La justicia laboral concedió el recurso extraordinario al Gobierno y la Corte revisará la reforma laboral incluida en el DNU

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le concedió el recurso extraordinario al Gobierno con efecto devolutivo para que la Corte Suprema de Justicia revise la demanda iniciada por la CGT en contra del capítulo laboral del megadecreto presidencial que desreguló la economía.

El Gobierno busca que el fallo de la Cámara del Trabajo, que dejó sin efecto mediante una medida cautelar el capítulo laboral del DNU, sea revocado. Pero que se haya despejado el camino para llegar a la Corte no implica que la cautelar sea suspendida. El fallo seguirá vigente hasta que la Corte Suprema se expida. Y mientras tanto, el Gobierno busca que el DNU sea aprobado en el Congreso.

Esta es la segunda causa que recibe la Corte en relación al mega DNU. La primera es la iniciada por la presentación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pero el máximo tribunal no habilitó la feria para tratar el tema, y por ende será abordado recién en febrero.

La decisión de avalar que el planteo del Poder Ejecutivo llegue al máximo tribunal del país se dio después de un traspié: la presentación que habían hecho los abogados del Estado inicialmente fue rechazada por un error técnico, dado que una de sus letradas no había acreditado de manera correcta la personería para representar al Poder Ejecutivo. El martes ese error fue corregido y, tras haber analizado la presentación por su contenido, los camaristas de feria Carlos Pose y Alejandro Sudera concedieron el recurso extraordinario. Consideraron que existen razones de gravedad institucional para que intervenga la Corte.

El Poder Ejecutivo busca que sea dejada sin efecto la medida cautelar dispuesta en la causa promovida por la Confederación Federal del Trabajo.

“El recurso debe ser concedido pues ha sido interpuesto en tiempo y forma, y existe cuestión federal por cuanto la validez y legitimidad de un decreto de necesidad y urgencia -es decir una figura aceptada por la Constitución Nacional- ha sido afectada, en su operatividad y eficacia, por una resolución judicial que suspende sus efectos”, dijeron los jueces Carlos Pose y Alejandro Sudera en el fallo al que accedió LA NACION.

“Aún cuando no se compartiese tal tesis, existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso de la Nación”, agregaron los jueces.

El fallo dictado por la Cámara del Trabajo que dispuso la medida cautelar no implicó una resolución sobre el contenido de fondo, que busca que el mega decreto sea declarado inconstitucional. El Poder Ejecutivo todavía debe responder al pedido de informes que recibió de la justicia laboral. Una vez que entregue ese informe, que será su respuesta a la demanda, la justicia quedará en condiciones de resolver sobre el fondo de la acción de amparo.

El argumento central del fallo que dejó sin efecto el capítulo laboral del DNU es que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso (que es el poder del Estado al que le corresponde legislar) para dictar un DNU con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. El voto de Sudera, al que adhirió García Vior, citó jurisprudencia de la Corte restrictiva en cuanto a las atribuciones legislativas del Presidente.

Cuando las demandas en contra del DNU comenzaron a multiplicarse en distintos fueros y tribunales, el objetivo inicial del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, era que el fuero contencioso se quedara con la causa promovida por la CGT y revocara la cautelar. El juez de feria en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico no solo rechazó el pedido del Gobierno sino que además desactivó el proceso colectivo que acumulaba todas las demandas contra el DNU que estaban en ese fuero. Esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que avaló ayer que sigan avanzando en distintos juzgados y fueros las acciones de amparo contra el mega decreto. Resta que esa cámara resuelva, todavía, sobre el planteo de inhibitoria del Gobierno para que el fuero contencioso intervenga en la demanda presentada por la CGT. Por ahora, ese expediente sigue su curso en el fuero laboral.