El kirchnerismo le iniciará juicio político al procurador Eduardo Casal

El kirchnerismo decidió avanzar un paso más en su estrategia por conseguir la remoción del procurador general adjunto, Eduardo Casal, y anunció que iniciará el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados contra el jefe interino de los fiscales por mal desempeño de sus funciones.

El oficialismo abrió así un nuevo frente contra Casal, que se suma al que, por orden de Cristina Kirchner, impulsa en la comisión bicameral de control del Ministerio Público al poner en tela de juicio su desempeño al frente, de manera interina, de la Procuración General.

De hecho, durante el debate de la comisión dos de los representantes kirchneristas, el diputado Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) y la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) pusieron en tela de juicio le legitimidad de Casal para estar al frente del Ministerio Público, por considerar que ocupa el cargo en función de la ley anterior ley orgánica, de 1998, y no por la sancionada en 2015.

"No hay ningún papel donde haya quedado establecido que el doctor Casal sea el reemplazante natural de la procuradora Gils Carbó", afirmó Tailhade, anticipando cuál será otro de los frentes por los que el kirchnerismo buscará desplazar al funcionario.

Casal está al frente del Ministerio Público desde que Alejandra Gils Carbó renunció a su conducción el 31 de diciembre de 2016. El gobierno de Mauricio Macri postuló para ese cargo a Inés Weinberg de Roca, pero nunca pudo reunir los votos en el Senado para designar a la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.

A fines de febrero último, el presidente Alberto Fernández remitió el pliego que nomina al juez federal Daniel Rafecas para el cargo, que se encuentra demorado en la Comisión de Acuerdos ante la dificultad que tiene el oficialismo en reunir los dos tercios que se necesitan para aprobar su nominación en la Cámara alta.

El anuncio del inicio del proceso de destitución a Casal fue realizado por el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Nicolás Rodríguez Saá (Frente de Todos-Buenos Aires), quien intervino de manera calculada en la reunión de la comisión bicameral, en la que se estaban analizando los pedidos de informes que se le habían formulado al procurador adjunto hace dos semanas.

Los representantes de Juntos por el Cambio calificaron la decisión oficialista como una persecución, al tiempo que rechazaron de plano las imputaciones vertidas contra Casal. "Esto parece una hoguera pública. No hemos leído un solo renglón de las notas que hemos recibido y ustedes votan pasar esto a Juicio Político", se quejó la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán).

Tras el anuncio del diputado Rodríguez Saá, el oficialismo aplicó su mayoría en la bicameral y votó girarle a la comisión de Juicio Político de Diputados los pedidos de remoción presentados por un grupo de abogados y organizaciones de claro alineamiento con el kirchnerismo.

Durante el debate, Casal volvió a ser blanco de una fuerte embestida de los legisladores oficialistas.

El más duro fue Tailhade, quien acusó de "mafioso" al funcionario por su manejo del expediente disciplinario por maltrato a su personal que se le inició a la fiscal Gabriela Boquín, que tiene a su cargo la causa del Correo Argentino.

"He leído, azorado, que la fiscal Boquín ha recibido llamados a medianoche para notificarle que le habían iniciado un sumario administrativo por denuncias con su relación con el personal en una clara actitud mafiosa", denunció el diputado. "Eso no es de un conservador, como uno puede pensar que es el doctor Casal; pasamos de conservador a mafioso", agregó Tailhade.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires) acusó a Casal de haber fabricado el sumario contra Boquín, ofreciendo premios a quienes denunciaran a la fiscal.

"A mi suena muy conocido ese modus operandi por parte de un fiscal federal, el doctor (Carlos) Stornelli, en una causa de renombre", dijo Siley, en alusión al expediente de los cuadernos de las coimas, antes de pedir que se cite "de urgencia" a la fiscal a declarar ante la bicameral.

El pedido fue secundado por el diputado Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires), pero para que Boquín explique "cuál es su relación con el personal", al aclarar que las denuncias en su contra son por maltrato y hostigamiento.

En ese sentido, Ritondo aclaró que la denuncia contra la fiscal fue formulada por siete empleados, muchas de ellas mujeres, y alertó sobre la necesidad de "tener mucho cuidado" sobre el tratamiento que se le va a dar al tema.

"En tres ocasiones el comité de disciplina atendió reclamos, en algunos casos acompañados por el sindicato. No podemos justificar bajo ninguna medida el maltrato al personal", afirmó.

En el único tema que hubo acuerdo, la comisión bicameral decidió que escuchará este miércoles, a las 14, a la fiscal Boquín.