El Colegio de Abogados porteño se sumó al pedido para auditar la actuación del juez Ercolini en la causa por enriquecimiento contra Lijo

Un nuevo pronunciamiento vuelve a poner en la mira al juez Ariel Lijo, el candidato elegido por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema, y refuerza el pedido de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió para investigar el desempeño de Julián Ercolini en la causa que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito y fue cerrada en 2021.

Esta tarde, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires envió una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación –presidido por el titular de la Corte Horacio Rosatti–, en la que solicita, en sintonía con el pedido de Carrió, iniciar una auditoría sobre la actuación de Ercolini en dicha causa y el acceso a la misma, alegando que la información que de allí pudiera surgir en torno a Lijo “será relevante al momento de evaluar la aptitud y calidades del candidato”.

En la misiva, que lleva la firma del presidente del organismo, Alberto Garay, se repara en la gran cantidad de pronunciamientos públicos que desaprueban la postulación de Lijo para integrar el tribunal y se precisa que una de esas objeciones, la de Carrió, refiere a la causa por presunto enriquecimiento ilícito del postulante.

“Según trascendidos, en la investigación se habría ignorado un informe presentado en la causa por la UIF. En dicho informe se levantarían severas sospechas e inconsistencias patrimoniales del postulante mencionado”, se indica.

“El conocimiento de dicha información y de toda otra que surja de la causa, como V.E. sabrá colegir [por Rosatti], será relevante al momento de evaluar la aptitud y calidades del candidato”, se añade.

Además, el organismo señala que una auditoría que realizó en 2016 para investigar el desarrollo de casos que involucraban a funcionarios públicos arrojó que Lijo presentaba irregularidades en la tramitación de más de 20 causas que fueron denunciadas por el Colegio ante el Consejo de la Magistratura.

A su vez, se plantea que otras denuncias contra Lijo han sido desestimadas: “Para nuestra sorpresa hemos tomado conocimiento de que existen denuncias contra el Dr. Lijo que no han merecido trámite alguno. Una de ellas es del año 2023 (expte. 107/2023) y la otra es del año en curso (35/2024)”

Para el organismo, “está en juego el derecho a la información del pueblo respecto de los antecedentes del candidato que obran en un expediente judicial cuyas constancias deben ser conocidas por la sociedad y por las autoridades y la transparencia del accionar judicial y administrativo”.

El pedido del Colegio de Abogados se inserta en un contexto marcado por una andanada de cuestionamientos hacia Lijo desde su postulación.

Hoy, por caso, la fundación Libertad y Progreso se sumó al listado de organismos que ponen en duda la idoneidad del juez para integrar el máximo tribunal. “Creemos que es fundamental señalar, por un lado, nuestro apoyo al candidato Manuel García Mansilla, quien reúne las condiciones que requiere el cargo de Ministro de la Corte Suprema y, por otro lado, nuestra discrepancia con la nominación del Dr. Ariel Lijo”, se lee en el comunicado, que, sin explicitar el cuestionamiento, añade: “La designación de un juez para la Corte Suprema debe basarse en criterios de idoneidad, experiencia y compromiso con la imparcialidad”.

El pedido de Carrió

Junto con el diputado Juan Manuel López, la líder de la Coalición Cívica pidió iniciar una investigación sobre el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Franco Picardi por haber cerrado la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió contra Lijo.

La causa, tal como informó LA NACION, se archivó en 2021. El caso le tocó inicialmente al fiscal Carlos Stornelli, pero se excusó y pasó a manos del fiscal Picardi. La causa se cerró sin que ninguno de los imputados fuera indagado; por decisión de Ercolini y con el consentimiento del fiscal para su cierre. El abogado de los hermanos Lijo fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.

En 2018, Lijo había sido denunciado junto a su hermano Alfredo en los tribunales de Comodoro Py por Elisa Carrió, que sostuvo que los hermanos les garantizaban impunidad a empresarios y funcionarios complicados en causas judiciales. Como presunto organizador de la banda, Carrió denunció también al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido.