El intendente de La Matanza eligió el silencio sobre la masacre en la toma, pero subraya que denunció la usurpación
El gobierno de Espinoza evita las declaraciones cuando la Justicia toma intervención en un caso local; aseguran que, hace dos años, la municipalidad se presentó en una fiscalía por la ocupación irregular
LA NACION
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, evita pronunciamientos públicos sobre la masacre desatada en una toma de tierras en la localidad de 20 de Junio, tal como lo hace cada vez que la Justicia interviene en un caso policial fronteras adentro de su distrito, donde comenzó en diciembre su cuarto mandato. Al igual que en otros hechos de sangre sucedidos en el partido más poblado de la provincia de Buenos Aires, prima el silencio de las autoridades municipales, aunque en este caso, fuentes locales destacan que la comuna denunció hace dos años la usurpación que ayer terminó con un enfrentamiento que dejó al menos cinco muertos.
Según pudo saber LA NACION, Espinoza no abandonará su habitual silencio ante casos que investiga la Justicia. Es la misma actitud que adoptó en otros momentos de conmoción por hechos delictivos en su distrito, como los asesinatos del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía, en noviembre de 2021, o del colectivero Daniel Barrientos, en Virrey del Pino, en abril de 2023, entre otros.
La postura del intendente municipal es aguardar el avance de la investigación judicial, sin hacer declaraciones mediáticas ni a través de las redes sociales. “Espinoza tiene mucha llegada a las comunidades boliviana y paraguaya, pero cuando ya actúa la Justicia, no declara”, indica a este diario una fuente matancera.
La Municipalidad de La Matanza, según informaron a este diario fuentes locales, denunció hace dos años ante la Fiscalía Descentralizada Nº2 la usurpación de este predio. “Está trabajando con las víctimas [el área municipal de] Asistencia a la Víctima, pero puertas adentro”, grafica un informante local.
En una sintonía similar a la que utilizó el intendente de La Matanza se mantuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien apuntó sin nombrarlo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa matutina.
La argumentación que este lunes esgrimían fuentes del gobierno bonaerense indicaba que el mandatario provincial no hará declaraciones porque “es un hecho judicial”. También ponían la mira en la falta de resolución de la usurpación en la Justicia, a partir de la denuncia municipal que existiría desde hace dos años. Criticaban la demora en el tratamiento del caso.
El predio en el que se produjeron los disparos ayer está ubicado en una zona de límites de La Matanza con Merlo. Se trata de un predio en el que se instalaron familias que extienden con sus viviendas un asentamiento cercano. Es un área en la que hay tosqueras clandestinas, que incluso habrían sido objeto de denuncias de los vecinos por su peligrosidad.
El área, contó a LA NACION un dirigente político de La Matanza, ganó valor económico porque cerca pasa la nueva autopista Presidente Perón, una traza que se construye por tramos, será una extensión del Camino del Buen Ayre, abarcará 83 kilómetros y conectará 12 municipios bonaerenses.
El enfrentamiento se habría originado entre familias paraguayas y bolivianas en disputa por el predio, aunque fuentes del distrito aseguran que en el lugar habitan también argentinos y peruanos, y señalan la existencia de mafias que comercializan terrenos privados y venden más de una vez los lotes con divisiones improvisadas.
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