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La Academia Nacional de Periodismo consideró “un precedente de enorme gravedad” el procesamiento de Daniel Santoro
Dijo que el fallo del juez federal Luis Rodríguez coloca “en situación de riesgo” a toda la prensa; destaca que la acusación no se sustenta en pruebas
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LA NACION
La Academia Nacional de Periodismo consideró “un precedente de enorme gravedad” para la profesión el fallo del juez federal Luis Rodríguez que procesó y embargó a Daniel Santoro, periodista del diario Clarín, en una causa por supuesta extorsión al empresario Daniel Traficante.
La entidad expresó “su profunda preocupación por la decisión del cuestionado juez Rodríguez” y advirtió: “Un periodista no debe ser juzgado por sus fuentes y nadie debe ser condenado sin las suficientes pruebas. Santoro fue condenado por el juez Rodríguez por un superficial contacto con una fuente de información. Y el magistrado no aportó ninguna prueba en su extenso dictamen de la supuesta complicidad del periodista con un delito”.
Según la academia, “la decisión intenta destruir el prestigio de un periodista varias veces premiados en el país y en exterior por sus trabajos de investigación”. Al tiempo que se solidarizó con Santoro y reclamó que la resolución sea revocada de inmediato por las instancias superiores, afirmó que este procesamiento “coloca a todo el periodismo en situación de riesgo, porque ubica en un mismo plano la tarea periodística y sus fuentes de información”.
Rodríguez consideró que Santoro fue “partícipe necesario” de la maniobra en la cual -según la denuncia- se le pidió a Traficante el pago de 600.000 dólares para no quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercaderías conocida como “mafia de los contenedores”. “Daniel Pedro Santoro tuvo un importante rol en el suceso criminal investigado, teniendo incidencia directa sobre la credibilidad de los dichos de [Marcelo] D’Alessio hacia [Daniel] Traficante, en la intimidación moral que ejerciera sobre éste o que introduce información falsa para contribuir en una extorsión en curso”, sostuvo Rodríguez.
Santoro consideró “absurdo” que se considerara como parte de la extorsión que hubiera consultado a Traficante antes de publicar una nota sobre el caso. “¿Debería no haberlo llamado un día antes de publicar?”. A su mensaje, adjuntó una captura de una conversación de WhatsApp fechada el 25 de noviembre de 2016. Allí se lee un pedido de consulta periodística a Gabriel Traficante que nunca obtuvo respuesta.
Rechazos de entidades
Tras conocerse el procesamiento de Santoro, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado para rechazar la decisión del juez Rodríguez. “Fopea condena este nuevo abuso contra un periodista basado en la misma errónea y falaz interpretación que utilizó el juez Ramos Padilla”, indicaron.
Asimismo, desde la organización periodística subrayaron: “Fopea ya hizo las denuncias correspondientes a los foros internacionales de defensa de los periodistas, y se están analizando nuevas acciones en el plano local”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se sumó a Fopea y mostró “su preocupación” por la resolución de Rodríguez quien consideró que el periodista fue “partícipe necesario de la maniobra”, cuando “no hay pruebas de que haya actuado con dolo o haya recibido un beneficio económico de parte del acusado”.
La asociación reclamó que “no deben confundirse las conductas o los antecedentes que posean eventuales fuentes de información periodística con el trabajo que hacen los profesionales de prensa para llevar datos de interés público a conocimiento de la audiencia”.
Otra entidad que se pronunció en defensa de Santoro fue la Fundación LED, que dirige la exdiputada Silvana Giúdici (Juntos por el Cambio): “Esta resolución adoptada por el magistrado Luis Rodriguez en el marco de la causa ‘D´Alessio, Marcelo Sebastian y otros s/ asociación ilícita, etc’, vuelve a poner en riesgo el pleno ejercicio de la labor periodística. Reiteramos como siempre la importancia de respetar las decisiones judiciales, pero no podemos dejar de remarcar que la utilización de procesos judiciales como herramienta para controlar o acallar la labor periodística es claramente contraria a los principios legales de nuestro país y a los que sostiene el sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
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