El kirchnerismo no descansa y vuelve a la carga contra Eduardo Casal
Este jueves vuelve a reunirse la bicameral de Ministerio Público; el oficialismo analiza los cambios propuestos por el ministro Soria al proyecto del Senado
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LA NACIONGustavo Ybarra
El kirchnerismo volverá a la carga este jueves contra el procurador interino Eduardo Casal con una nueva andanada de denuncias y pedidos de informes en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público que tendrán al transitorio jefe de los fiscales como blanco predilecto de la diatriba y los cuestionamientos de los diputados y senadores oficialistas.
A pesar de que la comisión que preside el senador Martín Doñate (Río Negro), un genuino producto de La Cámpora, ha fracasado durante todo el año pasado en su intento por desplazar a Casal, la orden de Cristina Kirchner es mantener la ofensiva contra el funcionario, al que acusa de haber participado en la guerra judicial en su contra -o “lawfare”- por la que acusa al macrismo.
Esto quedó claro en la visita del ministro de Justicia, Martín Soria, a la Cámara de Diputados para tratar de reactivar el proyecto de ley, impulsado por la vicepresidenta y aprobado en noviembre del año pasado por el Senado, de reforma del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, se espera que en la reunión de este jueves el oficialismo impulse la discusión de las modificaciones, con la intención de hacer viable el proyecto para la oposición, que el ministro propuso el lunes último ante un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
La presencia de Soria se destacó por el indisimulable malestar que generó en el kirchnerismo más rancio las modificaciones que propuso y por la decisión de Juntos por el Cambio de deslegitimar la presencia del funcionario ausentándose en bloque del plenario.
Según dijo el reemplazante de Marcela Losardo en la cartera de Justicia, los cambios fueron discutidos con los presidentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, respectivamente. Ayer, Rívolo negó los acuerdos que dijo haber logrado Soria ante los diputados.
La participación del fiscal Rívolo provocó más de un gesto de malestar entre los sectores más ultras del kirchnerismo, aquellos que cumplen a rajatabla las órdenes que emanan de la presidencia del Senado.
Uno de ellos fue el diputado Rodolfo Tailhade, quien se ha convertido en un denunciador serial de exfuncionarios del macrismo y que desde su poltrona de la comisión bicameral del Ministerio Público se ha enfrentado con Rívolo por su supuesta defensa de la continuidad de Casal.
“Lo vamos a tratar en la bicameral”, prometió Tailhade, sin ocultar su fastidio con los cambios propuestos por Soria.
Además de los eventuales cambios a la reforma del Ministerio Público aprobado por el Senado el año pasado, el kirchnerismo sigue apostando por conseguir la modificación del jury de enjuiciamiento de fiscales.
La apuntada, en este caso, es Adriana Donato, representante del Colegio de Abogados de Buenos Aires en el tribunal de disciplina de fiscales.
En ese sentido, el kirchnerismo pretende que la asociación profesional le informe si la abogada cumple con los requisitos para ocupar el jury. La comisión, con mayoría oficialista, elevó una notificación hace casi dos meses que hasta ahora no fue respondida.
El desplazamiento de Donato es clave para el kirchnerismo. De lograrlo, alcanzaría la mayoría en el jury y podría, así, proceder con el desplazamiento del fiscal Carlos Stornelli, otro de los nombres que figura en la lista de “archienemigos” de Cristina Kirchner.
Mientras espera una resolución del caso Donato, avanza contra Stornelli por otros frentes. Así, en las últimas reuniones la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) pidió informes sobre las supuestas “amenazas” del fiscal contra Alberto Fernández, por haber dicho que quería hablar con él una vez que deje de ser Presidente; y la aparición de su nombre, o el de un homónimo, en una causa en la que se investigó la venta de elementos de colección del régimen nazi.
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