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La Coalición Cívica intimó al Gobierno nacional por la situación de Formosa
Legisladores de la fuerza que responde a Elisa Carrió insistieron ante la Justicia para que el Gobierno ponga freno a las violaciones de derechos humanos en el territorio que administra Gildo Insfrán
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LA NACION
La Coalición Cívica presentó un amparo para intimar al Poder Ejecutivo nacional a que ponga freno a las violaciones de derechos humanos en Formosa. La acción fue encabezada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes viajaron a la provincia que gobierna Gildo Insfrán para acompañar las manifestaciones en repudio a las medidas oficiales, que empezaron el viernes 5 de febrero y aún continúan.
El amparo presentado es contra el Ministerio del Interior de la Nación, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que lidera Horacio Pietragalla Corti; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta; la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), intervenido por Victoria Donda, y el Ministerio de Salud de la Nación, a cago de Carla Vizzotti.
En el escrito se le solicita a la Justicia que garantice los derechos de las mujeres de la comunidad originaria El Potrillo. quienes denunciaron ser perseguidas, detenidas arbitrariamente y sometidas a cesáreas involuntarias en los centros de aislamiento gubernamentales. También, que se aseguren protocolos sanitarios para la realización del testeo al Covid-19 y el cumplimiento de derechos en los centros.
“La acción de amparo es procedente ante la manifiesta omisión estatal en cumplir una obligación, legalmente impuesta a su cargo, y que tiene como consecuencia las violaciones en los derechos de los habitantes de las diferentes jurisdicciones, que quedan supeditados a las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, el derecho a la salud, a la vida, a la identidad y a la igualdad de los ciudadanos se ven afectados de manera irrazonable poniendo en riesgo la integridad física, moral y psíquica, por acciones y omisiones que resultan arbitrarias”, dice el texto, que también lleva la firma del legislador porteño Hernán Reyes y los diputados nacionales Juan Manuel López, Mariana Stilman, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Carolina Castets y Alicia Terada.
Ferraro, que preside la CC, indicó: “Ya no hay ningún tipo de excusas, es imperioso que la Justicia le exija al Presidente y sus ministros que aseguren la vigencia de los derechos humanos y las libertades en la provincia de Formosa ante las violaciones evidentes de las que todo el país es testigo a diario”.
Ayer, el diputado publicó imágenes en su cuenta de Twitter en las que se lo vio junto a Frade acompañando a los formoseños que salieron a la calle, por doceavo día consecutivo, a reclamar el fin de las restricciones impuestas por el gobierno de Insfrán para gestionar la pandemia, y el avasallamiento de derechos. Las manifestaciones comenzaron a principios de febrero, cuando el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 de la provincia dispuso el regreso a la fase 1 en la ciudad de Formosa. “Gildo Insfrán es un tirano que se cree dueño y señor, y cada día que pasa profundiza los abusos”, sostuvo Ferraro.
Por su parte, la diputada Frade, que esta semana viajó por tercera vez a Formosa, afirmó: “El Poder Ejecutivo Nacional debe hacer cesar la violencia institucional y la supresión de los DD. HH. en Formosa, a través de sus funcionarios competentes. La Justicia debe declarar procedente nuestro pedido”. La legisladora también hizo pública su participación en la marcha de ayer, y se tomó una foto junto a Ferraro delante de un cartel que decía: “Gildo facho ladrón”.
“Estamos actuando contra la intolerable inacción y el silencio cómplice del Gobierno Nacional para con Gildo Insfrán. El Estado Nacional está obligado, por los tratados de DD.HH. internacionales, a ser el garante de la protección de los derechos contra la condición humana en todo el territorio de la República”, señaló el diputado Reyes, quien también encabezó la acción de amparo, junto a Ferraro y Frade.
“La violación de derechos está probada”, insisten los legisladores de Pro
En paralelo, los diputados nacionales del bloque Pro emitieron un comunicado en el que afirmaron que la violación de derechos humanos en Formosa “está probada, aunque el gobierno nacional niegue una realidad que avergüenza a los argentinos y enluta a la democracia”.
En este marco, el diputado nacional Waldo Wolff formalizó una denuncia en la Justicia contra Pietragalla Corti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento” y fue acompañado por sus pares Fernando Iglesias, Enrique Sahad, Adriana Ruarte, Omar De Marchi, Álvaro de Lamadrid, Pablo Torello, Jorge Enríquez, María Carla Picolomini y Héctor Antonio Stefani.
“Las investigaciones y denuncias realizadas por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio y por el periodismo independiente, ponen de manifiesto la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de Formosa. Las mujeres embarazadas de la etnia wichi que se esconden en el monte del oeste provincial, por miedo a ser sometidas a aislamientos obligatorios y a que las separen de sus hijos recién nacidos, o el temor a sufrir cesáreas compulsivas deberían provocar el repudio unánime de la sociedad argentina”, dice el comunicado, que agrega: “Estas acciones lesionan de gravedad el sistema de derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos”. Los diputados también insistieron, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, en condenar “los aislamientos compulsivos, las restricciones de circulación y la represión de la protesta”.
LA NACION
