La lapicera de Milei y la teoría del shock permanente

Javier Milei cambió la motosierra por la lapicera. Por su mesa de trabajo circulan pilas de papeles que, con su firma, se van integrando a esas normas enciclopédicas con las que transmite la apariencia de un cambio de régimen. El vértigo ejecutivo funciona como antídoto a la debilidad institucional de un presidente sin historia, sin partido y sin músculo legislativo.

La teoría del shock permanente resume un concepto que está por encima del contenido de las medidas e incluso del rumbo decidido. Milei interpreta el resultado del balotaje de noviembre como un mandato popular de transformación radical y de combate al establishment político.

La condición minoritaria es, entonces, una virtud, como refleja su obsesión con el relato de los Macabeos y las Fuerzas del Cielo. Por eso toma decisiones antes de negociar o, como ocurre casi a diario, dinamita conversaciones en curso para perplejidad de sus propios operadores.

Corre una carrera de tiempo contra sus opositores y también contra aquellos que podrían ser sus aliados si él encontrara interés en el diálogo. Se trata de ver quién cambia a quién. Mucho se habló del pragmatismo de Milei a medida que se acercaba al gobierno y es cierto: no se cortó un brazo por subir impuestos ni titubeó en pactar con los frigoríficos precios controlados del asado para las Fiestas. Pero hay un costado de su personalidad que se resiste a incorporar las lógicas de la política.

Como en la campaña, sus adversarios no terminan de descubrir quién es este hombre ni cómo tratar con él. Lo miran como detrás de un vidrio empañado; una figura difusa cuyos movimientos resultan nebulosos. Es un “prototipo”, como señala un agudo protagonista de estos 40 años de democracia. No se ajusta a modelos anteriores con los que compararlo y aún resulta imposible pronosticar cómo va a funcionar (o si va a funcionar).

Lo que va quedando en evidencia es su predisposición a construir gobernabilidad a la ofensiva. Por segunda vez en la semana este sábado arengó a sus simpatizantes a resistir a “la casta delincuente que busca coimas”. Aprovecha el aturdimiento de los perdedores de las elecciones con la determinación de un Houdini bajo el agua: actúa a toda velocidad porque es consciente de que el oxígeno se puede agotar.

¿Hasta cuándo dura el fervor popular de quienes ansiaban el fin del antiguo régimen? ¿Hay un despertar liberal en la sociedad argentina capaz de subsistir al golpe en el bolsillo que se sentirá a lo largo del verano? “Vienen meses duros, pero va a valer la pena”, dijo el Presidente el viernes a la noche al final de la función teatral de su novia, Fátima Florez.

En su gobierno la preocupación se expresa con más crudeza. “Tenemos que estar preparados para seis meses dramáticos”, dice una fuente oficial de la primera línea.

Hay que actuar antes de que llegue la cuenta. Una cosa es ganar la batalla cultural y otra la económica. El shock inicial apunta a una licuación de pasivos en pesos a costa de un fogonazo inflacionario que impacta sobre los ingresos de la población. La suba de precios es una aliada circunstancial, pero la incógnita es cuál es la dosis tolerable de un remedio tan corrosivo.

El programa es un collage en desarrollo. A las medidas de ajuste de Luis Caputo le siguió el DNU de desregulaciones y reforma laboral. Una semana después llegó la ley de 664 artículos con la busca una delegación de facultades pocas veces vista y ahora se viene otro decreto de la factoría sin cargo de Federico Sturzenegger para eliminar 160 leyes a su juicio obsoletas.

Son ideas que no formaron parte de la plataforma de campaña, a las que Milei recurrió cuando tuvo que aceptar que la dolarización que prometía era una quimera en las condiciones en que recibió el país. Es una contradicción diluida en un mar más amplio: la clave de este Milei inaugural consiste en haber resumido en la narrativa de su gobierno en la necesidad de un cambio urgente y de raíz. Predomina su costado antisistema por sobre el ideal libertario.

A la incapacidad del Congreso de atajar la avalancha decisionista Milei la presenta como un acto de obstrucción. Patricia Bullrich, la voz que con más convicción defiende al presidente que fue su acérrimo rival hace dos meses, llegó a exigir a los legisladores que le dieran “un cheque en blanco” al Gobierno antes de finales de enero porque “la Argentina está en terapia intensiva y el paciente se muere”.

La ministra de Seguridad arremete contra diputados que ganaron las bancas pegadas a su boleta presidencial. Les pide algo contrario a lo que defendía cuando lideraba al Pro en la primavera de Alberto Fernández, que también aterrizó en el poder con un pedido de facultades especiales. “¡Cambiaron República por Monarquía! Pretenden delegarle al presidente toda la actividad del Congreso de la Nación. Este es el modelo de poder que vinieron a restaurar. Una democracia clausurada a la oposición. Estamos preparados para defender a la sociedad de tamaño atropello”, escribió en redes sociales el 17 de diciembre de 2019. Juntos por el Cambio –que venía de una dura derrota electoral- se mantuvo unido para votar en contra del proyecto que el peronismo aprobó igual con mayoría propia.

El gobierno actual presiona desde su palmaria minoría de 38 diputados y 7 senadores. Necesita quebrar psicológicamente a los legisladores cuyos votantes acompañaron a Milei en el balotaje. ¿A quién responden?, parece preguntarles.

El DNU sobrevive

La estrategia le va a permitir sostener la vigencia del DNU 70/2023. La única forma de derogarlo en el Congreso es que las dos cámaras lo rechacen. Es imposible que eso ocurra sin un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. “Inviable. El kirchnerismo hoy es la mancha venenosa”, admite una fuente de la conducción de la UCR.

La norma vivirá de momento en lo que Miguel Pichetto llama “la galaxia DNU”, un limbo legal en el que habitan cientos de medidas similares que nunca fueron ratificadas ni rechazadas. En todo caso será la Justicia la que decida la validez de disposiciones que afectan contratos, inversiones y derechos. La Corte ya dio la primera señal de que está dispuesta a estudiar el tema, pero no antes de febrero.

La batalla inminente es la de la ley de 664 artículos que reforma desde el Código Penal hasta el sistema electoral, modifica impuestos, elimina la actualización periódica de las jubilaciones, establece nuevas normas para el Poder Judicial y promueve cambios sustanciales en la educación, la salud y una infinidad de actividades cotidianas. Declara 11 emergencias y delega facultades legislativas al Presidente para operar sobre esas realidades.

El paquete llegó al Congreso en una caja de regalo, con moño celeste y blanco, en manos de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Es el encargado de organizar el debate en medio de lo que los legisladores más experimentados caracterizan como “un caos”.

Milei los acusa de lentos y obstruccionistas, pero en Diputados no están siquiera conformadas las comisiones. El espíritu de colaboración, incluso con bloques cercanos como el del Pro, se enturbia cada vez que el Presidente habla de coimas. La fogata del desprestigio de los políticos no necesita pruebas para arder.

Los diputados de La Libertad Avanza leyeron el proyecto cuando salió en los medios. El secretismo es un rasgo que este gobierno cultiva con ahínco religioso. “Las espadas de Milei en el Congreso esperan que otros les resuelvan los problemas y al final nadie hace un pepino”, describe un diputado que está volcado a colaborar con el oficialismo.

El “a todo o nada de Milei” tiene pocas probabilidades de prosperar tal cual fue redactado. Resulta casi imposible sancionar un proyecto de ese tamaño en un mes y en ese formato, en el que conviven cuestiones que requieren distintos tipos de mayorías parlamentarias para su aprobación.

El radicalismo propone limitar el debate a cuatro o cinco comisiones, que puedan actuar en plenario. Pero exige dividir la ley en varios proyectos y tratarlos según un cronograma acorde a la urgencia. Es una postura que comparten en el bloque arco iris que lidera Pichetto con más de 30 diputados que se perciben como “oposición responsable”. En el Pro –destinado a aliarse con Milei– avalan el rumbo, pero muchos de sus integrantes se atragantan con la delegación de facultades a la que durante tantos años se resistieron con pasión existencial. Tampoco digieren la suba de retenciones que enardece a las entidades del campo.

Entre los opositores gana fuerza la idea de priorizar el paquete fiscal, que encierra la mayor urgencia para un gobierno necesitado de fondos. Los capítulos de reforma del Estado podrían acumular suficientes apoyos para ser aprobados con alguna dosis de cambio. Hay temas que desconciertan. Por ejemplo, se propone legalizar la reventa de entradas para eventos deportivos: nadie en el Congreso encuentra aún el sentido de legitimar un mercado negro que manejan los directivos de clubes y los barrabravas en perjuicio de los “hinchas de bien”.

Muchos más resquemores despiertan las propuestas de reforma del Código Penal para limitar hasta casi prohibir las protestas y para darle más margen de acción a la policía contra la delincuencia. El protocolo de Bullrich, que obliga a pedir autorización al Gobierno para manifestarse, responde a la vocación oficial de acabar con los piquetes. Pero la redacción es tan amplia que convertirla en ley abriría interrogantes críticos. “¿Alguien se puso a pensar cómo usaría esa norma un gobierno de otro signo? O incluso esta administración: ¿va a reprimir una marcha donde corten las calles las víctimas de un crimen, al estilo de la de Blumberg? ¿Y si los productores del campo salen a cortar rutas?”, dice un senador de la UCR.

La reforma electoral para que los diputados se elijan por circunscripciones uninominales también concentra un fuerte rechazo. “Es un punto negociable”, sugieren los libertarios. El final de las PASO podría tener mejor suerte.

Lo más desafiante para los legisladores es la cesión de facultades. ¿Qué saldrá de la lapicera de Milei librada a las fuerzas de su voluntad? El dilema entre fijar límites constitucionales o poner un palo en la rueda atormenta a la oposición no peronista.

Los gobernadores sienten la presión. Guillermo Francos, el ministro del Interior, les hizo saber que el proyecto para reponer el impuesto a las ganancias, cuya recaudación se coparticipa a las provincias, está pendiente de que salga la ley ómnibus. Sus terminales en Buenos Aires les piden reflexionar: “No sabemos qué puede hacer este gobierno con tanto poder. ¿Y si consigue un préstamo para dolarizar en abril, qué hacemos?”, añade un referente de la conducción radical.

Acota un diputado del Pro: “No sabemos qué Milei veremos en la adversidad. Deberíamos ser cuidadosos en retener un control institucional razonable dentro de una emergencia que requiere darle margen de acción”.

El dilema peronista

El ritmo del nuevo gobierno descoloca al peronismo. Cristina Kirchner no estaba entrenada para el shock permanente. Milei ataca sin piedad a Axel Kicillof, en quien dibuja la figura del antagonista, a pesar de que deja que sus ministros lo traten con sugestiva amabilidad en privado.

El sindicalismo está herido. Tenía una negociación abierta con Francos para digerir la reforma laboral, pero el diálogo se interrumpió con la publicación del DNU, que incluía cláusulas que en teoría iban a quedar fuera. Gerardo Martínez y Armando Cavalieri sostienen la línea dialoguista, pero tuvieron que ceder a la presión de los más combativos y avalar un paro general para el 24 de enero.

“Fue una válvula de escape para Pablo Moyano y los duros después de la presentación de la ley ómnibus”, explica una fuente del sector moderado. Esperan retomar las conversaciones y levantar la huelga veraniega a la que llegarían con los músculos entumecidos después de cuatro años sin chistar.

A los Gordos los afecta el síndrome del fracaso reciente que también sacude de lleno en el kirchnerismo. El fiasco del experimento Fernández instaló en algunos de sus referentes el pánico a que se les avecine algo parecido a lo que sufrió el radicalismo después de la caída de Fernando de la Rúa.

El desconsuelo se potencia con la caricatura. Cuesta encontrar un símbolo más nítido que la primera imagen conocida de Alberto Fernández tras dejar el gobierno. Cuánto sufrirá al peronismo, tan afecto a la épica victimista de la persecución y el exilio, cuando ve al líder en el que alguna vez creyó dedicado a la minucia burocrática de abrirse una cuenta en una sucursal bancaria de Madrid.