Le pasó al campo la factura de la fiesta

La primera novedad conocida ayer es que la crisis recesiva de la economía se abatió sobre el Estado. Daniel Scioli debió elegir sólo entre dos alternativas. Desvalijar al ya castigado sector agropecuario o resignarse a no pagarles a los empleados públicos el sueldo y el medio aguinaldo de junio. La provincia de Buenos Aires tiene más de 500.000 empleados en la administración pública. "Y los municipios podían estallar", dramatizaron cerca del gobernador. La pregunta sobre por qué aceptó firmar una medida tan impopular tiene su respuesta en la otra alternativa con que contaba. Se hubiera convertido en el primer gobernador, desde la crisis de 2001 y 2002, en atrasar el pago de salarios y aguinaldos.

La segunda novedad claramente percibida es que el peronismo gobernante (y, sobre todo, el kirchnerismo) decidió transferirle a la economía privada la carga de una larga fiesta de dispendios. El gasto público está en su mayor porcentaje histórico sobre el total del PBI. Inmerecido aumento del empleo público, subsidios inexplicables a casi todos los sectores sociales, obras públicas con precios desorbitados y arbitrarios, y una manifiesta desconfianza en la gestión privada de la economía. Esos han sido los trazos de la administración económica del kirchnerismo en sus nueve años de poder. La decisión de que otros hagan el ajuste es, además, inoportuna. El impuestazo bonaerense cayó sobre una sociedad muy sensibilizada por la retracción económica y por las restricciones a la libertad cambiaria. El precio político a pagar podría ser muy alto para Scioli y para la Presidenta. Los cacerolazos de ayer en la Capital fueron la reproducción, atenuada todavía, de recordadas sublevaciones sociales.

La marea de la bonanza económica, en efecto, ha bajado ahora. También vienen en declinación las encuestas de la Presidenta. La necesidad financiera del Estado es fácilmente perceptible. Otra vez, como en 2008, el cofre más seductor es el que encierra la renta agropecuaria. "Tenemos una situación complicada con la economía internacional y con la nacional", explicó ayer el propio Scioli. Es cierto, pero es igualmente verdadero que las complicaciones de la economía afectan a todos los sectores, incluido el agropecuario.

El Estado en general (la Nación, la provincia de Buenos Aires y los municipios) se llevarán unos 5000 millones de pesos adicionales, sólo en el distrito provincial más grande del país. Impuestos provinciales y municipales recaudarán unos 2600 millones de pesos más. La administración nacional se hará de otros 2500 millones. Scioli ha dado muchas explicaciones reservadas sobre semejante aumento en la carga tributaria, pero la justificación se encuentra en otra noticia. No pudo colocar un bono en el exterior para un crédito de 1000 millones de dólares, que estaba previsto en el presupuesto. Hizo algunos sondeos y las respuestas fueron desalentadoras: la tasa de interés que le exigían superaba el 20 por ciento anual.

Es el mismo caso de Córdoba; por eso, el gobernador José Manuel de la Sota postergó el bono por 200 millones de dólares que pensaba ofrecer en el mercado internacional de créditos.

Las tasas en el exterior se fijan por el riesgo país. La Argentina tiene hoy el mismo riesgo país de Grecia, dos veces y media más alto que el de España, el país que está ahora en el centro de la crisis internacional. El conflicto para el kirchnerismo es que la desconfianza en los países europeos tiene su explicación en la crisis de la eurozona. No hay ninguna razón internacional, en cambio, para explicar la desconfianza en la Argentina. Las únicas razones que existen se esconden detrás de los manejos y de los desmanejos de los funcionarios argentinos.

Desventajas

Si bien Scioli explicó que quedarán excluidas de los nuevos impuestos las tierras afectadas por la inundación o la sequía, lo cierto es que el sector agropecuario en general está trabajando con serias desventajas. Cobra sus exportaciones con el dólar oficial, pero debe pagar sus insumos con el dólar paralelo o con precios que crecieron al calor de la inflación en pesos o en dólares. La sequía ha dejado una mala cosecha, que significa un 20% menos de soja y casi un 50% menos de maíz. El precio internacional de la soja está salvando de la ruina a los productores, pero ellos pagan el 35% en retenciones, además de los otros impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Hasta hace diez días, dirigentes nacionales agropecuarios le propusieron a Scioli una negociación. La propuesta incluía un aporte directo de 450 millones de pesos al tesoro de la provincia y un aumento gradual de la valuación de la tierra que podía significar un incremento del 300%. No hubo respuesta. El gobernador decidió negociar directamente con los dirigentes rurales de la provincia, pero con éstos no hubo acuerdo. Según los dirigentes nacionales, el aumento general de impuestos anunciado ayer significarán subas de entre el 1700 y el 2000%. Ninguna sociedad, en la historia de la humanidad, aceptó pasivamente semejante rapacidad por parte del Estado.

El problema no se termina en Buenos Aires. Cristina Kirchner les ordenó a los gobernadores de provincias agropecuarias (a Scioli, en primer lugar) que hurguen en la renta rural antes de pedirle dinero a ella. Es una manera inteligente, pero extrañamente obedecida, de repartir el costo político del ajuste en el sector privado. Ajuste que no hará el Estado. Es también un regreso a la lógica de la resolución 125, que consistió en despojar de recursos al eficiente campo argentino para transferirle al Estado los fondos que éste ya no tiene.

El problema ahora es político. ¿Hasta dónde llegarán las secuelas sociales de las decisiones que está tomando el kirchnerismo? Dirigentes rurales rogaban ayer que el paro con movilización de la próxima semana no se convierta en cortes de rutas, aunque habrá productores al costado de los caminos. La clase media de la Capital, golpeada por la inflación y con sus libertades restringidas para acceder al dólar, ya venía en virtual estado de rebeldía. Nunca fue mayoritariamente kirchnerista; lo es cada vez menos. Todavía vaga e incipiente, la vieja alianza de 2008 entre ruralistas y sectores sociales urbanos, cuando sucedió la guerra del kirchnerismo contra el campo, parecía repetirse.

Lo único que no fue una novedad es la condición vanguardista de la provincia de Buenos Aires como referente de las crisis políticas y económicas del país. Todas las crisis empezaron siempre ahí. El kirchnerismo tuvo la ventaja de la disciplina. Scioli obedeció otra vez. A pesar, incluso, de que el kirchnerismo lo desgastó sin cesar (gracias a los Mariotto de este mundo), mientras se cocinaban las condiciones económicas y sociales de la crisis que ayer sólo comenzó.