El ataque al cuartel de La Tablada, la última aventura guerrillera en democracia

El ataque de 46 guerrilleros al cuartel militar de La Tablada, que jaqueó al gobierno de Raúl Alfonsín el 23 de enero de 1989, fue repelido con un elevado costo de muertos, en el primer período de la democracia recuperada.

Tras encarnizados combates que se extendieron durante 36 horas y pusieron en vilo a la sociedad, el Movimiento Todos por la Patria (MTP), con el liderazgo de Enrique Gorriarán Merlo y el pretexto de “impedir un golpe de Estado carapintada”, tuvo un saldo estremecedor de 32 guerrilleros caídos, a los que se sumaron 11 muertos y 53 heridos, entre militares, soldados, policías bonaerenses y civiles, en una defensa del regimiento, que con los años derivó en cuestionamientos en tribunales internacionales, al denunciarse la desaparición de cuatro combatientes durante los enfrentamientos por la recuperación de la unidad.

Los graves sucesos ocurrieron en las puertas de la campaña electoral de 1989, en los que ganaría Carlos Menem, y en medio de una crisis económica y social profunda, que desembocaría semanas después en una hiperinflación. En la mañana del ataque, el candidato presidencial peronista se encontraba jugando al tenis en Mar del Plata e inicialmente no dio trascendencia a las informaciones que le llegaban. Finalmente, debió suspender un acto de campaña previsto para esa noche en San Clemente del Tuyú.

Tal vez para diferenciarse de las administraciones kirchneristas, que no promovían ceremonias oficiales para recordar avances de la guerrilla contra objetivos militares, el gobierno de Javier Milei evaluaba en las últimas horas tener presencia en el acto de hoy, que se hará en la ciudad bonaerense de Pigüé, adonde fue trasladado en 1995 el regimiento atacado por el MTP.

Se barajaba anoche la idea de que encabezaran el homenaje a los caídos la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Defensa, Luis Petri. Ambos estuvieron el viernes último en la Guarnición Militar de Azul, al cumplirse 50 años del sangriento intento de copamiento que perpetró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en enero de 1974.

En tanto, en el predio de La Tablada que hace 35 años se convirtió en un polvorín se recordará la trágica ofensiva guerrillera. A las 10.30 se reunirán en Crovara y Camino de Cintura una comisión de homenaje a policías y ciudadanos muertos por la delincuencia, que preside el comisario retirado Carlos Romero, y el grupo Soldados Anónimos Víctimas del Terrorismo, para evocar a los caídos. Uno de los impulsores del homenaje es el historiador militar Sebastián Miranda, autor de libros e investigaciones sobre el tema.

El golpe a La Tablada

El Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada eran las unidades que desde 1952 se encontraban en La Tablada. Por su capacidad militar blindada, el cuartel era uno de los mejores equipados del Ejército. Hoy el predio que fue escenario de la ocupación y de los combates de 1989 luce totalmente abandonado.

Subidos a un camión Ford 7000 de repartos de Coca Cola, robado minutos antes a pocas cuadras, los atacantes del MTP irrumpieron por la Puerta 1 del cuartel cinco minutos antes de las 6 de la mañana, aplastaron al soldado conscripto Roberto Tadía, de 18 años (la primera víctima). Seguía detrás una caravana de seis vehículos, con consignas a viva voz y volantes lanzados al aire para denunciar que se planificaba un nuevo levantamiento carapintada. El gobierno de Alfonsín había enfrentado tres rebeliones militares –dos encabezadas por el teniente coronel Aldo Rico y una por el coronel Mohamed Alí Seineldín- y ese argumento podía parecer creíble. El MTP se había formado tres años antes, como una continuidad del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el ERP, runa de las organizaciones subversivas más emblemáticas de los años 70.

Gorriarán Merlo supervisaba las acciones a pocas cuadras del lugar. Había planificado que el “Operativo Tapir” se extendiera hasta la media mañana y confiaba en un amplio respaldo popular. Pero la fuerte resistencia de los militares, especialmente en el Casino de Suboficiales, sorprendió a los guerrilleros, que no pudieron impedir el despliegue de más de 2000 efectivos militares y fuerzas policiales que se sumaron a la resistencia.

El Ejército organizó la recuperación del cuartel sobre la marcha y convocó a efectivos de distintas unidades militares del país, en un operativo que se terminó de definir con el correr de las horas.

La visita de Alfonsín

Un mes y medio antes se había producido el tercer levantamiento militar carapintada, el 2 de diciembre de 1988, conducido por el coronel Seineldín, con epicentro en el regimiento de Villa Martelli. Ese fresco recuerdo llevó a algunos miembros del gobierno radical a atribuir a ese sector castrense la confusa situación que se vivía en La Tablada.

Varios ministros se encontraban en la costa atlántica y, con las primeras noticias, el presidente Alfonsín convocó de urgencia a José Horacio Jaunarena (Defensa), Juan Sourrouille (Economía) y Dante Caputo (canciller), entre otros colaboradores inmediatos.

Pese a que algunos aceptaban la hipótesis de un rebrote carapintada, cerca del ministro de Defensa lo descartaban, por las características del ataque, que provocó un muerto en el portón de acceso al cuartel, a lo que siguió durante la jornada la confirmación de que entre los atacantes se encontraba el abogado Jorge Baños, de conocida actuación en agrupaciones de izquierda.

Y comenzaban a tener peso las informaciones que daban cuenta de la participación de Gorriarán Merlo, a quien el presidente Alfonsín, al asumir, había incluido en el decreto 157/83, que había ordenado procesar a jefes guerrilleros. Además, la Cancillería no descartaba que algunos de los atacantes hubieran estado tiempo antes en Nicaragua y podrían haber tomado contacto con el régimen sandinista.

En medio de la tensión por los enfrentamientos en el cuartel, se vivieron momentos de intenso dramatismo con la llegada de Alfonsín al predio militar.

Todavía no habían cesado los combates y el Presidente llegó acompañado por el edecán y los custodios, el ministro Jaunarena y el vocero presidencial, José Ignacio López. Estaba, también, el fiscal Raúl Pleé. “En el momento en que nos disponíamos a recorrer las instalaciones comenzaron a escucharse disparos de francotiradores desde los techos y llevaron rápidamente al Presidente a un vehículo. Nosotros subimos al jeep en el que viajaba la custodia y uno de ellos me agarró del cinturón para subirme”, relató el periodista y ex vocero presidencial, al rememorar esos momentos de enorme confusión y preocupación, al ser consultado por este diario.

“Fuimos a buscar un lugar de refugio seguro para evitar que el Presidente quedar expuesto. Después, cuando se calmó la situación, empezamos la recorrida con el Presidente. Todos quedamos conmovidos con las muertes, los cadáveres de chicos jóvenes”, evocó López. La caminata se hizo en medio de escombros, un calor sofocante y un olor nauseabundo, por los cadáveres que yacían al sol.

“Más tarde volvimos a la Casa Rosada y acompañé dos veces al Presidente al Comando en Jefe del Ejército, para hablar al comandante Francisco Gassino. Alfonsín insistió en pedir explicaciones y quería conocer detalles, saber cómo se habían sucedido los hechos en La Tablada. Quedó profundamente preocupado”, recordó su vocero.

La Justicia aplicó penas de reclusión perpetua a 13 combatientes y de 10 a 20 años de prisión a otros siete participantes, entre ellos el sacerdote Juan Antonio Puigjané. Muchos de ellos habían sido capturados en las inmediaciones del cuartel, por lo que los que intervinieron en la operación fueron más que los 46 que irrumpieron inicialmente en el regimiento. El proceso judicial que dictó sentencia el mismo año de la sangrienta ofensiva del MTP estuvo lejos de poner un punto final a la historia de La Tablada.

Diversos planteos llevaron a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante denuncias por ejecución sumaria de cuatro de los atacantes capturados, desapariciones de otras seis personas y torturas de los prisioneros en el cuartel y en dependencias policiales. Ello obligó a la realización de nuevos juicios.

En el año 2000, el entonces presidente Fernando de la Rúa reconoció el incumplimiento de la garantía del debido proceso en el caso de La Tablada y conmutó las penas de los que habían sido condenados en 1989.

En mayo de 2003, su sucesor Eduardo Duhalde dictó un indulto a todos los condenados, y en los últimos años comenzaron los juicios por los casos de desapariciones.

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