La Corte dejó firme la condena a un exintendente de Pinamar por pedirle coimas a los dueños del boliche Ku

La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena contra el exintendente de Pinamar Roberto Porretti, sentenciado por extorsión a dos años y medio de prisión en suspenso por pedir dinero a los dueños del boliche Ku de esa localidad de la costa atlántica bonaerense, para permitirles trabajar en el verano de 2007-2008.

El máximo tribunal desestimó un planteo de Porretti. En la causa se acreditó que entre fines de 2007 y principios de 2008 Aldo Leonian, por entonces secretario de Gobierno del municipio de Pinamar, en acuerdo con Porretti, exigió a los propietarios del complejo Ku, Rubén Darío Cameroni y Javier Armando Porjolovsky, la entrega de 175.000 pesos.

Los exfuncionarios amenazaron a los empresarios con no dejarlos trabajar si, además de abonar la suma de 225.288 pesos en concepto de canon por invasión de espacio público que supuestamente debían tributar, no entregaban 175.000 pesos para su propio beneficio.

Durante la investigación se constató que las víctimas efectuaron tres pagos de 30.000 pesos cada uno, durante enero de 2008. Por esta acusación, Porretti fue destituido por el Concejo Deliberante en junio de 2008. El 13 de junio de 2018, el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Dolores condenó a Porretti a 2 años y medio de prisión en suspenso.

La defensa del exfuncionario apeló esa decisión, que fue confirmada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense. Llegado el caso hasta el máximo tribunal, la Corte -con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- desestimó su planteo.

En el juicio oral fue clave un video realizado por Javier Porjolovsky y Rubén Cameroni y fue presentado el 9 de febrero ante la fiscal de Dolores, María Fernanda Hachean, para demostrar que el intendente de Pinamar les pidió una coima que ellos se negaron a pagar. El Boliche Ku permaneció cerrado siete años hasta que el verano pasado reabrió parcialmente con otro nombre y como bar. El lugar era la parada nocturna emblemática del poder político y la farándula en la década del ‘90, cuando Pinamar era el epicentro de todas las movidas.

La estructura que permitía terminar la madrugada en la playa y ver el amanecer empezó a ser demolida. El lugar pertenece a la empresa del abogado Víctor Stinfale, titular de la empresa que vende la bebida energizante Speed y quien orienta los destinos de Deportivo Riestra. Stinfale se vio envuelto en controversiales causas judiciales, como una en la que fue absuelto -como abogado de Carlos Telleldín- en un juicio por encubrimiento. También fue procesado por la tragedia del boliche Time Warp.