La Justicia quiere saber qué responsabilidad tuvieron los funcionarios en los 160.000 beneficiarios de planes que viajaron al exterior

La investigación que tiene bajo la lupa 160.000 viajes al exterior de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, el programa de asistencia social más grande de la Argentina, cambió de manos en la Justicia y ahora la pesquisa apunta a determinar la responsabilidad de los funcionarios que permitieron las irregularidades.

Luego de haber sido iniciada a modo de investigación preliminar por el fiscal Guillermo Marijuan, el expediente recayó en la fiscalía de su par, Franco Picardi. La juez interviniente en el caso es María Servini. Tras quedar a cargo, Picardi pidió una serie de medidas para identificar los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y determinar cómo se permitió el eventual fraude.

La denuncia identificó que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior. Por ahora, el Ministerio reconoce problemas en algo más de 1100. Picardi solicitó a Desarrollo Social las normas que regulan el otorgamiento de los planes sociales y a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo de Marijuan, la información sobre los viajes que están siendo investigados.

Con eso en mano, el fiscal quiere identificar a los posibles beneficiados que hayan cometido algún tipo de defraudación al Estado, al acceder a una ayuda social como si estuvieran en situación de vulnerabilidad, pero que terminaron en viajes de lujo. Picardi quiere también determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quién o quiénes debían controlar los planes, según reconstruyeron fuentes del caso a LA NACION.

Cuando trascendió la denuncia, desde el Ministerio de Desarrollo suspendieron a 1163 usuarios que detectaron con viajes onerosos, incluso travesías en cruceros. Pero las cifras difieren ampliamente con las que manejan los investigadores judiciales. La suspensión de los planes se determinó luego de cruzar a los beneficiarios con la información de Migraciones, algo que tienen vedado el ministerio por la protección de datos personales y que recién fue posible, según argumentan, tras la denuncia judicial.

“No existe forma que el Ministerio de Desarrollo Social o ningún otro ministerio conozca la información migratoria de una persona dado que esa información está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales y no corresponde a nuestro ministerio investigar a las personas. La investigación judicial es la que accedió a levantar ese secreto migratorio y a partir de una denuncia mediática actuamos de oficio sin indicación alguna de la justicia”, explicaron.

Marijuan inició la investigación desde la Unidad Fiscal y realizó un informe que estableció que casi 160 mil beneficiarios de planes realizaron movimientos migratorios en distintos medios.

En el Gobierno aseguraron que nunca fueron informados o consultados por Marijuan y se enteraron por las noticias de la denuncia. También sostienen que “la mera salida del país no amerita incompatibilidad con el plan” y aluden a las situación de muchos extranjeros nacionalizados argentinos. En el Ministerio aseguran que, por eso, se enfocaron en el entrecruzamiento de salidas a destinos onerosos o con pasajes en medios costosos. No revisaron salidas a países limítrofes.

La cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz actuó de oficio en el caso para el entrecruzamiento de esos datos, al momento de los padrones para liquidar el mes de octubre, identificó los 1163 beneficiarios de Potenciar Trabajo que habrían salido del país entre 2020 y 2023 a destinos considerados “onerosos” y que fueron suspendidos.

Tolosa Paz detalló que “34 Titulares del Potenciar Trabajo registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce “Terminal Cruceros Buenos Aires” entre 2020 y 2023″. Y “A 1129 titulares que registraron entre 2020 y 2023, al menos un movimiento migratorio por Paso “Aéreo”, cuyo destino fue a países no limítrofes (a excepción de Perú)”. Tras lo que agregó que seguirá analizando los datos aportados por Migraciones “para identificar si hubo titulares que hayan permanecido en el exterior en períodos de tiempo en los cuáles sus contraprestaciones laborales hayan sido certificadas aún en ausencia del titular”.

A partir de la suspensión se abre un plazo de 30 días para que las personas alcanzadas se acerquen a las Unidades de Gestión (que a nivel general están a cargo de Emilio Pérsico), que son las encargadas de controlar la entrega y mantenimiento de los planes, y expliquen su situación, si es que pueden, en casos de querer seguir conservando el beneficio. Si no se presentan, en otro plazo se los daría finalmente de baja. Se trataría así de una operatoria similar a la que se usó cuando tras una denuncia de AFIP por los planes el año pasado, se inició una auditoría interna en el Ministerio que impuso la validación de las identidades a través de los datos biométricos.

Le medida, impulsada por Tolosa Paz y resistida por los movimientos sociales, terminó en la baja de más de 155 mil planes sociales. La implementación de datos biométricos podría convertirse en los próximos días en una pieza clave para el correr de la investigación.

Las cifras, el contexto que toma en cuenta Desarrollo y la decisión de Massa

La diferencia fundamental entre la cifra dada por Marijuan, para la que cerca desde Desarrollo aseguraban desconocer qué criterios tomó, y la que maneja la cartera estaría dada, según sostienen desde el Ejecutivo, por la situación de muchas personas en situación de frontera o de extranjeros de países limítrofes nacionalizados argentinos. “Una cosa son los movimientos migratorios de todo el padrón y ahí aparece un número mucho más grande, porque la Argentina tiene movimientos migratorios que no necesariamente dan cuenta de un indicador de riqueza o de ingresos. ¿Qué quiere decir?, una persona que vive en La Quiaca y cruza al Yazón todos los días a vender sus productos de agricultura familiar, cruza el paso fronterizo por tierra y vuelve, o va a visitar a un familiar a Paraguay o a Bolivia”, explicó Tolosa Paz en medios esta semana. “Pero además, el paso seco, como decimos nosotros, se hace caminando, venden en las áreas de enfrente, van y vuelven permanentemente. Hay una vida en comunidad. Nos pasa con Formosa y todos los pasos fronterizos con Paraguay, nos pasa por todos los límites que tenemos muy asiduamente que la gente entra y sale”, agregó. Para completar, “lo que estamos buscando es si hay indicadores de ingresos no declarados. La primera condición es que la persona no la cumple. Por lo menos, sospechamos de eso y por eso suspendemos, notificamos, y obviamente esperamos que ellos no van a volver”.

El martes, poco después de conocer lo sucedido, el ministro de Economía anunció que desde, en caso de ser presidente, el 1° de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el programa de inclusión laboral. Según explicó el ministro, a partir de estos cambios, las personas beneficiarias “van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”.

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