Holdouts: los diputados que negociaron cambios en el acuerdo hasta el filo de la votación

Hacía mucho tiempo que en el Congreso no se respiraba un aire de auténtico debate. Después de 12 años en los que el kirchnerismo utilizó su mayoría para aprobar sus leyes sin aceptar modificaciones ni sugerencias de la oposición, el Parlamento recuperó su espíritu de deliberación y así quedó demostrado en el tratamiento de la primera ley del gobierno de Mauricio Macri .

El oficialismo, en minoría, abrió el dictamen del acuerdo con los holdouts y aceptó modificaciones que le aportaron los bloques opositores hasta último momento. De hecho, de los 19 artículos que tiene el proyecto, 11 tuvieron cambios que, si bien no afectaron el núcleo duro de la propuesta argentina a los fondos buitre, apuntaron a blindar el acuerdo ante eventuales nuevos litigios de los acreedores externos.

Entre los principales artífices del acuerdo votado figuran Luciano Laspina (Pro), presidente de la Comisión de Presupuesto, en línea permanente con Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador y principal asesor económico de Sergio Massa en el Congreso. Lavagna, hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna , fue quien hasta último momento propuso cambios en el dictamen. También tuvo una participación activa el diputado Diego Bossio, del bloque Justicialista, que logró que en el proyecto se fijara un límite al endeudamiento por 12.000 millones de dólares para afrontar el pago a los holdouts, y que cualquier excedente se computara a cuenta de lo ya autorizado en el presupuesto 2016 en materia de deuda.

También fue importante el aporte de las diputadas Margarita Stolbizer y Alicia Ciciliani, del frente Progresistas, que lograron incorporar en la iniciativa la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento permanente sobre las tratativas de la deuda externa argentina.

Lavagna propuso varios cambios que fueron aceptados. Entre ellos, la condición de que la nueva emisión de deuda deberá contener cláusulas "pari passu" (igual trato) para evitar que en un futuro los bonistas puedan reclamar embargos como los que dictó el juez Griesa. Además, se insertó la obligación de que estos cupones contengan cláusulas de acción colectiva, para permitir que en caso de reestructurarse esta nueva deuda pueda hacerse con el 65% de las adhesiones e impedir que el restante 35% pueda accionar contra la Argentina como lo hicieron los buitres.

Asimismo, se condicionó la ratificación de los acuerdos con los holdouts y el pago de los mismos a que primero la Justicia de Estados Unidos levante todos los embargos (órdenes Pari-Passu) que pesan sobre la Argentina y que impiden al país pagarles a los tenedores de los bonos de la deuda reestructurada en los canjes 2005 y 2010.