El discurso del Presidente, una evidencia de que el juicio a la Corte es una lucha de poder

Al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernándz dejó en evidencia que el juicio político a la Corte es solo una lucha de poder, en la que no interesa en absoluto el servicio de justicia que se debe brindar a la ciudadanía.  El discurso se produce a 40 años del regreso de la democracia, en el último año de mandato del actual gobierno constitucional, lo que le daba una transcendencia institucional. Pero fue una oportunidad perdida.

A diferencia de otros períodos democráticos, en éste se ha consolidado esta forma de gobierno y no existen riesgos de que pueda producirse un nuevo quiebre al orden institucional. En este punto no hay grieta. Pero, a medida que nos introducimos en el funcionamiento de las instituciones, advertimos que los debates y las discusiones son más intensas. Lo peligroso es cuando se cuestionan, lisa y llanamente, los hechos. De allí, la frase del periodista Charles Prestwich Scott en el manifiesto Cien Años: “Los comentarios son libres, pero los hechos son sagrados”.

En 2022, a grandes rasgos, el Presidente había fijado como horizonte bajar la inflación controlando la economía, mejorar los índices de inseguridad abordando la lucha contra el crimen organizado y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial, al considerar necesaria “una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”.

Los últimos dos temas eran los que suscitaban mayor tensión institucional y ambos confluían en el funcionamiento del Poder Judicial.  Incluso, el mejoramiento de la economía dependía en alguna medida de la Justicia: cuanto mayor seguridad jurídica, mayor confianza para motorizar el circulo virtuoso de las economías en crecimiento.

En 2023, el discurso presidencial directamente se centró en los ataques a la Justicia, tergiversando o dejando de lado los hechos que podrían justificarlos. La gravitación de un buen funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y de los poderes judiciales provinciales es enorme para la fortaleza institucional de un país. Tal es así que, en los países mas desarrollados, el Poder Judicial cuenta con mayores niveles de confianza (56.9%), comparado con el Poder Legislativo (39.4%), el Poder Ejecutivo (41.4%) y los partidos políticos (24.5%), según una medición de la OECD.

En varios gobiernos postdictadura, la solución al problema pareció encontrarse al descabezar a la Corte Suprema de Justicia, ya sea ampliando su número (Carlos Menem lo logró mediante una ley) o promoviendo el juicio político a sus miembros (Eduardo Duhalde y Néstor Kichner). Luego de ese cometido, el Poder Judicial continuó funcionando con las mismas deficiencias de siempre y los índices de aceptación de la ciudadanía siguieron siendo muy bajos (25%, según el Latinobarómetro de 2020).

Ahora, cuando el Presidente planteó sus quejas sobre el contenido de los fallos, el gran número de puestos vacantes en la Justicia o la parálisis del Consejo de la Magistratura, no asumió las responsabilidades que le corresponden. Ello se debe a que el objetivo es otro: descabezar la Corte Suprema de Justicia y controlar una nueva composición. El interés se agota en esa lucha de poder.

En contraposición a esta realidad, la política no logra consensos mínimos -y esa es parte de la responsabilidad que le cabe al Presidente- para solucionar los problemas que interesan a la ciudadanía en relación con la justicia. Hace 14 años se encuentra vacante el cargo constitucional de defensor del Pueblo de la Nación. Hace casi seis años que no se ha podido designar a un nuevo titular del Ministerio Público Fiscal (ni siquiera, el candidato nominado por el propio Presidente) y hace casi una década se sancionó la ley de un sistema de enjuiciamiento acusatorio, para dotar de eficacia y celeridad a los procesos penales, y todavía no se logró su implementación a nivel nacional.

Tampoco se dictó una ley que reformara de manera integral los servicios de inteligencia del Estado nacional y hoy continúan teniendo injerencia en la Justicia. El Consejo de la Magistratura se encuentra virtualmente paralizado y nadie discute la implementación de mecanismos de transparencia en la Justicia.

En conclusión, coincidimos en que es fundamental para la ciudadanía que sus poderes judiciales funcionen bien. Sus libertades, su honra y sus patrimonios se encuentran a merced de sus decisiones. Pero, hasta ahora, la política solo ha pensado en sus intereses y no ha trabajado en obtener consensos para solucionar los graves problemas que afectan a la Justicia.

Este nuevo intento por descabezar la cúpula de la Justicia no va en el sentido correcto y el discurso brindado por el Presidente ante el Congreso evidencia que parte de la política continúa alejada de los intereses de los ciudadanos.

El autor es presidente de Poder Ciudadano