Ley ómnibus: el Gobierno podría mantener la fórmula jubilatoria actual, pero no cede con las retenciones

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse; su segundo, José “Cochi” Rolandi; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor, Santiago Caputo; el economista Federico Sturzenegger y los equipos técnicos del Palacio de Hacienda y de la Casa Rosada trabajaban durante este fin de semana en modificaciones adicionales a la “ley ómnibus” para intentar persuadir a los bloques aliados de emitir un dictamen conjunto el martes.

Los funcionarios pulían los artículos y analizaban el impacto fiscal de los cambios con la intención de enviarles el texto actualizado a los diputados dialoguistas, a más tardar, mañana a primera hora.

Si bien son varios los puntos que todavía generan resistencia en los bloques amigables (Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal y Innovación Federal) el corazón del debate sigue estando en la ecuación fiscal, fundamentalmente en los capítulos de jubilaciones y retenciones. En estas horas, según fuentes oficiales, el Gobierno evaluaba “distintas alternativas” para reescribir el artículo sobre movilidad jubilatoria. Una opción muy vigente es, directamente, borrar el tema de la ley y sacarlo de la discusión. Eso implicaría continuar con la fórmula actual, que viene corriendo muy de atrás a la inflación.

El capítulo de retenciones, en cambio, se posiciona como más conflictivo. El Gobierno no quiere resignar recaudación luego de haber eliminado los derechos de exportación sobre las economías regionales. Los bloques aliados, sin embargo, ponen reparos sobre el aumento de retenciones al campo y en particular a los derivados de la soja. Los gobernadores de Juntos por el Cambio están muy irritados por este tema, que podría detonar los puentes que vienen construyendo con la Casa Rosada.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno también preparaba cambios en el capítulo privatizaciones y en la sección cultura de la ley. El caso del Banco Nación, que viene generando controversia, podría reformularse en el proyecto como una “sociedad de participación mixta”.

Otra idea que se evaluó y no se confirmó fue la de incluir la reforma laboral que figura en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) -y que fue judicializada por la CGT y suspendida su vigencia- dentro del proyecto de “Ley Bases”. Si los bloques aliados lo apoyan, el Gobierno le daría a ese tema fuerza de ley para revertir el revés que tiene en la Justicia.

El Gobierno hizo una primera oferta a los bloques aliados el jueves por la noche, en una reunión a la que asistieron el ministro del Interior, Guillermo Francos y Santiago Caputo como enviados del Poder Ejecutivo. En ese cónclave, los emisarios de Javier Milei presentaron un memo de ocho páginas con los cambios que el Presidente estaba dispuesto a ceder. La negociación fluyó, pero los diputados potencialmente aliados exhibieron su disconformidad con el alcance de algunas modificaciones.

La pelota volvió al campo del Gobierno, que este fin de semana debía definir hasta dónde se puede estirar con nuevos cambios, además de redactar la nueva versión del proyecto. Milei espera, con esta segunda oferta, conseguir el favor de los diputados dialoguistas para arribar a un dictamen el martes y sesionar el jueves, después del paro de la CGT. El apoyo de los aliados, sin embargo, todavía no está garantizado.

Cambios en marcha

Por su impacto fiscal y su sensibilidad, el tema de las jubilaciones es de los más áridos de la negociación, al punto que el Poder Ejecutivo no lo incluyó en el punteo escrito que le presentó el jueves a los diputados. De palabra, los enviados del Poder Ejecutivo plantearon dos caminos: o la derogación del artículo o una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero recién a partir de febrero.

Los bloques aliados quieren que quede por escrito que las jubilaciones no perderán contra la inflación. El problema de hacer una actualización recién en febrero es la licuación que sufrirían los haberes con la inflación de diciembre y enero.

A esta hora, en el Gobierno se limitan a decir que internamente “se siguen evaluando distintas alternativas sobre jubilaciones”. Francos dijo en las últimas horas, en una entrevista con TN: “Estamos viendo dos o tres alternativas diferentes para tratar el tema… Dejar la fórmula como está sería una”.

“Toto” Caputo debe definir por dónde pasará el ajuste si quiere perseguir el norte del déficit cero. Un comentario recurrente en los pasillos oficiales es que hay una situación desvirtuada con los jubilados que no hicieron aportes al sistema. Si deja la fórmula actual -que es muy perjudicial- el Gobierno buscará coparticipar de la decisión a los bloques aliados.

Respecto a las retenciones, el Gobierno sacó de la ley los derechos de exportación sobre 36 productos regionales pero no quiere estirarse más. “No hay más margen. Ya sacamos a las economías regionales y nos genera un agujero de 800 millones de dólares”, apuntó a la nacion un importante colaborador oficial. Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro -uno de los mandatarios con diálogo más fluido con la Casa Rosada- manifestó en la red social X: “No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error de ponerle un pie en la cabeza de los que producen”.

Respecto a las privatizaciones, los bloques aliados reclamaron acotar el listado de 41 empresas del Estado sujetas a ser convertidas en sociedades anónimas. El Gobierno sacó de la nómina a YPF, pero ahora podría sumar al Banco Nación como una “sociedad de participación mixta”. Además, incluiría un párrafo para que cada privatización deba pasar por una comisión bicameral revisora. Igual que ocurrió en los 90.

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