El Gobierno avanza contra Clarín, que apeló el fallo del juez

El gobierno nacional y el Grupo Clarín protagonizaron ayer una nueva batalla en torno de la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. A las 7.45, el conglomerado de medios apeló el fallo del juez Horacio Alfonso que el viernes confirmó la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma, cuestionados por la empresa.

Aunque procesalmente esa apelación tendría efecto suspensivo, a las 9.50 el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, notificó personalmente a la compañía sobre el "inicio de la transferencia de oficio" de los medios de Clarín que excedan los límites dispuestos en la ley.

Sabbatella se presentó en la puerta de la sede corporativa del Grupo, en Piedras 1743, donde lo estaban esperando. Prácticamente sin intervenir, el funcionario presenció el diálogo que los abogados del organismo y de la empresa mantuvieron durante más de una hora en una mesa improvisada para la ocasión en la recepción del edificio. Ese espacio, completamente vidriado, permitió a periodistas y curiosos seguir la reunión desde la vereda. No se ofreció café ni se sirvió agua, pero el tono del encuentro parecía amable.

Sabbatella puso así en marcha el proceso que "en 100 días hábiles" incluye: "Primero, todo lo concerniente a la tasación; luego, la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas; después, el concurso y la adjudicación, y, finalmente, el traspaso del titular anterior al nuevo titular".

Al final de ese camino, según espera el Gobierno, Clarín debería haber vendido la mayor parte de sus empresas audiovisuales.

Para el conglomerado, el procedimiento de ayer de Sabbatella fue "improcedente e ilegal". En un comunicado, la firma advirtió que podría haberse tratado de "un posible caso de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal", por lo cual "el Grupo analiza realizar la correspondiente denuncia".

Con ese argumento, y rodeado de cámaras de TV, el funcionario desembarcó en Piedras 1743, donde tiene su oficina el CEO del grupo, Héctor Magnetto. El funcionario había anticipado la notificación que realizó ayer en la edición del domingo del programa 6,7,8, en el gubernamental Canal 7.

Aunque tal vez haya sido sólo simbólico, porque el juez Alfonso o la propia Cámara Civil y Comercial podrían suspender o incluso anular la notificación de ayer, para Sabbatella fue como el desembarco en "terreno enemigo". Ninguno de sus predecesores en el cargo llegó tan lejos, ni el actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, ni su amigo y sucesor en la Afsca, el ahora vicepresidente de la agencia Télam, Santiago Argón,

En la sede de Clarín, con una copia del expediente por inconstitucionalidad que tramita la Justicia y que ya supera las 3600 fojas, Sabbatella fue recibido por el abogado Damián Cassino y un escribano. Hasta allí llegó acompañado por su propia escribana, un notificador de la Afsca –cuya vestimenta informal contrastaba con los trajes de funcionarios y letrados– y sus dos "custodios jurídicos" en la Afsca: Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, y Daniel Larrache, director de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales

El futuro de Fibertel

Ninguno de los tres –Sabbatella, Zurano y Larrache– tiene experiencia de ningún tipo en el sector audiovisual y su paso por la función pública se limitó hasta ahora a la gestión municipal en el partido de Morón y a la actividad parlamentaria del ex intendente de ese distrito en la Cámara de Diputados.

En el único momento en el que cruzó algunas palabras con Cassino, Sabbatella se habría negado a recibir una copia de la medida cautelar dictada por el juez Roberto Torti que impide a la Afsca afectar "las licencias, los bienes y las redes afectadas al servicio de Fibertel", la misma fibra óptica usada por Cablevisión.

Según la empresa, de aplicarse el artículo 45 de la ley de medios, que obliga a desguazar Cablevisión y sólo le permitiría llegar a 24 localidades, se estaría dejando a la gran mayoría de los clientes de esa empresa, y por lo tanto de Fibertel, sin ese servicio esencial. En la notificación de ayer, la Afsca incluyó el servicio de acceso a Internet de Cablevisión. La sentencia de Torti es una ampliación de la medida cautelar que en su momento dictó el mismo juez cuando el gobierno nacional declaró la caducidad de la licencia de la cableoperadora para dar Internet con su marca Fibertel, el 19 de agosto de 2009.

Así, la puja quedó en medio de un barullo jurídico procesal. Una parte de la biblioteca sostiene que Sabbatella no tenía respaldo legal para la notificación de ayer porque el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación da un plazo de cinco días para apelar la sentencia y durante ese período el fallo no es ejecutable. Además, en esta interpretación, apenas se presenta el recurso de apelación, la sentencia queda suspendida (Art. 243 de ese código).

En cambio, cerca del Gobierno el análisis es distinto. "Al tratarse de una acción meramente declarativa, el efecto suspensivo no significa nada. Distinto es cuando la acción busca que alguien haga o deje de hacer algo. Aca sólo se busca una declaración de inconstitucionalidad. Como la pretensión ha sido rechazada por la sentencia definitiva de primera instancia, los artículos cuestionados son ejecutorios", explicó en Twitter Graciana Peñafort, ex jefa de los abogados de la Afsca.

"Clarín tiene derecho a apelar, como lo hizo hoy [por ayer]; pero creemos que no corresponde ninguna medida suspensiva sobre una ley del Congreso con un fallo de un juez que dice que es constitucional", opinó Sabbatella consultado acerca de si una nueva medida podría suspender la aplicación de la ley. La Afsca entonces trabaja en el estudio de los planes de adecuación de todos los grupos que se presentaron voluntariamente, e iniciamos, para Clarín, la transferencia de oficio", afirmó el funcionario.

LO QUE DIJERON LAS DOS PARTES

• "Con esta notificación hemos iniciado la transferencia de oficio", dijo Sabbatella
• "El procedimiento es improcedente e ilegal", afirmó la empresa en un comunicado

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