Las pruebas del espionaje K: la Cámara zanjó el conflicto entre el fiscal Stornelli y el juez Martínez de Giorgi

La pulseada entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el acceso al celular del exfuncionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar tareas de espionaje ilegal sobre políticos de su propio espacio, terminó. Y ganó el fiscal. La Cámara Federal resolvió que el juez haga una audiencia con el fiscal, la defensa y los querellantes, para acceder a todo el contenido del teléfono y determinar qué archivos están ligados con el caso y cuáles se refieren al ámbito íntimo del acusado.

La Cámara Federal revocó el fallo del juez que le impedía al fiscal ver las evidencias. “La limitación ordenada resulta injustificada”, dijeron los camaristas y señalaron que “el fallo tiene que ser revocado”. No llegaron a anularlo.

El conflicto se dio en el caso en el que el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el expolicía federal Ariel Zanchetta están presos por clonar líneas de celular de jueces y realizar averiguaciones privadas sobre políticos, periodistas y magistrados por encargo de Conu Rodríguez y agentes de la AFI.

El juez Martínez de Giorgi mantiene un enfrentamiento con el fiscal desde fin del año pasado, cuando decidió separarlo de la causa. Stornelli apeló y la Cámara federal le dio la razón y lo repuso en el caso. Luego el fiscal pidió acceder al contenido del celular del Conu Rodríguez, que le encargó a Zanchetta averiguar datos sobre la entonces ministra y hoy diputada Victoria Tolosa Paz.

Martínez de Giorgi le dio acceso a la información pero nunca se la entregó. Hasta que en febrero pasado le negó la información y dijo que primero iba a evaluar qué datos estaban vinculados al caso y cuáles estaban relacionados con la intimidad del acusado.

Stornelli apeló esa decisión y el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe pidió apartar al juez, al igual que la querella del diputado Fernando Iglesias, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan. La Cámara Federal, ahora, con el voto de los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun ordenó al juez que haga una audiencia con las partes y se determine allí a que archivos se puede acceder.

“Se encomendará a la anterior instancia que el ‘procesamiento’ de la información se realice con su presencia, la de la defensa y la de las partes acusadoras, en una audiencia conjunta (llevada adelante de forma tal que permita un control posterior) donde regirá el secreto y donde la totalidad de los elementos descargados de los dispositivos (una vez concretado ello) serán puestos a disposición del director del proceso para que, frente a la compulsa de aquellos, requiera la opinión de la defensa (que ya hizo un listado referido a la pertenencia y contenido de los aparatos) y el control de la fiscalía (a través de su exhibición, de ser necesario) y la querella, con el fin que el juez determine qué curso de acción adopta con relación a cada carpeta o documento concreto, (sea excluyéndolo de la instrucción -por manifiestamente ajeno a su objeto- o incorporándolo a esta dando así pleno acceso a las partes para su compulsa adecuada”, señala el fallo de la Cámara.

Los camaristas recordaron que el fiscal “posee atribuciones para representar los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal” y por eso tiene " facultades legales para confrontar los elementos del caso, argumentar sobre ellos y proponer cursos de acción”.

Stornelli y Martínez de Giorgi suman media docena de enfrentamientos relacionados con causas en trámite. En el pasado el juez avanzó con una causa que pretende poner en tela de juicio la prueba del caso de los cuadernos de las coimas. De hecho, procesó al expolicía Jorge Jorge Bacigalupo, quien entregó al periodista Diego Cabot de LA NACION los cuadernos escritos por el exchofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno.

El magistrado lo acusó de alterar los cuadernos, lo que es un elemento que favorece a las defensas de los acusados, pues pretenden extender las dudas que hay sobre algunas enmiendas en esos textos a toda la prueba. Y el otro enfrentamiento derivó justamente del hecho de que el juez buscó mediante el rastreo de cámaras de seguridad identificar la fuente periodística de Cabot y provocó el repudio de las entidades de prensa.