Crisis en el Gobierno por el desalojo mapuche: aseguran que una ministra presentó la renuncia

El desalojo de tierras públicas y privadas en Villa Mascardi abrió una nueva crisis al interior del Gobierno en la que en las últimas horas arreciaron las versiones sobre la dimisión de la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Esta mañana Gómez Alcorta, exdefensora del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, prófugo de los tribunales chilenos, denunció en un comunicado “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas” en el operativo de desalojo realizado el martes. Señaló a la Justicia, pero el operativo fue ejecutado por las fuerzas al mando del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en más de una oportunidad señaló la “usurpación” de los grupos autodenominados mapuches y defendió que el desalojo se realizó “sin armas letales” y “sin un rasguño” a los detenidos.

Fuentes del Ministerio aseguran que Gómez Alcorta presentó su renuncia a Alberto Fernández, pero hasta el momento ninguna fuente oficial confirmó la dimisión y tampoco respondió si el Presdidente la aceptó. No obstante en el final de la jornada se empezó a instalar fuerte el nombre de María Cristina Perceval, actual secretaria de la cartera, en el área de Políticas de Igualdad y Diversidad.

En el Gobierno se abrieron lecturas contrapuestas sobre los dichos de Gómez Alcorta, que dejaron más al descubierto las diferencias internas sobre el manejo general del conflicto mapuche.

“No me voy a poner a defender a la justicia, pero lo de Gómez Alcorta pareció más para su tribuna que para la situación en general”, dijo una importante fuente del albertismo sobre los dichos de la ministra. Una visión en la que coincidían hoy otras voces dentro del oficialismo. “Está bien lo que está haciendo Eli”, defendían otras fuentes de Casa Rosada. LA NACION se comunicó con el Ministerio de las Mujeres, pero no respondieron ante las consultas realizadas.

Según explicaron desde la cartera a través de un comunicado, “se encuentran siguiendo el caso desde el primer momento e interviniendo activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”. El planteo despertó la adhesión de distintos organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como de colectivos como el de Actrices Argentinas.

El comunicado de Gómez Alcorta llegó un día después de que la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro denunció la ausencia del ministerio. “No ha habido intervención del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, así como tampoco del Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) por la situación de los bebés detenidos”, advirtieron la organización mapuche en su cuenta oficial. Destacaron que, en cambio, recibieron asistencia “de los abogados de la APDH y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos”.

En su mensaje de este jueves, el ministerio de Gómez Alcorta señaló que “frente a las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”, el miércoles “presentó un escrito en la causa, para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada”.

El traslado a la cárcel de Ezeiza de las mujeres detenidas -los hombres de la comunidad escaparon hacia las montañas y son buscados por miembros de las cuatro fuerzas federales- fue uno de los puntos objetados por la ministra, así como el estado de la mujer embarazada. “El traslado fue decidido por la justicia, todo lo que está objetándose viene de ahí”, insistían hoy en la Casa Rosada.

“Está claro que este gobierno no se mueve un centímetro de la defensa irrestricta de los derechos humanos, pero que ella salga a hablar de esto ahora parece más para su tropa propia que otra cosa”, insistían hoy. La mención se da en medio de la primera intervención del Gobierno en un desalojo a comunidades mapuches desde que llegó Alberto Fernández llegó al poder, en diciembre de 2019, pese que ya existían órdenes judiciales de desalojo vigentes. La intervención del ministerio de Aníbal Fernández marcó así un camino distinto al transitado por su antecesora, Sabina Frederic. Y cuando además ya no está Magdalena Odarda en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): dejó el cargo en medio del descontento del Gobierno por su rol, pese a que ella aseguró que era por motivos personales.

“Los cuestionamientos fueron a la justicia, no al Ministerio de Seguridad”, distinguían algunos funcionarios hoy en busca de evitar que creciera una polémica alrededor del tema. “Ni los propios dejan un segundo que tengamos una a favor, aunque ella le haya apuntado a la Justicia. Eso no significa que haya que tolerar ningún eventual exceso del Poder Judicial, que claramente no es amigo nuestro”, resumió un funcionario sobre el tema. Su expresión aludió al alivio que en el Gobierno se respiró desde el último martes, luego de que se produjera el desalojo los predios afectados, sin incidentes. El fantasma de lo sucedido en la zona en 2017 con el asesinato del joven Rafael Nahuel, a manos de Prefectura había sobrevolado la previa del operativo ordenado por la Justicia y llevado a cabo por las cuatro fuerzas federales, que preocupaba tanto en Casa Rosada como en otras terminales oficialistas. El propio Presidente estuvo siguiendo de cerca lo que sucedía en Mascardi.

Luego de que se concretara el desalojo y en las horas posteriores se valoró el resultado en el que también destacaban no solo el accionar de las fuerzas sino también la coordinación con el gobierno y la policía de Río Negro. La postura no fue unánime y en buena parte del kirchnerismo hubo molestias por el avance de la fuerza en el lugar.

“Se recuperaron las propiedades, no hubo heridos y después todo quedó en manos de la Justicia. Si ella (por Gómez Alcorta) advierte que hay un problema con eso, está muy bien que intervenga, como supongo que lo hace o debería hacer en todos los casos. Pero quizá lo ideal hubiera sido que lo haga sin salir a hablar y embarrando todo”, evaluó una de las voces oficialistas, en diálogo con LA NACION.

“El operativo fue bueno, la Justicia está actuando mal. Por eso queremos justicia feminista”, dijeron también fuentes oficiales de Casa Rosada.

“Más allá de que la responsabilidad de lo planteado le cabe al Poder Judicial parecería que nos quieren correr por izquierda”, contraponían en los últimos días desde la cartera de Seguridad, luego de que se conociera la creación del comando unificado de las cuatro fuerzas federales para actuar en la zona. “Este es un gobierno de lo más variopinto, ¿qué te puedo decir?”, se sinceró un alto funcionario del kirchnerismo, con despacho en el microcentro porteño.

Luego de conocerse la entrevista radial que dio Gómez Alcorta primero y poco después que se comunicaron oficialmente los movimientos de su Ministerio en el caso, el ministro Fernández usó su cuenta de Twitter para fijar posición hablando tanto de lo que fue el operativo así como de las responsabilidades de la Justicia: “Hubo una semana de trabajo previo de preparación para poder resolver el tema de la usurpación. Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo”.

“Es un tema de la justicia. Aníbal no se va a meter: está en manos de la jueza y todo gira en función de la Justicia”, insistieron cerca del ministro.