La Cámara Federal porteña dijo que no se probó una “asociación ilícita” montada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

La Cámara Federal porteña dictó hoy un fallo en el que sostuvo que no hubo una banda organizada desde la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos para espiar a políticos, propios y opositores, periodistas y sindicalistas (entre ellos, Cristina Kirchner), y revocó los procesamientos de una veintena de acusados por el delito de asociación ilícita, incluido Gustavo Arribas, exjefe del organismo.

Asimismo, confirmó la falta de mérito de Dario Nieto, secretario del expresidente Mauricio Macri, y dejó procesada a Silvia Majdalani, exnúmero dos de la AFI, pero no por asociación ilícita, sino por abuso de autoridad. Además, confirmó los procesamientos por espionaje ilegal de una decena de exespías del organismo.

El fallo fue firmado por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y, en disidencia, Eduardo Farah.

La comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, controlada por el kirchnerismo, sostiene la idea de que Macri hizo del espionaje una política de Estado. Este fallo deja de lado esta idea y considera que las acciones de espionaje ilegal sobre periodistas y políticos eran actividades de un grupo de espías que actuaban por cuenta propia. Así, desligó a Arribas.

La Justicia descartó de este modo que las tareas de espionaje ilegal obedecieran a la existencia de una asociación ilícita con miembros repartidos a lo largo y ancho del Estado, con roles bien definidos y con un plan orquestado para incidir en la situación política, social e institucional del país.

En el plano político, el fallo es leído en el macrismo como un cuestionamiento directo a la idea del juez federal de Dolores Martín Bava, que procesó a Macri por espionaje en el caso del ARA San Juan. El magistrado dio por cierto esta idea del espionaje como política de Estado del macrismo, como método, idea que ahora fue descartada por la Cámara Federal.

Los camaristas de la mayoría fueron inusualmente críticos del juez Juan Pablo Auge, que había dispuesto los procesamientos, y con la fiscal Cecilia Incardona, aspirante a integrar esta misma Cámara Federal. Los camaristas dijeron que el fallo del juez de Lomas de Zamora “tiene falencias de valoración y fundamentación”. Señalaron que las fallas del fallo no alcanzan para declarar todo nulo, en aras de respetar un principio de conservación de los actos procesales, aunque indicaron que se encontraron con “razonamientos erróneos del juez, el copiado y pegado irreflexivo de un dictamen fiscal y contradicciones”.

Dijeron que “algunos procesamientos se basaron en la consideración aislada de la posición jerárquica ocupada por ciertos imputados, que determinados descargos fueron desoídos y, fundamentalmente, que aún restan muchas medidas por producirse para esclarecer la totalidad de los hechos investigados”.

Los jueces dijeron que los grupos de espías de la AFI que hicieron las tareas de espionaje ilegal “ejecutaron operativos de inteligencia ajenos a las misiones de la institución”, pero no como parte de una asociación ilícita sino como actividades privadas cuya investigación ordenaron profundizar. La Cámara sospecha que podrían haber intentado “obtener dinero por su cuenta o compartir información con individuos que el juez ubicó fuera de la asociación”.

“Estos intereses particulares conspiran contra la idea de un plan transversal a la estructura del Estado Nacional”, escribieron los camaristas.

Según la Cámara, funcionarios como Diego Dalmau Pereyra -a cargo de la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la AFI- o Alan Ruiz -Director de Operaciones Especiales- eran quienes controlaban las observaciones ilegales realizadas por agentes a su cargo. Pero los jueces dijeron que Auge recopila copiosos chats de sus comunicaciones malvalorados y que con ellos construyó un relato.

“La profusa y copiosa transcripción de diálogos es expuesta con estridencia, pero con escasa mirada crítica”, dijeron los camaristas. Así analizaron cada uno de los casos de espionaje y concluyeron que son actividades personales de los espías con las que quisieron presionar a los espiados, buscar un beneficio económico o juntar información con motivaciones que deben investigarse.

En el caso de Diego Santilli, uno de los espiados, dijeron que buscaron presionarlo, pero que de ningún modo “tenían la intención de influir en la situación institucional, política, social o económica del país, en los partidos políticos, en la opinión pública o en medios de difusión”. “Antes bien -escribieron-, parecen dar cuenta de objetivos netamente particulares, vinculados con la obtención de un lucro económico.”

En el caso del periodista Hugo Alconada Mon, también víctima del espionaje, los jueces dijeron que los seguimientos pretendían recopilar datos personales y que se deben investigar sus motivaciones. Como hipótesis señalaron que hay que determinar si se pretendía usar la información “en una suerte de ‘doble vía’; es decir, si luego se evaluaba su entrega tanto a un tercero y/o a la misma víctima con un fin extorsivo”.

Cristina Kirchner

En el caso de Cristina Kirchner, los camaristas Llorens y Bertuzzi dijeron que “se advierte que aún no surge con claridad cuál fue la finalidad perseguida por los agentes de la AFI que estuvieron detrás de estas investigaciones”. Y afirmaron: “El confuso análisis formulado por el magistrado instructor, en el cual conviven y se entremezclan acciones prohibidas con otras que, a la luz de la prueba reunida, distan de serlo, impide de momento tener por acreditada, incluso con la provisoriedad propia de esta etapa, la finalidad ilícita invocada y obliga a profundizar la pesquisa a efectos de establecer los reales alcances que tuvo la actividad desplegada, tarea que desde ya quedará encomendada”.

En el caso de los seguimientos a la vicepresidenta en el Instituto Patria dijeron que estos hechos fueron leídos por el juez Auge como “una trama en la que una inmensa organización dedicada al espionaje ilegal, y que era trasversal al Estado, habría engañado a un juez federal para lograr sus designios”. Y que, sin embargo, no está probado que eso haya sido así.

En el caso de Arribas, los camaristas concluyeron que no hay pruebas de que hubiera dado órdenes para el espionaje ilegal. En el caso de Majdalani, en cambio, dijeron que “existen ciertos indicios que si bien no permiten afirmar que desplegó efectivamente su influencia sobre los agentes de la AFI que participaron en los casos, su cercanía a estos la ubica en otro escenario”, diferente al de su jefe.

“Descartada por el momento su participación como jefa de una asociación ilícita para realizar actos de espionaje, el juez deberá producir las medidas de prueba que restan para aclarar su eventual intervención en los hechos, los cuales de momento solo podrían encuadrarse en un incumplimiento de los deberes de funcionaria pública”, concluyeron.

Por eso, mandaron a profundizar los entrecruzamientos de llamados y la ampliación de la prueba informática y pericial que permitiría contar con mayores elementos para evaluar la actuación de Majdalani.

Los camaristas le indicaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso, que “delimite los verdaderos contornos de los hechos investigados” para determinar cómo se integran “dentro de una narrativa coherente” y precisar “el rol que cupo a cada imputado”.

Los procesados, uno por uno

Los jueces resolvieron confirmar el procesamiento de Majdalani, pero solo por abuso de autoridad, no por asociación ilícita. Los exespías Ruiz, Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano quedaron procesados por espionaje y con falta de mérito por asociación ilícita.

Fueron revocados los procesamientos de Arribas, María Belén Sáez, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Daiana Romina Baldasarre, Jorge Ochoa, Javier Esteban Bustos, Jonathan Ezequiel Nievas, Aníbal Rolando Meza, Matías Gregorio Fernández, Sebastián Alejandro Siri, Oscar Atilio Lema, Miguel Ángel Perrota, Fernando Carra, Emiliano Blanco, Juan Sebastián De Stefano, Mariano Ruda Bart, Bernardo Miguens, Darío Emiliano Picabea, Fernando Gustavo Whaler, Sebastián Alejandro Iglesias y Claudio Héctor Marcus, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva y Susana Martinengo