Finaliza la intervención en la AFI y le ofrecen a Caamaño seguir como directora

Cuando falta un mes para el vencimiento del plazo fijado para la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el presidente Alberto Fernández le ofreció a la actual interventora, Cristina Caamaño, continuar al frente del organismo como directora. El pliego de Caamaño deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, aunque en el Gobierno aseguran que "no es un tema urgente".

El vínculo entre los servicios de inteligencia y la justicia federal fue abordado por Fernández tanto en su discurso de asunción presidencial, así como también durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Poco después de ser designada interventora, Caamaño firmó una resolución que ordenó "reducir al mínimo" la participación de los servicios como auxiliares de la Justicia en las causas penales, y limitarla a actividades "esenciales", como la lucha contra el terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos y amenazas al orden constitucional o a la paz.

También se conoció que la AFI impulsó la venta de autos de lujo que habían sido adquiridos durante la gestión de Gustavo Arribas, y el objetivo de transparentar los "gastos reservados". La semana pasada Caamaño anunció la difusión pública de casi todo el presupuesto de la AFI, de unos $2600 millones, y la reasignación de fondos reservados excedentes a distintas políticas públicas, en particular del área de la Salud.

En la Agencia Federal de Inteligencia aseguran que tienen "una cantidad" de denuncias preparadas para presentar en los tribunales federales una vez que se reanude la actividad judicial. Esas demandas, confirmaron a LA NACION, están relacionadas directamente con el desempeño del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según pudo reconstruir este medio, se denunciarán maniobras de espionaje contra integrantes del actual gobierno, así como también operaciones clandestinas que se llevaron adelante contra personas identificadas con el gobierno anterior. En la Presidencia de la Nación están al tanto de la lista de denuncias y reconocen que tendrán alto impacto político.

Durante los seis meses de la intervención la AFI puso a prueba a su plantilla de personal: se tomó un examen a 400 agentes que habían sido contratados durante el gobierno de Macri mediante una serie de 100 preguntas. Y se abrió, además, un sistema de retiros voluntarios, mediante una resolución que ofrece cinco años reconocidos de antigüedad extra a la persona que se retira.

Algunos expertos en seguridad e inteligencia cuestionaron el criterio aplicado por la actual gestión para reclutar personal y señalaron que ingresaron al organismo personas afines al oficialismo.

En simultáneo, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia reunió esta semana a parte de sus integrantes -los que pudieron asistir por estar en la Capital Federal-, que conversaron sobre la posibilidad de denunciar actos de espionaje ilegal durante la gestión de Arribas y Silvia Majdalani. Esa comisión llevará adelante una audiencia formal el próximo miércoles.

Caamaño trabajó, desde el inicio de la intervención hasta ahora, junto a un Consejo Consultivo integrado por representantes de las distintas instituciones que conforman la Iniciativa de Control Ciudadano de los Servicios de Inteligencia (Iccsi), como Sidonie Porterie, vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed); Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Beatriz Busaniche y Enrique Chaparro, por la Fundación Vía Libre.

Además, participan de ese consejo el especialista en derecho penal Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian; el jurista y excanciller Rafael Bielsa, y Máximo Sozzo, profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Quién es Caamaño

Cristina Caamaño es fiscal, presidenta de Justicia Legítima y estuvo a cargo de la Dirección de Gestión Operativa de Casos del Ministerio Público Fiscal (MPF). Durante 2015 se desempeñó como directora del entonces Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), a cargo de las escuchas telefónicas. Mientras las escuchas estuvieron a cargo de la Procuración no se denunciaron filtraciones.

Al frente de la Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 4, investigó, junto a la jueza Wilma López, el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO), ultimado durante una manifestación el 20 de octubre de 2010, y ordenó la detención del dirigente ferroviario José Pedraza.

En el entorno de Caamaño enfatizan la buena sintonía que se generó entre ella y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien se encuentra periódicamente, y a quien informa sobre las actividades de la AFI. En Jefatura de Gabinete también resaltan que Cafiero "está muy contento" con el trabajo de Caamaño.