Dudas en el destino del impuesto a la nafta que debía destinarse a obras contra las inundaciones

En 2001, tras una fuerte inundación en la provincia de Buenos Aires, Fernando de la Rúa constituyó por decreto un fondo fiduciario de Infraestructura Hídrica, que durante los últimos años tuvo problemas de fiscalización, según la Sigen. El objetivo, que fue ampliado durante el gobierno de Néstor Kirchner, incluía realizar grandes obras para evitar inundaciones. Para eso, se lo dotó de recursos directos. Se financia hasta hoy con las compras de los automovilistas: con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el GNC. Si el Gobierno mantiene la idea de eliminar los fideicomisos y de empezar por aquellos que fueron creados por normas del Poder Ejecutivo, este es uno de los que se disolvería primero, aunque no está claro qué ocurriría con esos recursos.

En la gestión anterior se iniciaron 132 obras, de las cuales fueron terminadas 67, casi todas vinculadas a alcantarillas, sumideros, desagües pluviales, espacios verdes para aminorar subas del agua y defensas urbanas ante la posibilidad de inundaciones. Las provincias más beneficiadas fueron la de Buenos Aires, con 25 proyectos; Formosa, con 15, y Chaco, Córdoba y Santa Fe, con cinco cada una.

Entre 2020 y 2023 se realizaron dos auditorías internas sobre este fondo. En el resumen que elaboró la Sigen para Casa Rosada, se destacan problemas como el incumplimiento de requisitos y procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos, debilidades en los procesos de rendición de cuentas, falta de evaluación sobre el alcance e impacto de sus políticas y dificultades para controlarlo y fiscalizarlo por ausencia de normativas. El brazo ejecutor del fondo era la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que gestiona cerca de $62.074.367.000 en la proyección de ingresos para este año.

En la provincia de Buenos Aires solo se hicieron obras en 17 municipios de los 135. Tuvieron dos obras Berisso, Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, San Martín, Bahía Blanca, San Miguel y Exaltación de la Cruz, mientras que Baradero, General Pinto, General Rodríguez, Ensenada, Lobería, San Vicente, Esteban Echeverría, Ituzaingó y Tres de Febrero, recibieron una. En La Plata, una de las zonas más afectadas por el temporal de estos días, que rememoró la tragedia de inundaciones de 2013, no se iniciaron obras.

Un ejemplo de obras de relativa relevancia o de falta de especificación es lo que pasó en Quilmes: se destinaron $294.719.668 a, “a través de un enfoque integral, no solo mejorar las condiciones de drenaje sino también promover una conciencia sobre el medio ambiente, la preservación de los cauces y la consecuencia de la ocupación indiscriminada de áreas que funcionan como drenes naturales de las aguas de lluvia disminuyendo así la frecuencia y magnitud de las inundaciones”.

Durante la gestión anterior, se proyectaron tres grandes obras en materia hídrica. La de mayor valor fue un acueducto San Javier-Tostado, en Santa Fe, que tuvo una inversión proyectada por $94.081.704.349. Se gastó el 12,8% de ese presupuesto, pero solo se concretó el 2,41% del avance físico de esa obra, que fue iniciada en 2023 con una proyección de finalización en 2026.

Le siguió el “Nuevo Canal de la Patria”, en Santiago del Estero. La obra consistía en brindar agua potable y asegurar el abastecimiento a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas). La inversión planificada fue de $29.987.513.843. El 81% de ese presupuesto fue gastado, aunque logró avanzar en un 63,4%, no sin problemas. Surgieron denuncias en la provincia respecto de que la forma en la que se ejecutaron los canales causaron inconvenientes para la fauna local, productiva y no productiva. Se reportaron muertes de vacas, perros, osos hormigueros y otras especies en las rejas del canal porque al caerse no podían salir.

La tercera inversión más importante fue para una obra que hace 25 años, gestión tras gestión, no se finaliza. Se trata de un proyecto complejo, pero que ha sufrido marchas y contramarchas que impiden su realización, que mejoraría el panorama de inundaciones para 59 municipios de la provincia de Buenos Aires: la ampliación de capacidad del Río Salado.

La obra tiene cinco etapas y nueve subtramos. Cuatro etapas fueron comenzadas en la gestión de Mauricio Macri, entre 2017 y 2019, y una en la de Alberto Fernández. Varias de las primeras se finalizaron en el gobierno anterior, pero quedaron con bajo nivel de ejecución las correspondientes a la etapa dos, que recorre Roque Pérez y Lobos. El subtramo A tiene 1,25% de avance, el B, 11,91%, y el C, 0,83%.

“El Tramo IV consta de cuatro etapas, que a la vez incluyen subtramos, y de las cuales se finalizaron la 1 y 4, y se están ejecutando la 2 y la 3. Durante esta gestión, se continuaron y finalizaron los trabajos de las etapas 1A y 1B y 4, que en diciembre de 2019 tenían un avance de 94%, 9% y 5%, respectivamente. De la misma manera, continuó en ejecución la Etapa 3, que presentaba un avance de 9% y tiene fecha de finalización estimada en noviembre de 2023. Por último, la Etapa 2 se inició en mayo de 2023, con un plazo de ejecución previsto de dos años”, destacó una informe oficial de 2023.

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