El Gobierno defiende dos designaciones que despertaron polémica
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LA NACIONMaia Jastreblansky
El Gobierno defendió dos designaciones que, por motivos diferentes, despertaron una controversia pública en las últimas horas, al explicar que fueron cargos definidos exclusivamente por las titulares de los organismos donde asumieron sus funciones.
Alberto Fernández designó en las últimas horas a Víctor Hortel como director nacional de Coordinación y Proyección Normativa dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz. Exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Hortel fue el impulsor de Vatayón Militante, la agrupación que se hizo conocida por organizar salidas culturales de presos, algunos de los cuales cumplían penas por homicidio o violación.
"Hortel asumió por pedido de Tolosa Paz, su equipo de trabajo lo elige ella", explicó a LA NACION un importante funcionario de la Casa Rosada. El flamante funcionario es un hombre de confianza de Tolosa Paz, a quien conoce de La Plata. De hecho, fue abogado defensor en una causa por injurias y violencia de género de la exconcejala contra el expresidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce (Juntos por el Cambio).
Hortel renunció al SPF en 2013 tras una polémica fuga de presos en Ezeiza. Platense y de buena llegada a La Cámpora, proviene de una reconocida familia de abogados y es hijo de Eduardo Hortel, un prestigioso jurista bonaerense y juez de Casación penal provincial. Como abogado penalista, el ahora flamante funcionario de la gestión de Fernández supo defender a Lázaro Báez y al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina. También concursó para la vacante de juez que dejó Norberto Oyarbide en Comodoro Py.
Tolosa Paz es pareja de Enrique "Pepe" Albistur, un hombre muy cercano a Fernández. El consejo que ella encabeza depende de la Jefatura de Gabinete y se encarga, junto con el Ministerio Desarrollo Social, del "Plan Argentina contra el Hambre", entre otras tareas de coordinación de políticas sociales entre distintos ministerios.
Conflicto mapuche
Otra de las controversias que atravesó la gestión de Fernández estuvo vinculada a un episodio con el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, luego de que la camioneta que conducía fuera demorada en Bariloche por no tener los papeles al día.
Al momento de la infracción, Pilquiman trasladaba a integrantes de una comunidad mapuche, hecho que causó polémica en un contexto de máxima tensión por el conflicto territorial y cuando los vecinos piden la intervención del gobierno nacional para resolver el conflicto en Villa Mascardi.
Pilquiman es un activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro y, de acuerdo a fuentes de la Casa Rosada, fue designado en el cargo por la titular de la INAI, la rionegrina Magdalena Odarda, "debido a que tenía buena aceptación de las comunidades indígenas de todo el país", especialmente los grupos del sur que hoy protagonizan los conflictos, si bien en esas comunidades también existen discrepancias internas.
El Gobierno tiene la expectativa de descomprimir la tensión que se vive en la zona de Villa Mascardi por la ocupación de terrenos realizados por la lof Lafken Winkul Mapu a través de una mesa de diálogo integrada por funcionarios nacionales y representantes de la comunidad.
Pero a la fuerte crispación que genera el conflicto entre los vecinos, se suma también la visible tensión política que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, mantiene con Odarda. La mandataria provincial reclamó públicamente al INAI que distinga a las comunidades mapuches pacíficas del "grupo de inadaptados violentos" y Odarda replicó que el "INAI no acusa, no procesa, ni juzga".
El malentendido entre las dos funcionarias viene de larga data, porque Odarda -exsenadora de la Coalición Cívica- compitió en las últimas elecciones provinciales de Río Negro como compañera de fórmula de Martín Soria (FPV), donde fueron derrotados por Carreras, que responde al exgobernador Alberto Wereltineck.
Tras ser expulsada de la fuerza de Elisa Carrió en 2017, Odarda conformó en el Senado un interbloque con Fernando "Pino" Solanas, a la vez que pasó a integrar y luego liderar "Parte", el partido creado por Alberto Fernández.
"Odarda impulsó la comisión especial de asuntos indígenas en el Congreso, trabajó la prórroga de la Ley 26.160 que reconoció a las comunidades indígenas los territorios en los que acredite ocupación actual, tradicional y pública; y conoce a muchos referentes indígenas", explicó un referente al tanto de su designación.
En ese contexto, Pilquiman se abrió camino y se sumó como funcionario nacional del INAI. Se convirtió así en uno de los primeros referentes indígenas en acceder a un cargo en ese organismo. El episodio con la camioneta, anteayer, sumó un condimento más a ese escenario conflictivo.
El legislador rionegrino Juan Martín (Juntos por el Cambio) consideró en Twitter: "El segundo del INAI llevando gente a una usurpación, en un vehículo que no es de su organismo, sin seguro y con el registro vencido. Todo por izquierda".
En diálogo con LA NACION, Pilquiman negó las acusaciones. El INAI emitió un comunicado en el que manifestó que Pilquiman "circulaba en un vehículo oficial del organismo en el marco del relevamiento territorial en Río Negro" y que "se trasladó junto a una familia desde un paraje rural de Pilcaniyeu a Bariloche para aprovisionarse de alimentos, en el marco de la emergencia sanitaria sumado a lo efectos de la emergencia climática por las altas nevadas".
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