Los días de Fernando Sabag Montiel en Ezeiza: no recibe visitas, lleva cinco meses sin ver a su abogado y envió un mensaje que alertó al fiscal

Son las 11 de la mañana y Fernando Sabag Montiel, único habitante de su pabellón, está sentado frente al televisor del salón de usos múltiples que se conecta con su celda, solo, mirando un canal de noticias. Acaba de volver a negarse a recibir a su defensor oficial, Juan Martín Hermida. Ya lleva cinco meses sin recibirlo. Hermida pide al menos verlo. Quiere chequear que esté bien. Lo mira por una de las pantallas del circuito cerrado que lo monitorea las 24 horas. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) levanta un acta para dejar asentada la visita frustrada -en un caso tan sensible todos cuidan las formalidades al máximo- y el defensor se va. Sabag Montiel sigue sentado en el mismo lugar.

LA NACION reconstruyó de fuentes de la causa y del Gobierno cómo vive el hombre que está preso acusado de haber intentado matar a Cristina Kirchner, un detenido que no tiene visitas y ya no acepta que lo entrevisten ni siquiera los psicólogos que evalúan su salud mental. Desde la cárcel de Ezeiza, manda cartas con pedidos inviables y dio una entrevista telefónica a C5N en la que dijo que había actuado solo y que no se arrepentía.

Como consecuencia de esto, el fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la causa del atentado, pidió que a Sabag Montiel se le restrinjan las comunicaciones. “Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario, a su defensa y/o allegados autorizados específicamente por él”, le solicitó Rívolo a María Eugenia Capuchetti en un documento al que accedió LA NACION. Capuchetti acaba de ser confirmada como la jueza de esta causa, pero mantiene delegada la investigación en el fiscal.

Para Rívolo, limitar las comunicaciones del acusado sería lo más coherente con las medidas que la jueza “viene sucesivamente ordenando” respecto de Sabag Montiel, a quien siempre mantuvo bajo un estricto control para garantizar su seguridad.

Antes de decidir si hace lugar a este pedido de restringirle el acceso al teléfono, Capuchetti solicitó su opinión a las partes. El defensor oficial de Sabag Montiel, ya se opuso. Sostuvo que el fiscal no explicó “cómo es que las comunicaciones que eventualmente reciba” el acusado “podrían poner en peligro su seguridad”, cuando está aislado y monitoreado por cámaras las 24 horas. También, que una medida así afectaría su libertad de expresión y que la única libertad que la jueza dispuso restringir, respecto de Sabag Montiel, es la ambulatoria.

El informe oficial

El martes pasado, Capuchetti también tomó medidas después de que C5N presentara la entrevista: le pidió al Servicio Penitenciario Federal un informe detallado de la situación del detenido. La respuesta –de cuatro párrafos- relata que Sabag Montiel llegó a la cárcel de Ezeiza el 28 de septiembre pasado y que desde entonces está “alojado en el sector de Área de Observación Continua (AOC), en la celda N° 01 dependiente del Servicio Psiquiátrico para Varones”.

Cuenta que desde su arribo “se designó al personal del Grupo Especial de Rápida Intervención (GERI) con el fin de supervisar todo tipo de movimiento que se efectúe para con el interno” y “salvaguardar” su “integridad psicofísica”. También, que el sector en el que está Sabag “cuenta con cámaras de videovigilancia con monitoreo permanente”. En la celda número 1, que ocupa, tiene una cama con colchón ignifugo, una “taquilla amurada” para sus “elementos personales” y “bacha e inodoro antivandálico”.

Según el informe, en el sector de Sabag Montiel hay un salón de usos múltiples que tiene “un teléfono fijo para realizar y recibir llamadas”. En las dos cartas que él escribió desde la cárcel y que están incorporados a la causa judicial, Sabag Montiel aportó un número de teléfono con formato de celular (comienza con el prefijo “15″), pero según fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario, el detenido incluyó el “15″ por error y se trata del teléfono público del pabellón. Las mismas fuentes dijeron que durante el día -cuando su celda está abierta-, Sabag Montiel tiene acceso al salón de usos múltiples donde está ese teléfono público. Como en su sector es el único detenido, puede usar el teléfono sin necesidad de turnarse con nadie más. En el SPF advierten que sin una orden judicial no pueden limitarle las comunicaciones al detenido.

A ese número lo llamaron de C5N, dan por hecho en los tribunales, aunque nada de esa comunicación está registrado en el expediente. El informe del SPF afirma además en su informe oficial que todo agente penitenciario que trata con Sabag Montiel debe “rubricar un acta de confidencialidad”. Relata asimismo que se le dio “intervención” a las “áreas de psiquiatría y terapia ocupacional”, para que lo asistan, y a la de “Educación” para determinar cuál es su instrucción y “también bridar herramientas recreativas”. Según fuentes oficiales, no demostró ningún interés por las propuestas educativas y recreativas que se le hicieron.

Este informe –en total, una carilla y media- no dejó conforme a la jueza, que el viernes insistió con un nuevo pedido. El SPF lo está preparando.

Según supo LA NACION de fuentes oficiales que conocen las condiciones de detención de Sabag Montiel, además del teléfono, en el salón de usos múltiples donde pasa gran parte de su día tiene un televisor, una silla, una mesa, un anafe y un ventilador. Puede acceder a un patio, pero sin cruzarse con otros detenidos.

No recibe al defensor

La última vez que Sabag Montiel recibió a su defensor oficial fue en octubre pasado, el mes posterior al atentado. Desde entonces, no solo se negó a reunirse con él; también rechazó ser entrevistado por la psicóloga enviada por el defensor. Hizo saber que no recibiría a nadie que tuviera relación con la defensoría.

Dada la trascendencia del caso, Hermida le mandó un oficio a su jefa, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pidiéndole instrucciones. Ella le contestó que debía seguir adelante porque el sistema de defensa pública no habilita al imputado a elegir a su defensor salvo que haya un “grave conflicto entre ambos que objetivamente valorado afecte el derecho de quien se encuentra sometido a un proceso judicial de contar con una asistencia técnica eficaz” que lo represente. “Circunstancia –dijo la defensora general- que no se advierte en el presente”.

Sabag pretende, según se surge de sus cartas, que lo defienda Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad y que consiguió que la condenaran a seis años de prisión. Fue a él a quien le dirigió la carta del 3 de marzo pasado. La última, del martes pasado, tiene como destinataria a la “Cámara oral en lo criminal federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu” -los jueces que condenaron a la vicepresidenta-, y a ellos les pide que “recusen a la jueza Capuchetti y tomen la causa”. Todos pedidos procesalmente imposibles.

Mientras tanto, la causa que lo tiene como acusado principal sigue adelante. Rívolo pedir su elevación a juicio en el corto plazo, pero antes aspira a cerrar alguna de las medidas de prueba que tiene pendientes, como un informe sobre los cruces de llamadas de los teléfonos de los policías federales que prestaron servicios en el área donde fue el atentado (no los custodios, que ya fueron investigados) entre el 1° de agosto y el 2 de septiembre, y lo mismo respecto de los policías de la Ciudad que se desempeñaron en el lugar en el mismo período de tiempo.

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