Las palabras y las crisis

Siempre me llamó la atención que sea común en nuestro país la expresión “esta persona está devaluada”, especialmente referida a la desconfianza en su palabra. Es poco común por ejemplo en el idioma inglés, donde el uso de la palabra devaluación por fuera de la depreciación monetaria es menos frecuente. Es probable que el uso que le damos nazca de la conexión profunda entre la desconfianza en la moneda y la desconfianza en la palabra, y la retroalimentación constante entre ambas. El valor de la moneda se escabulle entre las manos. Ayer te dije que esto vale tanto, pero hoy no lo puedo sostener. No podemos honrar el compromiso de la palabra. Nos hace desconfiar del otro y también mina la confianza en nosotros mismos: no tenemos ninguna certeza de qué podremos hacer en el próximo mes.

En este contexto, y tras una semana de profunda crisis e incertidumbre, varios dirigentes del Frente de Todos expresaron con diferencia de horas la “necesidad de buscar un acuerdo con la oposición”. Creo que es un ejemplo paradigmático de la devaluación de la palabra.

Un acuerdo responde a tres preguntas básicas: quiénes acuerdan, cómo lo hacen y para qué. Empecemos por quiénes acuerdan. Este gobierno tiene un nivel de desacuerdo profundo al interior de su propio seno. Nos parece natural que se haya vuelto noticia si se hablan por teléfono el Presidente y la Vicepresidenta. ¿Cuán creíble es entonces convocar a un acuerdo desde esta fractura tan profunda dentro del propio gobierno?

En segundo lugar, el cómo. Nuestra Constitución erige al Congreso como el ámbito por excelencia de los acuerdos. La gestión de Fernández-Fernández tiene la menor productividad en el Congreso de la Nación desde la vuelta a la democracia. Desde que empezó el año hasta hoy el Congreso aprobó sólo 11 leyes. A este ritmo serían algo más de 20 leyes en el año. Es un récord: el promedio desde 1983 es de 120 leyes por año. ¿Este gobierno honra así la búsqueda de acuerdos? Un acuerdo no es un café entre dirigentes. Un acuerdo tiene un proceso institucional detrás. El dato quizás más paradójico es que de las 11 leyes sancionadas hasta aquí, la más significativa fue la que le permitió al Poder Ejecutivo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ley que quebró al bloque oficialista. Y en otra muestra de no honrar la palabra, esa hoja de ruta para atacar el déficit y la emisión en nada se cumplió en los cuatro meses siguientes desde la firma del acuerdo.

Finalmente, para qué acordar. Asumiendo que hubiera predisposición dentro del gobierno, la supuesta intención de “acordar con la oposición” requiere que el Poder Ejecutivo enuncie una agenda explícita sobre la que quiere alcanzar un acuerdo. Eso implica analizar las posiciones de las partes y acercar una propuesta que las tome en cuenta. Pero el problema central, mucho más relevante que el cómo, es que la visión de Juntos por el Cambio está en las antípodas de las de este gobierno en como mínimo cuatro pilares centrales: el rumbo económico, la educación, la seguridad y la calidad institucional. Este nivel de improvisación económica, el rechazo a sincerar la tragedia educativa, la inacción y connivencia ante el avance del crimen organizado y los ataques a la independencia de la Corte Suprema de Justicia, son señales de que en realidad no están buscando un entendimiento con la oposición.

Los argentinos necesitamos volver a confiar en la moneda y en la palabra. Ambos procesos deberán darse de manera entrelazada. Será clave dar certezas. Tener un plan será una de ellas. Solo así será posible empezar a caminar hacia las transformaciones fundamentales y honrar ese compromiso con resultados concretos. Seguir devaluando la palabra no hace más que minar la confianza. En estos momentos tan difíciles, la Argentina requiere de extrema responsabilidad y que el gobierno brinde tranquilidad y certidumbre a la sociedad.

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La autora es jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires