde al pago de los mutuos que mantienen con el FGS y que suman vencimientos este mes por $25.500 millones.

Parlamentarios de la oposición entienden que es una presión extra sobre las provincias, ya que en febrero pasado la refinanciación de deudas de las provincias con Anses fue parte del acuerdo del radicalismo y el PRO con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para que la oposición acompañara el reperfilamiento de la deuda nacional.

Los $10.000 millones que cada mes se llevan los 800.000 pasivos que aceptaron la reparación histórica se financian con dinero del blanqueo ($150.000 millones) que se termina este mes y, desde los haberes de setiembre, los debe poner el FGS. La reparación histórica es un plan por el cual el Estado reconoce que, en los últimos años, se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía –hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido– por lo que se hizo un recálculo de haberes.

Fuentes de la Anses explicaron a LA NACION que "para no malvender" los títulos que integran el Fondo, la solución encontrada fue comenzar a cobrar los mutuos acordados a las provincias, algo que no se venía haciendo por el acuerdo político. Todas las provincias son deudoras menos Córdoba, Santa Fe y San Luis.

La alternativa: una ley

La "solución" que se encontró para el tema es que Economía se haga cargo de los fondos para cumplir con la reparación histórica y, de esa manera, la Anses refinancie a los gobernadores los montos adeudados, incluyendo el capital que es lo que pretenden los mandatarios. La mayoría de los vencimientos de los préstamos operan entre el 24 y el 31 de este mes.

El más alto la próxima semana es el de CABA por unos $2000 millones, seguida por Chaco con $1515 millones y, con alrededor de $1400 millones, Entre Ríos y Tucumán. El 31 de agosto Buenos Aires tiene un vencimiento por $6685 millones, el más importante de todos los que operan en esa fecha. La garantía en todos los casos es la coparticipación federal. Desde las provincias aseguran que los descuentos complican sus números, que ya están ajustados.

Desde la Anses plantean que para que no sigan los descuentos automáticos, el proyecto de ley que traspasa la responsabilidad de financiar la reparación histórica a Economía debe salir "rápidamente".

A febrero, el stock total de las deudas provinciales con el FGS era de $120.000 millones y los distritos más comprometidos eran Buenos Aires ($25.422 millones), Jujuy ($12.125 millones), Tucumán ($9802 millones), CABA ($7348 millones) y Santa Cruz ($7178 millones).

La refinanciación de las deudas de las provincias con Anses se planteó a inicios de año, cuando los gobernadores preveían un 2020 complicado desde lo financiero, panorama que empeoró con la irrupción de la pandemia del coronavirus que impactó en la recaudación propia, la coparticipación y el nivel de gastos. En ese momento, el presidente Alberto Fernández frenó el pacto fiscal por un año (con opción a prolongar ese plazo) lo que se suponía beneficiaría a las provincias en unos $60.000 millones, al no tener que reducir el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos.

Todos los cálculos cayeron por la borda con el Covid-19. La Nación, para contener a las provincias, distribuye $60.000 millones de ATN y, a la vez, destinó una cifra igual al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que otorga préstamos a tasa cero para paliar los efectos de la pandemia. Toda esta situación se da mientras 12 provincias tienen procesos abiertos de renegociación de deudas por unos US$13.000 millones.