El protocolo antipiquetes versus el derecho a la protesta, una tensión que crece en medio de un vacío legal

“La ley se cumple. La ley está”. De este modo respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante una consulta referida al protocolo de seguridad anunciado este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Nos llama la atención que se ponga en duda el cumplimiento de la ley”, insistió el funcionario, quien presentó el procedimiento ante los medios como una guía y un respaldo del gobierno nacional a las provincias. “El apoyo va a ser total. No hay que permitir que se vulnere el derecho de buena parte de los argentinos que queremos transitar libremente”, enfatizó.

Las movilizaciones sociales, de sostenida frecuencia en el último tiempo -según un informe de la consultora Diagnóstico Político fueron casi 10 mil el año pasado- son una madeja normativa en la que conviven en abierta tensión, según señalan especialistas de diversos ámbitos, derechos constitucionales, sanciones del Código Penal, cuestiones procedimentales y hasta contravenciones municipales. Múltiples dimensiones que, solapadas, despiertan abordajes contrapuestos.

Tras el anuncio de Bullrich, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una organización social de izquierda que lleva con recurrencia sus reclamos a la calle, fue uno de los tantos referentes que salió a marcarle la cancha a la ministra. Calificó como “amenazas” a los puntos del protocolo y aludió, en primer término, a la protección constitucional del derecho a la protesta. “Hubo un cambio de gobierno, no del régimen político”, dijo y anticipó que el miércoles se movilizará en reclamo por un bono de fin de año, entre otras demandas.

“El derecho de reunión no está expresamente en la Constitución, pero es un derecho clásico en materia de libertad de expresión”, señala el constitucionalista Juan Vicente Sola, en referencia a uno de los enfoques sobre la problemática. “Detrás está la idea de que el espacio público sirve para expresar ideas. Con eficacia, para que el discurso sea reconocido”, subraya, para luego señalar uno de los aspectos centrales del conflicto: “Ahora -advierte-, el enfoque tradicional, en Estados Unidos y acá, es que no se puede limitar el tránsito de las personas. Puedo ocupar el espacio público, como forma de discurso protegido, pero no puedo impedir que otras personas circulen, porque el derecho a circular es también el derecho a la educación, a la salud, el derecho a trabajar, el derecho incluso a expresar otras ideas”.

Partidarios y detractores de las movilizaciones sociales señalan el mismo punto en la Constitución para evidenciar su prohibición o para dar cuenta de su garantía: el artículo 14, explican, es un cuerpo de garantías conformado, entre otros derechos, por los de asociación, circulación y petición. A su vez, la libertad de expresión a la que refiere Sola gana amplitud con pactos internacionales, que detallan otros aspectos de la materia. Para el constitucionalista, la costumbre ha instalado una idea “equivocada”: que la libertad de expresión se ejerce bloqueando el tránsito. “Es ilegal y siempre lo fue. En ese sentido, hubo un cambio normativo. No están claras las normas. No porque no existan, sino porque hay gente que puede estar confundida: si corto las calles y no dejo llegar al trabajo, a la escuela, o al hospital, eso está afuera de protección constitucional de la libertad de expresión”, precisa. La ministra se paró en esa línea.

“Lo que no queremos son cortes de calles. Se van a poder manifestar en la vereda”, afirmó Bullrich en la conferencia de prensa. “Las calles no se toman. Si se toman va a haber consecuencias”, advirtió en la presentación del protocolo con el cual el flamante oficialismo pretende marcar el rumbo de acción en las distintas jurisdicciones. “No se puede cortar”, enfatizan cerca de la ministra con el Código Penal en la mano, que contempla penas de hasta dos años para quien trastoque el normal funcionamiento del transporte. “Solo eso”, apuntan sin rodeos, sin aludir a la Carta Magna.

Protocolo

“Es fulbito para la tribuna”, retruca un experto en seguridad en estricto off. “Un protocolo es un acto administrativo que ordena un procedimiento. Su valor es interno solamente, no alcanza a las organizaciones sociales. Es un anuncio mediático”, señala, al tiempo que afirma que en materia de protesta social hay un “vació legal”. “Falta una ley que la regule”, apunta.

La naturaleza y el alcance del “protocolo” de seguridad también suscitó polémica en febrero de 2016, cuando en su anterior paso por la cartera, la ministra Bullrich difundió un comunicado similar, criticado, entre otras cuestiones, por no haber prohibido el uso de armas de fuego y por no haber derogado el de Nilda Garré, exministra de Seguridad. Algo que sí anunció el jueves.

La misma fuente señala, a su vez, que enfrentar las manifestaciones sociales con el Código Penal, como indican en el entorno de la ministra, será “ineficaz”. “No disuade porque nunca hay una condena. Es muy extremo [aplicarlo], entonces no se hace. Nadie quiere quedar sujeto a disponibilidad”, añade, señalando el riesgo de algún desborde o de un uso desmedido de la fuerza.

“Veremos el temperamento de Bullrich”, desafían en las filas de la ministra. “Si alguno no ha tenido decisión política, será su responsabilidad”, agitan. Pese a que solo pueden actuar en ámbitos federales, la resolución del Boletín Oficial de este viernes-en línea con lo anunciado- materializó la posibilidad de que las fuerzas federales, bajo la órbita de la ministra, intervengan en los cortes parciales o totales “sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal”.

Entre los rechazos al protocolo de Bullrich se divulgó este viernes un documento de la CGT. “Esta medida, que vulnera las libertades individuales y colectivas, no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical, y pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad”, advirtió la central obrera.

El antecedente de Mendoza

Algunos especialistas señalan y elogian el “modelo Mendoza”. La normativa vigente en la capital de la provincia anuda formas y dimensiones: una vieja ordenanza municipal de la década del 90′, reglamentada por un decreto municipal de 2008 y enmarcada en el código de convivencia ciudadana de 2014. “La municipalidad reconoce el derecho a la protesta, a la manifestación y el derecho a peticionar a las autoridades. Se compromete a garantizar la posibilidad de que se ejerza ese derecho siempre que se haga de manera legítima”, explica Nicolás Egües, subsecretario de Legal y Técnica de la provincia. “De manera legítima” no reviste ambigüedades: no menos de 48 horas antes los manifestantes deben dar aviso a las autoridades que, anoticiadas, ponen a disposición la explanada municipal, una tarima y parlantes para que la protesta se desenvuelva sin alterar o bloquear el tránsito. “La infracción –dice la ordenanza- será considerada como gravísima”. ”Si quieren movilizar –añade Egües-, tienen que hacerlo por las calles y respetando las señales de tránsito. Las multas son altísimas”

La normativa superó resistencias. El Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SUTE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron movimientos judiciales frente al decreto de 2008, pero la iniciativa fue convalidada por la Corte Suprema de la provincia y luego por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A un costado de los aspectos legales, las organizaciones sociales sostienen que el protocolo presentado por Bullrich – “represivo” y “autoritario”- es el complemento a un plan de ajuste. “Para poder llevar adelante los planes y las medidas que anunció [Luis] Caputo, no hay otra forma. No hay ajuste que pase sin represión y este es ajuste brutal. Y que intervengan las cuatro fuerzas federales también”, explica Mónica Sulle, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). “Está contemplado que tenemos un derecho al reclamo y la protesta social cuando los gobiernos no dan las respuestas que deberían”, insiste. En relación a la posibilidad de manifestar en la vereda, como en Mendoza, otro referente social apunta: “Es impracticable”.

“Nosotros vamos a dar pautas claras de lo que esperamos de las movilizaciones”, avisan en en el entorno Waldo Wolff, el ministro de seguridad porteño. “En algunas [movilizaciones] hay instancias de negociación. Otras son impredecibles: se arman de un momento a otro y no se pueden controlar. Todo eso lo vamos a alinear”, aseguran desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de las casi 10 mil movilizaciones del año pasado. “En unos días habrá novedades”, afirman, a modo de aviso.

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