La salida de la OA. Un inequívoco mensaje político con limitados efectos procesales

La decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, de renunciar a seguir siendo acusadora en las causas que investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner tiene la fuerza de un mensaje político que no podría ser más inequívoco.

La OA, que es el Gobierno, decide retirarse de las principales causas que investigan por corrupción a la vicepresidenta, las que hurgan en sus negocios personales. Hotesur, y sobre todo Los Sauces, son los casos que más preocupan al kirchnerismo, expedientes donde además de Cristina Kirchner están procesados sus dos hijos.

La presentación de la OA es todo un símbolo. Como cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió oficialmente que los jueces le otorgaran la prisión domiciliaria al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y la excarcelación a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, socio y amigo de Néstor Kirchner. Hay centenares de presos en peligro real por el avance del coronavirus. Pietragalla decide pedir por Martín Báez, que no estaba siquiera en la lista de presos en riesgo que el propio Gobierno había presentado.

"No es lo mismo varios acusadores que uno", dijo a LA NACION esta mañana un funcionario judicial vinculado a la investigación de Hotesur y Los Sauces, crítico de la decisión del Gobierno.

Pero lo central en este asunto no es procesal. Las causas no se caen porque la OA salga de escena. No solo tienen un fiscal, sino que también es querellante en estos expedientes otro organismo público, la Unidad de Información Financiera (UIF), que además es la especialista en temas de lavado de dinero, como recuerda Félix Crous, titular de la OA, en los escritos de renuncia a las querellas.

Más de una vez los abogados defensores se quejaron de eso: el Estado -y puntualmente el Ejecutivo- está sobrerepresentado en algunas causas donde intervienen en simultáneo la OA, la UIF y a veces también la AFIP, que funcionan como actores separados y pueden presentar acusaciones contradictorias entre sí.

Crous pareció adelantar su decisión cuando, en enero, dijo a LA NACION que la OA no abandonaría las querellas de los casos que estaban "en juicio". Ni Hotesur ni Los Sauces lo están, pese a que Hotesur fue elevada al tribunal oral hace un año y tres meses y Los Sauces, hace un año y siete meses.

La decisión de Crous se materializa en un momento en el que no se avecinan grandes decisiones en estos casos. En Hotesur ni siquiera está decidido qué prueba se aceptará para el día que efectivamente empiece del juicio. Si es que empieza. Hace tiempo, mucho antes del fenómeno del coronavirus, que funcionarios judiciales y dirigentes políticos apuestan a que estos juicios nunca comenzarán.

La decisión de Crous se conoció en un día en el que, pese a la feria, Comodoro Py fue epicentro de la vida política. En el Consejo de la Magistratura, a instancias del oficialismo, se cerró la investigación contra el juez Luis Rodríguez y se aprobó el dictamen para desestimar cuatro acusaciones contra otro histórico de la justicia federal, Rodolfo Canicoba Corral. En el próximo plenario -en dos semanas-, el oficialismo tendrá los votos para cerrar definitivamente estas denuncias contra Canicoba.

Mientras tanto, el mismo día se confirmó también que el Gobierno decidió mandar al Congreso, la semana próxima, su plan de reforma judicial, una reforma que, según el Presidente, busca romper la lógica del poder de Comodoro Py. Raro mensaje. Si hay dos jueces ligados a los poderes tradicionales de Py son Rodríguez, que llegó de la mano de Javier Fernández (hombre cercano al exjefe de los espías Antonio Stiuso), y Canicoba Corral, que lleva más de 25 años de juez federal. En el oficialismo sostienen que ninguna acusación contra ellos se probó. En el caso de Canicoba, al Gobierno le espera ahora una definición política: en dos meses cumple 75 años. Fernández debe decidir si le pide al Senado el acuerdo para que siga siendo juez.