Lázaro Báez y Daniel Peralta fueron sobreseídos en una causa por corrupción

El empresario kirchnerista Lázaro Báez y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, fueron sobreseídos en una causa penal en la cual estaban imputados por presuntos delitos de "sobreprecios" y "cartelización" de la obra pública en Santa Cruz.

El fallo fue dictado por el fiscal ante de Cámara Penal, Gerardo Giordano, quien actuó ante la controversia que se había presentado en la primera instancia de la justicia provincial entre el fiscal de instrucción, José Antonio Chan y la jueza María Valeria López Leston.

Giordano consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción y respaldó la investigación realizada por el fiscal Chan. Los sobreseimientos alcanzaron también al difunto ex presidente Néstor Kirchner y a los hijos de Báez, Martín y Leandro, miembros titulares en la empresa Austral Construcciones S.A., principal contratista de la obra publica en Santa Cruz.

"De las 1464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento", sostuvo el fallo. Y aseguró que se realizaron "cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes".

También fue descartada la acusación por los sobreprecios en la obra pública ya que para Giordano la aplicación de incrementos frente a los pautado, lo que está establecido en el "decreto 1295/02 el cual establece el mecanismo para ello sobre las tablas publicadas mensualmente por el Indec tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas".

"El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados", añade el fallo.

"Lamentablemente este fallo de la justicia provincial no nos sorprende, es consecuencia de lo que venimos denunciando en la provincia, una justicia dependiente del poder político, que avaló al Frente para la Victoria durante 23 años y ahora archiva una causa que tiene que ver directamente con el patrimonio público", aseguró a La Nación, José Luis Janezack abogado de la Coalición Cívica- ARI Santa Cruz y quien junto a la titular del partido realizaron la denuncia el 15 de abril de 2013, luego de la emisión del programa Periodismo para Todos, PPT.

"No hay dudas que la justicia garantizó impunidad a los amigos del poder", aseguró Janezack quien recordó que la denuncia se había presentado en el fuero federal, en la fiscalía federal de Río Gallegos, subrogada por la fiscal Patricia Kloster, quien inició la investigación. Según surge del fallo, en algún momento de la causa, la justicia federal se declaró incompetente y envió a la justicia provincial la investigación.

Luego del fallo del fiscal de Cámara, Gerardo Giordano, la ley procesal estable que el fallo es vinculante, como consecuencia de ello la jueza Lopez Leston debe dejar firme el fallo. Fuentes expertas consultadas, aseguraron que la causa podría reabrirse en el futuro.