La doble crisis económica y política, una amenaza a los referentes de Juntos por el Cambio que gobiernan

Uno de los dirigentes de Pro que administra uno de los distritos bonaerenses más poblados cerró la jornada con cierto escepticismo. A última hora del viernes recibió una encuesta encargada por el municipio, que reflejaba una caída de siete puntos en los indicadores vinculados a la evaluación de su gestión en las últimas semanas, cuando se agudizó el deterioro económico. El intendente también quedó atónito al repasar los niveles de insatisfacción y los valores de las expectativas pesimistas sobre el futuro de la economía. “Caen todos los indicadores. Si no dejamos de mirarnos el ombligo, todos vamos a tener problemas”, comentó.

La aceleración de la crisis económica y financiera terminó de fragmentar al gobierno del Frente de Todos y compromete seriamente sus chances de retener el poder en 2023, pero también altera los cálculos de Juntos por el Cambio, la principal fuerza de la oposición. La coyuntura actual se presenta como un reto, sobre todo, para los referentes del espacio que ocupan cargos ejecutivos en provincias o municipios y deben gestionar sus recursos en medio de la disparada del dólar y la escalada inflacionaria. Corren el riesgo, admiten, de que su capacidad electoral sea dañada ante el desencanto con la clase gobernante. “La imagen de Javier Milei cayó, pero sube el voto en blanco”, les advirtió un jefe municipal de Juntos a sus socios.

Frente la inestabilidad económica y la creciente conflictividad social, intendentes de Pro y la UCR de la provincia de Buenos Aires intensificaron las conversaciones durante las últimas horas para reclamar a la administración de Axel Kicillof que reasigne las partidas presupuestarias frente al “desfasaje” por el alza de la inflación y la tensión cambiaria. Diego Valenzuela (Tres de Febrero) se puso al frente de las gestiones para conseguir una reunión con Kicillof. Tras varios contactos con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, el mandatario provincial podría recibirlos esta semana.

Los jefes municipales le llevarán a Kicillof una batería de reclamos. Le plantearán que la fuerte devaluación del peso comenzó a licuar sus arcas municipales y que enfrentan presiones para reabrir paritarias y dificultades para cumplir con el Servicio Alimentario Escolar (SAE). A la vez reclamarán actualizar el fondo de seguridad, por el fuerte incremento de los costos para reparar los móviles o proveerlos de combustible. En algunos municipios, como Lanús, territorio de Néstor Grindetti, alertan sobre la escasez de insumos para la gestión.

También pretenden conseguir una actualización de los recursos para obras que provienen del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Es que los presupuestos aprobados a fin de año pasado ya tienen un “desfasaje”, advierten, del 40%. “La plata que pactamos en diciembre ya no alcanza. Con lo que recibimos podemos hacer la mitad de la obra”, grafica uno de los intendentes de Juntos por el Cambio.

Consciente del clima social y la agudización de la crisis, Valenzuela decidió activar una política “anticíclica”. A contramano de la creciente presión impositiva, impulsa un proyecto para avanzar con una reducción de tasas municipales y “simplificar” la Ordenanza Fiscal Impositiva, para fomentar la inversión, la apertura de comercios o el establecimiento de empresas en Tres de Febrero. Las habilitaciones para esos rubros serán gratuitas.

En la administración de Julio Garro (La Plata) tampoco ocultan su preocupación por el vendaval financiero. Alertan sobre una parálisis de la obra pública por la inestabilidad macroeconómica. “Las licitaciones quedan desiertas y los proveedores no tienen precio. Hay riesgo de que los proyectos naufraguen”, dicen cerca de Garro.

Los radicales que gestionan también quiere evitar un escenario catastrófico. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, uno de los referentes de la UCR, transmitió su intranquilidad por el rumbo de la Casa Rosada y la falta de un plan para sortear la crisis. Es más, duda de que Fernández pueda enderezar la situación económica. “Nos vamos a dar un palo”, vaticinó ante sus íntimos. Valdés no solo alertó sobre la erosión que genera en las arcas provinciales el proceso inflacionario -los giros de recursos coparticipables rinden cada vez menos y nota un estancamiento en las licitaciones de obra pública-, sino que percibe un fuerte impacto de la crisis en el tejido social.

Mientras la economía camina por la cornisa, Valdés repite que la oposición debe mantener una actitud “prudente” y “responsable”. Y no cree que la turbulencia termine afectando también a Juntos por el Cambio ni visualiza una crisis de representación por la apatía, como alertan analistas o algunos de sus socios en la coalición opositora. Entiende que el descrédito se circunscribe al oficialismo por no acertar con las medidas. “El Gobierno nos quiere poner a todos en la misma bolsa, pero no es toda la política. Ellos dijeron que iban a poner la Argentina de pie y la dejan de rodillas”, sintetizó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aguarda una reacción del Ejecutivo. Reclama que Alberto Fernández y Cristina Kirchner terminen la “anarquía” y “la puja de poder” para estabilizar la economía. Los colaboradores del jefe de la UCR aventuran que las transferencias de fondos a las provincias llegarán más tarde y “devaluados” por la inflación. La suba de precios, visualizan, podría complicar los planes de obra pública que ya están en marcha.

Sus laderos consideran que la crisis será un riesgo para la “política en general” y pondrá en valor a los “buenos gestores” tanto del oficialismo como de la oposición. “Se necesitan gestos de austeridad y prudencia”, dicen cerca de Morales, quien se jacta de haber logrado superávit fiscal en Jujuy. “A los que nos dicen populistas, les decimos que formamos parte de un radicalismo moderno y responsable, que lo primero que hace es acomodar las cuentas públicas”, dijo ayer durante un acto en La Rioja.

Horacio Rodríguez Larreta respiró aliviado esta semana cuando logró el aval de la Legislatura para la ampliación del presupuesto porteño por más de 178 mil millones de pesos. El argumento, indicaron fuentes de la Ciudad, es tener una mayor disponibilidad de fondos para hacer frente a la actualización de los acuerdos paritarios con docentes, médicos, enfermeros y policías, y los subsidios destinados a comedores escolares, ayuda social y el transporte. El texto de la normativa aprobada el año pasado estimaba un promedio de 33% de inflación, una cifra que quedó desactualizada. En el oficialismo porteño prevén que Larreta tendrá que pedir una nueva ampliación en septiembre u octubre dada las proyecciones inflacionarias.

Durante el debate en el recinto, la oposición puso el foco en la negativa del oficialismo a ponerle un tope al ABL y bajar la tasa de ingresos brutos. Además, el kirchnerismo cuestionó que se prevé gastar “$3.500 millones en propaganda y publicidad”. “Desde que gobierna el Pro, incrementaron un 53% la presión tributaria”, advirtió el legislador porteño Juan Manuel Valdés (Frente de Todos).

En el larretismo replican que no subieron impuestos en la Ciudad.