La Cámara de Casación definió las audiencias para revisar la condena a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad
Los tres jueces de la sala organizaron las exposiciones de los defensores y del fiscal; se retomarán en febrero, marzo y abril, y luego se decidirá si se confirma o no la pena de seis años de prisión; la UIF no participó
LA NACION
La Cámara de Casación Penal comenzó los trámites para revisar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua impuesta a Cristina Kirchner por el delito de fraude contra la administración pública a raíz del direccionamiento de las licitaciones de obras pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña realizaron este jueves una audiencia de organización de las próximas reuniones en las que el fiscal Mario Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo.
Estuvo ausente la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el único querellante que permanece en la causa y que aún no renovó sus autoridades con el cambio de Gobierno ni se estableció qué criterio van a seguir sus abogados en el proceso. Los letrados de la UIF del gobierno anterior, en una controversial decisión, evitaron acusar a Cristina Kirchner y solo pidieron una leve pena para exfuncionarios menores.
La fiscalía sostiene que la condena contra Cristina Kirchner debe agravarse porque propone que debe ser castigada no solo por fraude, sino también por el delito de asociación ilícita. En el juicio oral, el fiscal de juicio Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión.
Asimismo, el fiscal Mario Villar quiere que se condene a quienes fueron absueltos en el juicio oral, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. Las defensas, por otro lado, quieren revocar la condena y que sean dispuestas absoluciones.
Los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña debe resolver acerca de recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Cristina Kirchner, Báez y José López, por el delito de fraude a la administración pública, y el recurso del fiscal Luciani contra la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces son los días 22 y 29 de febrero, 7, 14 y 25 de marzo y 4 de abril.
El tribunal y las partes presentes acordaron que primero expondrá la fiscalía, el 22 de febrero. Luego, el 29 de febrero, hablarán las defensas de Mauricio Collareda y Raúl Osvaldo Daruich; el 7 de marzo las de Cristina Kirchner y José López; el 13 de marzo las de Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe; el 25 de marzo las de Lázaro Báez y Guillermo Periotti, y el 4 de abril los abogados de Julio de Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro.
Se acordó también que las exposiciones serán llevadas a cabo de manera presencial en Comodoro Py. Las audiencias serán transmitidas en vivo por YouTube para garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno.
La revisión de la Casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba. Luego de su fallo sólo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional.
Kirchner, López, Periotti y Báez fueron condenados a seis años de prisión; Villafañe y Pavesi recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente, mientras que a Santibáñez y Daruich se les impusieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.
Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que deberán -junto con Báez- hacer frente a las accesorias legales y las costas del proceso.
En su veredicto, los jueces absolvieron a Julio de Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro por administración fraudulenta, y declararon prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner y dispusieron su sobreseimiento.
Los jueces del tribunal oral habían ordenado el decomiso de casi 85.000 millones de pesos, producto de la comisión del delito.
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