La AFIP promueve a un alfil de Echegaray, pese a que está acusado de estafa

Terminaba 2015 cuando uno de los alfiles de Ricardo Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió viáticos para viajar a un congreso de la OCDE en el Caribe. Pero en vez de asistir a ese evento, usó el dinero y los pasajes para irse de vacaciones a Miami. Ahora, procesado y con el riesgo cierto de afrontar una condena, le pidió a la AFIP llegar a una conciliación. Y el organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont se lo aceptó. No solo eso. Lo promovió, cuando la Justicia todavía no definió si convalida o rechaza ese acuerdo.

El protagonista es Horacio Curien, uno de los máximos lugartenientes de Echegaray. A su lado fue subdirector general de Fiscalización, uno de los cargos más sensibles y poderosos dentro de la AFIP, y luego lo acompañó a la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero salió a la luz que a fines de 2015 pidió autorización, pasajes y viáticos para asistir a una conferencia en Barbados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que no fue. Desvió el dinero y los tickets pagos por el Estado para irse de vacaciones a la Florida.

La denuncia mutó en investigación penal, donde quedó claro que jamás asistió a la “8ª Reunión del Foro Global ́sobre Transparencia e Intercambio de Informacion con Fines ́Tributarios”, sino que enfiló hacia Estados Unidos, algo que jamás le informó a la AFIP, ni devolvió el dinero público.

Ahora, el Tribunal Oral Federal N°1, que integran Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Michilini, convocaron a una audiencia para la primera quincena de noviembre. Allí, Curien, la Fiscalía y la AFIP deberán plantear sus argumentos a favor o en contra de cerrar la causa penal con un acuerdo de conciliación que le evite a Curien una condena y le permita, por tanto, continuar dentro de la AFIP.

Consultados por LA NACION, voceros de la AFIP apoyaron esa opción. “Curien pidió un acuerdo conciliatorio y ofreció pagar los 1400 dólares y 74.000 pesos objetos de cuestionamiento y que, actualizados, dan poco menos de 500.000 pesos, los que ya pagó”.

El Ministerio Público, sin embargo, rechazó esa opción por considerar que Curien era funcionario y que, por tanto, la ley le impide acceder al acuerdo conciliatorio que pretende.

El cuadro procesal de Curien es complejo. La Cámara Federal porteña lo procesó en septiembre de 2019. “A la hora de rendir cuentas”, resolvió, “Curien no informó que no había viajado a la ciudad de Bridgetown, dejando solamente constancia en carácter de observación que la fecha de regreso había sido modificada por motivos personales y que no poseía las tarjetas de embarque correspondientes al tramo Miami-Barbados. Tampoco procedió a reintegrar ninguna de las sumas destinadas a solventar sus gastos de viaje y los pasajes”.

Para los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quedó probado que Curien usó de pantalla la conferencia de la OCDE, “logrando con ello solventar los gastos de un viaje por trabajo que –premeditadamente– no hizo, trasladándose en cambio a un destino distinto con fines ajenos completamente a aquellos por los que se dispusieron los fondos a su favor”.

Procesado por presunta estafa en perjuicio de las arcas públicas, el expediente recaló entonces en el TOF 1 para sustanciar un juicio oral. Pero el 5 de marzo pasado, la defensa presentó un acuerdo firmado con el actual subdirector general de Administracióń Financiera de la AFIP, Juan Arturo Siegenthaler, por el cual Curien se comprometía a devolver $493.748,30 y la AFIP levantaba su reclamo, extinguiendo la acción penal.

Tanto la Fiscalía como el TOF –con los votos de Basílico y Michilini, y la disidencia de Grünberg–, rechazaron la propuesta de acuerdo por tratarse de un funcionario y estimaron que debería afrontar un juicio oral, con el consiguiente riesgo de una condena, por lo que Curien apeló ante la Casación Federal, máximo tribunal penal del país.

Curien planteó en su apelación que el TOF 1 obvió tomar en cuenta el interés de la AFIP por arribar a una solución y así “dar por finalizado un conflicto penal ya de por si absurdo, donde se avanzó en franca vulneración de las normas administrativas y de control interno del ente supuestamente defraudado”.

El acusado fue más lejos. Afirmó que afronta “una persecución penal ciertamente arbitraria y que en nada hace al interés de nadie y que, a decir verdad, despierta dudas sobre intencionalidades de otra índole”, cuando deberían sobreseerlo por extinción de la acción penal.

El 28 de septiembre pasado, la Casación le dio la razón, aunque no adoptó todos sus argumentos. Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky concluyeron que el TOF debió celebrar una audiencia oral con la Fiscalía, la defensa y los abogados de la AFIP presentes para que todos plantearan sus argumentos.

Promovido con causa penal

Ahora, Basílico, Grünberg y Michilini avanzarán en base a los lineamientos trazados por la Casación, que también dejó claro que la función pública que ejercía Curien en aquel momento no sería obstáculo para, llegado el caso, arribar a un acuerdo conciliatorio con la AFIP. La audiencia podría concretarse el jueves 4 u 11 del mes próximo.

Mientras la Justicia define qué hacer, sin embargo, Marcó del Pont ya promovió a Curien. A mediados de este año lo asignó a la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP, ciudad donde conoció a Echegaray cuando estudiaban en la Universidad.

La línea que adoptó la AFIP con Curien contrasta con la que siguió con otros funcionarios de La Plata, Mercedes, Bahía Blanca y Santa Fe, entre otras regionales del interior. Bajo órdenes de la directora de Coordinación y Supervisión Impositiva del Interior, Natalia Mondino –ligada al propio Curien–, fueron desplazados aquellos que firmaron escritos judiciales en las causas vinculadas a Echegaray, Lázaro Báez o Cristóbal López, entre otros.

Para Curien, de todos modos, la presunta estafa al Estado con viáticos no es su primera turbulencia. Antes fue señalado como uno de los sabuesos que viajaron en abril de 2009 a Río Gallegos para reunirse con el entonces contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Juntos evaluaron cómo resolver las “inconsistencias conceptuales” en las declaraciones juradas impositivas de los Kirchner en plena investigación penal por su presunto enriquecimiento ilícito.

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