La Justicia incluyó a los delegados del subte en las paritarias

El conflicto en el subterráneo porteño, que lleva más de 50 días de medidas de fuerza con paros y liberación de molinetes, sumó ayer un nuevo capítulo, que derivó en un giro inesperado en esta historia. Un fallo judicial le ordenó al gobierno de la ciudad reabrir la paritaria del sector que ya había acordado la Unión Tranviaria Automotor (UTA). Entre los convocados a la negociación deberá estar la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), que reclamaba mejores condiciones salariales para todos los trabajadores de la red.

El juez Andrés Gallardo, titular del Juzgado N° 2 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, dio lugar a un recurso de amparo solicitado por los metrodelegados después de la escalada que tuvo el conflicto el 22 de mayo, cuando 16 trabajadores fueron detenidos, entre ellos, Néstor Segovia, secretario adjunto de la Agtsyp. Fue el momento más tenso de la disputa, que tuvo como escenario las vías de la línea H, donde los trabajadores impidieron la salida de las formaciones.

Al conocer la resolución el Ejecutivo porteño, afirmó que impugnará el fallo entre hoy y mañana, "porque es jurídicamente indefendible y obliga al gobierno a incumplir la ley de asociaciones sindicales, un fallo de la Corte Suprema y los fallos de Cámara Laboral", según fuentes oficiales. Sin embargo, aún no decidió si convocará o no a una mesa paritaria.

Gallardo estipuló que la discusión deberá resolverse dentro de los próximos 60 días, período en que los metrodelegados "deberán abstenerse de adoptar cualquier medida de fuerza", de acuerdo con el fallo. De la mesa de negociación, además de la Agtsyp y la UTA, deberán participar Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y Metrovías y funcionarios del gobierno.

El juez invocó los derechos de los trabajadores de acuerdo con la Constitución nacional y la Organización Internacional del Trabajo. Además, se basó en los antecedentes de los metrodelegados que tuvieron representación en otras paritarias. Este año la UTA había acordado un incremento del 15%, pero la Agtsyp pretende un aumento del 25% para 2018 y una recomposición salarial del 9% correspondiente a 2017.

El fallo de ayer reconoce el derecho de los metrodelegados, que cuentan con 2600 afiliados sobre los 3600 empleados de toda la red, a discutir salarios, una situación sumergida en una zona gris desde marzo pasado, cuando la Corte Suprema de la Nación revocó la personería gremial de la Agtsyp por irregularidades en la compulsa que debía realizarze para determinar qué sindicato tenía la mayor representatividad. La UTA faltó a las convocatorias y la Agtsyp logró los avales necesarios en diciembre de 2015, pero dos años después el máximo tribunal volvió el expediente a foja cero.