La designación de Marcela Losardo ante la Unesco no será tratada con urgencia en el Senado

“Agobiada” por la tarea encomendada, según la palabra utilizada por el propio presidente Alberto Fernández, tras su renuncia al Ministerio de Justicia a Marcela Losardo la espera la designación como embajadora ante la Unesco, sitial que quedó vacante tras la muerte de Fernando “Pino” Solanas. Sin embargo, nada garantiza que a la socia de estudio jurídico del jefe del Estado el Senado le selle con rapidez el ticket que le permita concretar su retiro dorado en París.

“Preguntale a Daniel Rafecas y a Miguel Pesce”, respondió, entre risas, un connotado senador oficialista cuando se le preguntó si el oficialismo iba a tratar con celeridad el eventual pliego que nomine a Losardo como embajadora argentina ante el organismo de las Naciones Unidas para la educación.

Los ejemplos no podían ser más agoreros para la exministra y explican con nitidez que el Senado es territorio de Cristina Kirchner y que nada se mueve sin la venia de la vicepresidenta.

Si se toma en cuenta que la presidenta del Senado ha sido una crítica de su gestión casi desde el inicio mismo de la gestión, al extremo de convertirse en el paradigma de los “funcionarios que no funcionan” de los que habló Cristina Kirchner, todo indica que Losardo tendrá que esperar más de los normal para poder conseguir el acuerdo del Senado como embajadora ante la Unesco, pliego que aún el Poder Ejecutivo no ha enviado a la Cámara alta.

Es que, aún a costa de desnudar las diferencias que dividen a la fórmula presidencial del Frente de Todos, Cristina Kirchner no tuvo empacho en cajonear la designación de aquellos funcionarios que no son de su agrado y cuyo nombramiento queda al alcance de su órbita de poder.

El caso más emblemático es el de Daniel Rafecas, cuyo pliego que lo nomina como procurador general de la Nación permanece guardado bajo siete llaves en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Aunque el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insiste en acusar por la demora a la oposición, por negarse a facilitarle el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado que marca la ley, la verdad es que es el propio bloque oficialista el que no ha hecho nada para avanzar con el tema.

Cafiero sólo tendría que hablar con Fernández Sagasti para saber que la orden que bajó Cristina Kirchner es no tratar el pliego de Rafecas hasta que no esté aprobada la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal.

Esa iniciativa fue aprobada por el Senado, pero quedó empantanada en la Cámara de Diputados por el rechazo de toda la oposición, ya no sólo de Juntos por el Cambio, a permitirle al kirchnerismo avanzar en su búsqueda de colonizar el órgano que reúne y conduce a los fiscales nacionales de todo el país.

Cafiero y el Gobierno hasta se podrían llevar una sorpresa si el oficialismo en el Senado, audiencia pública mediante, intentara llevar el pliego al recinto. Son varios los senadores de Juntos por el Cambio interesados en “colaborar” con el Poder Ejecutivo para que Rafecas se convierta en jefe de los fiscales.

El caso de Pesce

Pero no es el de la Procuración el único caso de nombramientos demorados por la vicepresidenta. El del directorio del Banco Central, que preside Miguel Pesce, es otro ejemplo de pliegos que siguen juntando polvo en la Comisión de Acuerdos.

Si bien en este caso la falta de acuerdo no impide que los funcionarios ocupan sus poltronas “en comisión”, es decir por decreto del Poder Ejecutivo, lo concreto es que Cristina Kirchner se ha negado a darles el acuerdo senatorial que les daría estabilidad en el cargo por los seis años de mandato que indica la ley orgánica del BCRA.

La contumacia de la vicepresidenta llegó a tal extremo que desairó el acuerdo al que había arribado con Alberto Fernández para que, en las últimas sesiones extraordinarias, aprobara al menos al pliego de Pesce como presidente de la entidad financiera.

A pesar de que fueron incluidos en el temario de extraordinarias y de que el Senado celebró seis sesiones en el período que el Poder Ejecutivo habilitó entre el 10 de diciembre y el 28 de febrero, la comisión de Acuerdos sólo funcionó para apurar los pliegos de los embajadores en Bolivia, Cuba y China, todos afines al sector que lidera la vicepresidenta.