El fiscal Agüero Iturbe apeló el sobreseimiento de Mauricio Macri y calificó el fallo de la Cámara Federal como una “parafernalia argumental”

El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe apeló el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal contra los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan.

El sobreseimiento de Macri fue firmado a mediados de julio por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes dejaron sin efecto el fallo dictado contra Macri por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en diciembre del año pasado. Los jueces entendieron que las acciones de inteligencia sobre los familiares de las víctimas no constituyeron un delito y que estuvieron fundamentadas con el fin de resguardar la seguridad presidencial, un argumento que fue ahora refutado por Agüero Iturbe. El fallo fue duramente criticado por los familiares, que son querellantes en la causa, así como también por la vicepresidenta Cristina Kirchner en un video difundido con fuertes críticas al Poder Judicial.

Ayer, Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación contra ese fallo y pidió que sea anulado. Dijo que esta denuncia (que fue presentada por la Agencia Federal de Inteligencia) es de gravedad institucional y que debe ser investigada. Dijo que el fallo dictado por los camaristas carece de fundamentos y que cerraron el caso de manera arbitraria. Uno de los familiares de las víctimas, Luis Tagliapietra, hizo una presentación en el mismo sentido, pidiendo la anulación del sobreseimiento.

“Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente. Me tocó sustentar este principio porque en él creo, convicción que en este acto confirmo. No puedo hoy borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo el fiscal en el dictamen al que accedió LA NACION.

“Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, insistió.

El fiscal dijo que los reclamos de los familiares y sus manifestaciones no constituían una amenaza para la seguridad presidencial. “Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación-consideró Agüero Iturbe-. Se omite considerar que ciudadanos comunes y corrientes (sin que ello importe consideración peyorativa alguna) que habían perdido a un ser querido en alguno de los luctuosos acontecimientos que ya se mencionaron a lo largo de la investigación, no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”.

“Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, agregó.

Y en duros términos se dirigió a los jueces de la Cámara Federal: “Advierto que la parafernalia argumental, asimilable a una pirotecnia verbalista de relumbrón; solo apunta a uno de los extremos del pragma conflictivo (enfocado en las autoridades imputadas) obviando analizar adecuadamente el avasallamiento del derecho de las víctimas”.

Cuando Bava procesó a Macri, dio por probado que la AFI macrista había hecho seguimientos ilegales contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri había sido quien los ordenó. Por eso, lo procesó como “responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

La causa fue iniciada por una presentación de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció en la Justicia las acciones de inteligencia llevadas adelante por la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI contra quienes en ese entonces reclamaban al gobierno de Macri por el submarino.

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