El Gobierno descarta restituir el Ingreso Familiar de Emergencia a la espera de que la recuperación económica impulse a los trabajadores informales

Los rumores acerca del posible regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tomaron fuerza la primera quincena de enero, parecen estar descartados. El Gobierno confía en que los programas que mantiene activos el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, son suficientes para acompañar el despegue económico de las casi nueve millones de personas que quedaron sin asistencia desde fines de 2020. En particular, de los cuatro millones de trabajadores informales que, según datos oficiales, fueron beneficiados por el IFE durante el primer año de pandemia.

Sin embargo, para algunos referentes sociales que están dentro y fuera del oficialismo, ni el repunte de la actividad económica –que, hasta el momento, avanza a paso lento– ni los alcances del plan de Gobierno bastan para apalancar al sector que vive de las changas, golpeado tras la cuarentena y la paralización de su producción.

“Yo me propuse generar 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines. Ya hay 89.324 personas con trabajo activo, 106 barrios siendo intervenidos y 269 jardines que hemos remodelado”, dijo Arroyo a LA NACION, en referencia a las acciones que encabeza el Ministerio para activar el sector de la economía popular, e indicó, a pesar de la brecha que lo separa de los cuatro millones de cuentapropistas: “Estos objetivos están incluidos dentro del presupuesto y es la política que estamos instalando. La apuesta es a que la demanda se canalice por ahí”.

En diálogo con este medio, el ministro enumeró los proyectos que gestiona su cartera. “Estamos ampliando el programa Potenciar Trabajo, que tiene 850 mil personas que cobran $10.300, la mitad del salario mínimo, y trabajan cuatro horas para el sector público o privado, que les completa su ingreso. Creamos el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), para que pasen a ser monotributistas sociales, y les abrimos una caja de ahorro en el Banco Nación”, detalló, y sumó tres acciones más “en torno a la economía popular”: un sistema de créditos no bancarios para maquinarias, la posibilidad de registrar una marca colectiva y la creación de pequeños mercados centrales para el acopio y venta de productos.

“La Argentina tiene seis millones de trabajadores que trabajan por su propia cuenta. Dos millones son profesionales y cuatro millones son del mundo de las changas. De estos últimos, un millón y medio están registrados y sobre esa base vamos a generar mecanismos para que avancen en conseguir puestos de trabajo”, concluyó Arroyo.

Pese al optimismo del funcionario nacional, dirigentes sociales que también forman parte del Gobierno advierten que el desplome de la economía informal no será fácil de revertir a corto plazo, a menos que se refuercen los planes de generación de trabajo.

“Hay más changas, una leve mejora, pero más allá de lo de Desarrollo Social, hay que hacer un plan de pico y pala de la obra pública en las barriadas. Un plan que genere trabajo para cooperativas y Pymes. En Fiorito, en cualquier lado, que lo haga la gente del barrio”, indicó a LA NACION el secretario de Asuntos Parlamentarios y referente de Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

Navarro sostuvo que, aunque “hay más movimiento”, es “heterogéneo” el crecimiento de la economía. Por lo tanto, más de un sector está y estará comprometido en el futuro próximo. “El sector gastronómico crece de manera despareja, el turismo levantó poco, los gimnasios, lo mismo. En paralelo, la construcción, la agroindustria y la industria del conocimiento vuelan. Hay gente con trabajo y gente que no tiene nada, afirmó. En este sentido, el referente de Movimiento Evita dijo que “si hay que reforzar con algún programa, eso se verá en el balance de abril y mayo”, e insistió: “Yo no soy partidario del IFE, soy partidario de un plan de pico y pala. Todos con trabajo”.

Con un desánimo decididamente mayor al de Navarro, Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dijo a LA NACION: “El rebote de la economía no es suficiente. El programa Potenciar Trabajo genera fuentes de empleo pero no resuelve el problema estructural y masivo, que es la exclusión en la que se encuentran más de cuatro millones de argentinos”.

Además, Caropresi fue crítico respecto de la estrategia con la que Arroyo pretende formalizar 300.000 trabajos. “No hay infraestructura para absorber a toda esta gente en la producción. Implicaría una planificación mucho más amplia”, afirmó. Según detalló el referente social, el MTE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y distintos gremios llevan meses diseñando el “Plan de Desarrollo Humano Integral”, tras advertir la “falta, desde la política, de una planificación que exceda el cortoplacismo”.

El Plan de Desarrollo Humano Integral es una propuesta que apunta a promover la construcción y recuperar áreas abandonadas como vías ferroviarias y predios industriales, con el objetivo de dar trabajo a cuatro millones y medio de personas que pertenecen a la economía popular y 300.000 de la economía formal. “Una suerte de plan quinquenal”, en palabras de Caropresi.

De la informalidad al sindicato

Días atrás, el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, presentó el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepsb), a través del cual se buscará dar “más representatividad” a las organizaciones sociales y canalizar en forma más ágil las demandas de esos movimientos. En referencia a la iniciativa, Caropresi se mostró esperanzado, en tanto abre el camino para “institucionalizar el sector de la economía popular como un sector más de la clase trabajadora”.

“La única posibilidad de pelear por una institucionalidad es incluir a los movimientos sociales en las herramientas gremiales, o, al menos, empezar a cruzar esas herramientas”, concluyó Caropresi. Si bien se trata de una medida incipiente, lo cierto es que el Ratepsb sienta bases para comenzar a discutir el futuro de los cuentapropistas, cuyo pasar económico se mantiene incierto, en el marco de la pandemia, con un paquete salvavidas de Arroyo que pareciera insuficiente para sacarlos a flote.

El registro significa, además, el inicio de un camino para la constitución de un sindicato. Así lo describió Daniel Menéndez, funcionario nacional de la Secretaría de Economía Social y referente de la agrupación Barrios de Pie. En diálogo con LA NACION, adelantó: “La idea es consolidar un sindicato que se incorpore a la Confederación General del Trabajo (CGT) y que se de un proceso de articulación plena entre los que son parte de la economía popular y los que están dentro del trabajo formal”.

A diferencia del resto de los dirigentes sociales consultados, Menéndez aseguró confiar en el proyecto del Ministerio de Desarrollo Social. “La cobertura de las políticas sociales, con eje en el trabajo, creemos que puede ser un horizonte suficiente para este año”, dijo a este medio, y concluyó, reconfirmando el fin del IFE: “No hay nada similar al IFE en agenda. Tenemos una mirada más optimista vinculada a que el proceso masivo de vacunación permite que el impacto de la segunda ola no corte la actividad”.